Ciertamente, no es correcto calificar como asesinos a todos los concejales del PP... o de la ilegalizada Batasuna. Asesino es quien practica u ordena asesinatos o ayuda directa y conscientmente a cometerlos. Ello incluye por una parte a los comandos o dirigentes de ETA, y por otra a los que lanzan misiles sobre Irak y a los dirigentes (Bush, Blair y Aznar) que en las Azores acordaron la guerra. Pero no, hablando estrictamente, a todos los miembros de las organizaciones que les dan apoyo político, con independencia de los reproches morales y políticos que merecen: quien da apoyo político a los asesinos pertenece al bando de los asesinos. Pero, al contrario de lo que la rabia hace decir a algunos en algunas manifestaciones, tampoco es correcto pedir la ilegalización del PP: hay que distinguir entre responsabilidades penales y responsabilidades políticas. Las responsabilidades penales las han de juzgar los Tribunales, sean locales o internacionales. Las responsabilidades políticas las ha de juzgar la ciudadanía, que emite su veredicto en las urnas, como hizo con el gobierno anterior. No hemos de pedir, por lo tanto, que no se puedan presentar a las elecciones, sino que se presenten... y no les vote nadie: ¿cómo se puede otorgar representación a quien menosprecia la voluntad popular? ¿cómo se puede confiar para gestionar nuestras ciudades y pueblos a quien no quiere condenar los asesinatos, sea en forma de terrorismo con métodos artesanales, sea en forma de genocidio a escala industrial?

A esta gente habrá que pedirles responsabilidades políticas. Las responsabilidades penales habrá que pedirselas a quien, como José María Aznar, quería pasar a la historia en la cumbre de las Azores pero únicamente entrará en la Historia Universal de la Infamia.