EUiA se posiciona globalmente en contra del anteproyecto de reforma de LRU propuesto por el MEC en el último pleno del Consejo de Universidades, por los motivos siguientes:

1. El procedimiento seguido por el MEC se ha basado en constantes filtraciones a los medios de comunicación, en vez de iniciar un proceso democrático de consultas a todos los colectivos afectados por la reforma. Asimismo, el calendario de discusión, previsto para el verano, parece pensado para dificultar cualquier respuesta movilizadora por parte de la comunidad universitaria.
2. No se propone ninguna supresión de la selectividad, sino una multiplicación arbitraria de pruebas diferentes en cada universidad que comportan de hecho una barrera a la libertad de elección. Esto impulsa la competitividad, en vez de fomentar su cooperación.
3. Por lo que se refiere al gobierno, se podría recibir favorablemente una voluntad de poner freno al corporativismo de los centros dentro de las Juntas de Gobierno, gran obstáculo para la democracia universitaria, conquistada gracias a muchos años de movilizaciones, y para el aprovechamiento de los recursos. Asimismo, la pérdida en la ya limitada influencia del Claustro debido a la elección directa del Rector, una mayor concentración de poder en manos de éste, y la previsible presencia del capital privado dentro de unos nuevos "Consejos" de Gobierno, supondrían, paradójicamente, una grave involución. La LRU puede y debe servir para profundizar en la democracia y mejorar el rendimiento dentro de la universidad.
4. En relación con la selección de profesorado, somos favorables a la primacía del mérito, la igualdad de oportunidades, la universalidad del conocimiento y la libertad de movilidad geográfica, frente a las tendencias clientelares y localistas vigentes. Sin embargo, ante la probable introducción de comisiones de habilitación externas, hay que velar por su independencia real. Asimismo, nos preocupa una eventual anulación total de la capacidad de elección de cada universidad. En todo caso, el censo para el sorteo de los evaluadores externos debe incluir a todo el profesorado español, tanto si ejerce en España como si lo hace en centros extranjeros.
5. No se resuelve el problema de la falta de estabilidad del profesorado. Las dos figuras de ayudante se establecen para un máximo de 4 años, y en una de ellas (ayudante doctor) se impone la movilidad geográfica completa, sin atender a las posibilidades personales. Si bien hay que combatir la endogamia y fomentar la movilidad, esto se ha de hacer con más recursos e incentivos positivos. Asimismo, hay que ofrecer ayudas a las personas con responsabilidades familiares que cambien de residencia.
6. No existe ninguna referencia al PAS, colectivo que debería merecer alguna atención en esta reforma.
7. En cuanto a los estudiantes, se han escuchado opiniones partidarias de su exclusión de los órganos decisorios de la universidad. Esto representaría un nuevo recorte de la democracia universitaria.
8. De momento, no se prevé ninguna medida en cuanto al aumento de la financiación pública de las universidades. Es necesaria la dotación de recursos adicionales para la puesta en marcha de la nueva reforma, sobre todo si consideramos que España está muy por debajo de la media europea en cuanto a gasto público en enseñanza superior y en cuanto a las ayudas a los estudiantes.