POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LA IGUALDAD
(Propuestas
para el debate)
I. Modelo educativo
El conjunto de propuestas y medidas que IU ha venido defendiendo en los diferentes ámbitos institucionales y sociales, para las distintas etapas educativas, responden a una concepción de la educación que se basa en los siguientes principios:
La educación es un derecho fundamental, reconocido como tal en la Constitución y en las Leyes Orgánicas correspondientes (LODE, LOGSE, LRU). Eso implica que los poderes públicos (las tres administraciones) tienen la obligación de garantizar el ejercicio de este derecho a todos y todas "mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes". (Artículo 27.5. de la Constitución).
La educación pública es la única que puede garantizar el ejercicio de ese derecho en condiciones de igualdad y democracia. Nuestra apuesta rotunda por el carácter público de la enseñanza es una apuesta por una educación pluralista y crítica, laica, respetuosa con las diferencias a la vez que integradora de las mismas, gestionada democráticamente y compensadora de las desigualdades sociales. Estos valores, auténticas señas de identidad de una educación pública, debemos entenderlos y defenderlos a su vez como auténticos indicadores de la calidad educativa.
Una escuela pública de calidad (en el sentido expresado en el párrafo anterior) tiene que contar con financiación pública suficiente y solidaria, es decir, que asegure el ejercicio del derecho a la educación a todos y todas por igual. Por ello desde IU hemos reiterado año tras año la necesidad de una Ley de Financiación del sistema educativo público y de un Fondo de Compensación Territorial para el conjunto del sistema educativo. La financiación así concebida se basa en el principio de la "asignación no uniforme de los recursos", es decir, hay que dar más a quienes tienen más necesidades. Esto supone desarrollar acciones positivas para compensar desigualdades.
Por otra parte, desde nuestro modelo de Estado federal,
apostamos también por la descentralización educativa,
pero no como una mera descentralización administrativa en la gestión
de los recursos, sino como una participación efectiva de
todos los sectores afectados (art. 27.5. de la Constitución) en
la toma de decisiones. Por eso hemos defendido a ultranza el traspaso de
competencias plenas a las CC.AA. y defendemos un mayor peso de los Ayuntamientos
en materia educativa; en ambos casos, es condición indispensable
que funcionen y se fortalezcan tanto los Consejos Escolares Autonómicos
como los de ámbito local (municipales o de distrito), en tanto que
auténticos órganos de participación ciudadana en la
gestión democrática del sistema educativo.
II. ¿De qué calidad hablamos?
Para IU avanzar en la calidad supone apostar por una educación cuyo principal objetivo consista en asegurar, a todos y cada uno de los alumnos y alumnas, el logro de unos aprendizajes que les permitan formarse como personas capacitadas para participar autónoma y críticamente en el marco de una sociedad democrática. Se trata pues de una concepción de la calidad asociada ineludiblemente al principio de igualdad de oportunidades en el acceso, en el proceso y en los resultados; porque, en lo que concierne a la educación obligatoria, una educación de calidad o sirve para que el conjunto de la población escolar logre las capacidades básicas requeridas o no es de calidad.
En la actualidad, el sistema educativo español sigue presentando carencias importantes en cuanto a su capacidad para responder a las diversas necesidades educativas que presentan los alumnos y alumnas a lo largo de su escolaridad. Siguen siendo demasiados los que no progresan en sus aprendizajes lo suficiente para alcanzar los objetivos previstos en las etapas obligatorias; siguen siendo excesivas las cifras de estudiantes que finalizan su escolaridad obligatoria sin lograr la titulación correspondiente. En definitiva, nuestro sistema educativo sigue siendo manifiestamente mejorable en cuanto a su capacidad para responder de forma adecuada a las diferentes necesidades educativas del alumnado.
En consecuencia, el problema de cómo mejorar la calidad de nuestra educación escolar se centra, desde nuestra óptica, en qué acciones y medidas se deben emprender para que la escuela pública logre asegurar unos aprendizajes comunes, o lo que es lo mismo, el desarrollo de unas capacidades básicas a todos los alumnos y alumnas sin excepción a lo largo de su escolaridad obligatoria.
La vía anunciada por el PP para responder al llamado "fracaso escolar" responde a una concepción radicalmente opuesta de la calidad educativa, según la cual la manera de (des)atender a la diversidad de los alumnos y alumnas consiste en segregarlos cuanto antes mejor, en función de su rendimiento, estableciendo 3 ó 4 itinerarios con finalidades predeterminadas. Todo ello al margen de los factores que hayan generado esos diversos rendimientos, entre los que destaca especialmente el que se relaciona con las enormes diferencias socioculturales que tienen los alumnos y que repercuten innegablemente en su proceso de aprendizaje y en sus resultados. Se cuestiona así una de las medidas más positivas de la LOGSE: la ampliación de una educación común para todos los ciudadanos y ciudadanas, como forma de evitar que los que proceden de clases sociales más desfavorecidas, que son frecuentemente los que llegan menos preparados y motivados, queden mayoritariamente en los programas menos valorados social y académicamente.
IU rechaza rotundamente semejante concepción, y las medidas que la materializan, porque no sólo no ayuda a afrontar los problemas y atender las distintas necesidades educativas de los alumnos a lo largo de su trayectoria escolar, sino que en lugar de tender a compensar educativamente las desigualdades, las mantiene y las refuerza al optar por la selección y la segregación académica, que siempre acaba en una mayor segregación social.
Debemos precisar que nuestra oposición a la propuesta ministerial de tres o cuatro itinerarios a partir de los 14 años no supone un rechazo a cualquier tipo de tratamiento diferenciado a grupos de alumnos y alumnas que por sus circunstancias los requieran. A lo largo de su escolarización muchos de ellos manifiestan dificultades que, si no son abordadas, van incrementándose y les condenan al fracaso. Es preciso identificar y dar respuesta a esas dificultades cuanto antes, adoptando las estrategias que permitan su superación, en el marco de un modelo educativo comprensivo e integrador. No se trata de esperar a los 14 años y justo en ese momento dictar sentencia; de lo que realmente se trata es de actuar desde el principio de la escolarización y, sobre todo, desde que empiecen a aparecer los problemas.
La LOGSE ofrece un marco que sigue siendo válido para avanzar en esa línea, aunque probablemente habría que modificar algunas normas de su desarrollo, que hayan podido resultar demasiado ortopédicas en la práctica. Experiencias como la "diversificación curricular" han sido especialmente positivas. Han permitido que alumnas y alumnos, con especiales dificultades en una etapa de su proceso educativo, hayan recibido una atención ajustada a sus características y necesidades, y hayan logrado muchos de ellos terminar con éxito la ESO, y continuar su formación en Bachillerato o en ciclos de FP. Evidentemente estas actuaciones son más caras, pero apuestan claramente por una escuela beligerante con las desigualdades. Profundizar en estas vías es la reforma para una educación de calidad que cabe plantear desde la izquierda.
En definitiva, no podemos pensar en una educación
común, dirigida a la totalidad de la población, sin contar
paralelamente con adecuadas medidas de atención a la diversidad.
Algunas de estas medidas, es preciso reconocerlo, se están aplicando
ya en muchos centros con resultados alentadores, pero, en general, no cuentan
con apoyo suficiente por parte de las Administraciones y ni siquiera están
siendo convenientemente evaluadas.
III. Por una Ley de Calidad para la Igualdad
Ya en nuestro programa electoral de 2000 planteamos la necesidad de una LEY DE CALIDAD PARA LA IGUALDAD Y SU FINANCIACIÓN que sintetizara en un mismo corpus legislativo lo que han sido dos necesidades constatadas reiteradamente desde la promulgación de la LOGSE. Nos referimos, por un lado, al desarrollo de las líneas de actuación, contenidas en los Título IV y V de dicha Ley, sobre "calidad de la enseñanza" y "compensación de las desigualdades". Y por otro, a la necesidad de financiar adecuadamente todas las reformas educativas, que están encontrando serias dificultades en su implantación, al no contar con los recursos financieros indispensables para llevarlas a cabo.
La presentación en una misma Ley de los aspectos que hemos señalado facilita la imbricación necesaria entre cada una de las acciones de calidad que se regulen y la definición de su soporte financiero. Se evitaría así lo que ha ocurrido en la aplicación de la LOGSE, que muchas de sus intenciones más acertadas y más ajustadas a las necesidades educativas de los colectivos con más dificultades se han quedado en papel mojado o muy desvirtuadas, por la ausencia de los correspondientes recursos.
Una Ley como la que planteamos debería estar
precedida de un amplio debate social, abierto a la participación
de toda la comunidad educativa y de la ciudadanía en general. En
cualquier caso las propuestas de IU para su inclusión en el correspondiente
Proyecto de Ley son de diversa índole, por lo que las agrupamos
como sigue.
PROPUESTAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE TODOS LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
1. Ampliar la oferta de plazas de Educación Infantil en centros públicos de modo que permita atender la escolarización de todos los niños y niñas cuyas familias lo soliciten, tanto en el primer ciclo (0-3 años) como en el segundo (3-6). Está suficientemente contrastado el hecho de que la escolarización temprana contribuye al éxito escolar en etapas educativas posteriores, además de actuar como factor compensador de desigualdades sociales; por ello resulta imprescindible actuar en esa dirección desde la red pública y rechazar cualquier tentación de eliminar el carácter estrictamente educativo de esta etapa desde su primer ciclo (0-3 años).
2. Mantener la estructura cíclica en Educación Primaria, por ser la que mejor responde a los ritmos de maduración, necesariamente desiguales en estas edades tempranas. A su vez es indispensable articular en la Educación Primaria medidas de diagnóstico y apoyo sistemático a los y las alumnas que tengan dificultades (mediante refuerzos, desdobles, disminución de ratios, estudio asistido, cooperación estrecha con las familias etc.) El objetivo consiste en asegurar que todo el alumnado inicie la ESO tras haber alcanzado las necesarias competencias en lecto-escritura, cálculo y técnicas de trabajo adecuadas. En este marco proponemos sustituir la actual normativa sobre "permanencia" de un año más al término del ciclo (aplicable sólo una vez), que en muchas ocasiones no surte el efecto deseado, por la realización de un "programa de nivelación", con ratio muy reducida y currículo adaptado a la consecución de las destrezas necesarias para abordar con éxito el ciclo siguiente.
3. La llegada a los centros educativos, sobre todo a los públicos, de una cantidad y variedad importante de alumnado de otros países y culturas (en ocasiones con desconocimiento de la lengua en que se desarrolla la actividad escolar), supone un reto educativo ante el que hay que responder mediante una mayor y mejor dotación de recursos, dirigidos a las zonas y centros donde se produce esa escolarización, de modo que se cuente con los medios necesarios para poder atender adecuadamente, no sólo al alumnado inmigrante (en todos los aspectos que necesite: lingüísticos, culturales, de refuerzo, asistenciales...), sino también al alumnado autóctono, para que la atención a un colectivo no vaya en detrimento del otro.
El mero "reparto" del alumnado inmigrante entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, además de llevar implícito el mensaje de "(ciertos)inmigrantes=problema", no pone el acento en lo principal: la necesidad de contar con "especiales apoyos" allá donde son realmente necesarios. Por ejemplo, la inmersión lingüística de determinado alumnado inmigrante requiere actuaciones educativas específicas, en algunos casos previas a cualquier otra, y debe efectuarse en los centros de enseñanza y por profesionales especializados, combinando criterios zonales, nacionalidades de origen, criterios de edad y niveles previos de conocimientos
4. Mantener el modelo de una Educación Secundaria Obligatoria (12-16) con Titulación única y con estructura predominantemente comprensiva. No obstante, es preciso asegurar su adaptación a la pluralidad de situaciones que presentan los centros y las alumnas y alumnos. La atención a la diversidad cobra aquí un papel especialmente relevante. Es necesario profundizar en actuaciones de refuerzo educativo, adaptaciones curriculares, agrupamientos flexibles, mayor autonomía organizativa y curricular de los centros, etc, con más recursos y mejor administrados, y evitando cualquier tentación segregadora durante la educación obligatoria .
5. Ampliar las plantillas del personal docente y de otros profesionales de la educación. Es preciso contar con más profesorado para poder atender con ratios más bajas, o con medidas especiales de refuerzo, las situaciones de fracaso escolar en aquellas zonas y centros donde éste se agudice, actuando con planes coordinados de compensación educativa y de atención a la diversidad. La UNESCO y la OCDE reconocen que el excesivo número de alumnos por grupo y el número total de alumnos a los que debe atender cada profesor es un obstáculo para una acción educativa de calidad. Recomiendan que el número de alumnos por grupo no exceda los 25 y el número total de alumnos por profesor no supere los 80. En la educación secundaria, el número total de alumnos por profesor oscila entre 120 y 150, sobrepasando ese número en muchos casos. En estas condiciones, la atención individualizada a la diversidad de los alumnos resulta prácticamente imposible.
Como medidas concretas de adecuación de las plantillas de profesorado en los centros públicos cabría especificar: a) dotación adecuada (a las necesidades de cada centro) de los Departamentos de Orientación; b) profesorado suficiente para acciones de recuperación, refuerzo, desdobles, para prácticas; c) profesorado para atender específicamente al alumnado emigrante (especialmente el que precise refuerzo en Lengua); d) reducción de la ratio, estableciendo un máximo de grupos y de alumn@s a atender por cada docente; f) incremento del cupo de profesorado destinado a sustituciones a fin de conseguir la "sustitución al segundo día"; e) reducción progresiva de horario lectivo a partir de los 55 años; g) jubilación voluntaria a los 60 años para todo el profesorado, haciendo permanentes los incentivos económicos que transitoriamente se establecieron en la LOGSE para funcionarios en determinadas circunstancias. Aplazar la jubilación más allá de los 65 años debería ser un hecho excepcional, concedido previa evaluación psicofísica de las condiciones del demandante, y sometida a revisión cada dos años.
6. Dotación de personal educativo de servicios complementarios para atender secretarías, bibliotecas, archivos, comedores...
7. Asegurar una amplia oferta de optativas, acorde con la flexibilidad potencial que tiene en teoría el espacio de optatividad en la ESO, y que en la práctica ha quedado cercenada por problemas de cupo insuficiente de profesorado y exigencias de ratios mínimas.
8. Establecer un plan, negociado con la comunidad educativa, para la incorporación al currículo de las nuevas herramientas informáticas y de la comunicación, en particular Internet. Para ello es necesario definir criterios metodológicos de empleo, infraestructuras necesarias y actualización de las mismas, así como criterios sobre el perfil del profesorado encargado de impartir estas enseñanzas. Las infraestructuras, necesariamente dinámicas, deberían contar actualmente con un catálogo de recursos educativos mínimos: un aula completa de ordenadores por cada doce unidades o fracción, un aula multimedia, un ordenador y Vídeo-DVD por cada aula de grupo, con las correspondientes conexiones a Internet.
9. Establecer un plan de diagnóstico y seguimiento del sistema educativo, que permita definir y evaluar actuaciones para disminuir el fracaso escolar. Para el correcto diagnóstico del sistema, este plan debe incluir la realización de inspecciones y controles periódicos a centros elegidos aleatoriamente. El análisis de estas muestras, amplias y significativas, deben permitir orientar las decisiones y dinámicas de ajuste que el sistema exija.
Justificar la imposición de una Reválida por la necesidad de contar con un diagnóstico de cómo funciona nuestro sistema educativo es una falacia. A su vez, justificar tal tipo de prueba por la necesidad de "homologar" las calificaciones de centros más o menos laxos, tampoco se sostiene; la obligación de la Administración es intervenir si tiene constancia o sospecha de centros que califican sin rigor, pero no penalizando al alumnado, sino actuando sobre las causas. Más efectivo sería "normalizar" estadísticamente las calificaciones de cada alumno, a la hora de competir con otros, en los sistemas de acceso a estudios superiores, universitarios ó de FP, con referencia a las calificaciones de su centro de origen.
Como forma de evaluar globalmente el desarrollo de las capacidades establecidas en los objetivos generales del Bachillerato, cabría plantear que, además de cursar las materias correspondientes a la modalidad elegida, cada estudiante elaborase un trabajo monográfico, bajo la dirección y supervisión de un profesor o profesora, cuyas principales conclusiones expondría oralmente al finalizar el Bachillerato. La superación de las materias cursadas y el VºBº a ese trabajo permitirían obtener el Título de Bachiller. De este modo se potenciaría la adquisición de determinadas competencias que, a pesar de su indudable importancia, suelen quedar descuidadas en el estudio de las distintas materias por el excesivo enciclopedismo de sus programas en Bachillerato.
10. Resulta indispensable introducir y fomentar una cultura de la autoevaluación, en la que participen todos los miembros de la comunidad educativa y se evalúen las diferentes actividades del centro, así como la labor de los órganos unipersonales y colegiados. La evaluación de los centros no debe ser realizada sólo por la Administración. La Comunidad educativa, a través del Consejo Escolar, y a partir de los informes periódicos que solicite, o que la Dirección presente, debe aportar su propia evaluación del funcionamiento del centro; de este modo se introduciría una perspectiva más plural y se avanzaría en la práctica de una autoevaluación para la mejora de la calidad.
11. Replantear la formación inicial del profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, que debería tener las siguientes características: a) orientarse a la creación de educadores críticos, reflexivos, autónomos, investigadores, innovadores y comprometidos con la mejora continua de la educación pública; b) una formación especializada en un campo científico con una titulación mínima de licenciatura; c) un conocimiento suficiente de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que les permita un uso didáctico y crítico de las mismas; f) una formación psicopedagógica adecuada; g) un entrenamiento real en el trabajo de aula, realizando prácticas en centros asociados mediante convenios con las instituciones universitarias de formación del profesorado.
12. La formación permanente de los
profesores en ejercicio se debe realizar en los centros educativos, dentro
de la jornada laboral del profesorado, mediante proyectos de autoformación
propuestos y planificados por los mismos profesores. Los expertos y las
instituciones de formación deberían intervenir prioritariamente
a requerimientos y demandas del profesorado. Por otra parte, debe garantizarse
el disfrute de período-s sábaticos de formación
para todo el profesorado, a lo largo de su vida profesional, y de una
duración global no inferior a un curso académico.
PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ORGANIZACIÓN, LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
13. Más flexibilidad y más autonomía para que cada centro organice su oferta educativa de modo que se ajuste a las condiciones reales de cada municipio, zona y alumnado. Hasta ahora la respuesta ha sido demasiado uniformizadora, con organización, horarios, ratios y medios análogos para todos los centros y situaciones. Es necesario dar respuestas diferentes donde los problemas o circunstancias también lo son.
14. Organizar los horarios del profesorado de manera que haya un equilibrio razonable entre los tiempos dedicados a la docencia directa, a la tutoría individual y grupal, al trabajo de preparación y corrección de ejercicios y al trabajo en equipo.
15. Garantizar la apertura de los centros públicos fuera del horario lectivo para ejercer la debida acción compensadora sobre las desigualdades de origen entre el alumnado y para cumplir la función social de custodia del alumnado (más allá del estricto horario escolar), que demanda un sector creciente de la sociedad. Las actividades a llevar a cabo en ese periodo cubrirán:
18. Para asegurar una efectiva coordinación entre centros, es necesario que la vinculación entre unos y otros sea unívoca, evitando por ejemplo que el alumnado de Educación Primaria de un centro esté adscrito a dos ó más IES, lo que imposibilita funcionar coordinadamente. Si por traslado u opción un estudiante cambia de centro debe garantizarse que toda la documentación e informes lleguen al nuevo centro en tiempo y forma.
19. Redefinir la composición y funciones del Consejo Escolar del Estado, dotándolo de capacidad para promover y dirigir análisis y estudios sobre el sistema educativo.
20. Promover la participación y el asociacionismo en toda la comunidad educativa, en particular del alumnado y de padres y madres. Potenciar los Consejos escolares de centro, municipales, de Distrito, de Comunidad Autónoma..., dotándolos de competencias ejecutivas y no meramente consultivas.
21. Redefinir las funciones y el sistema de acceso
de los servicios de Inspección Educativa, potenciando su carácter
técnico y de asesoramiento. Paralelamente definir las actuaciones
de inspección de servicios que, para control, se estimen necesarias.
PROPUESTAS PARA ASEGURAR RECURSOS SUFICIENTES PARA UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD EN CONDICIONES DE IGUALDAD
22. La financiación de todas las actuaciones se llevarían a cabo en un calendario a completar en la legislatura. Las partidas consolidables del gasto deberán situar, al término de la legislatura, el gasto educativo realizado por las administraciones públicas en el 6% del PIB.
23. Al estar ya transferida la competencia educativa a las comunidades autónomas, las actuaciones llevadas a cabo en cada C.A. en desarrollo de esta Ley, serían cofinanciadas desde los PGE, con carácter finalista, en el marco de Convenios que al efecto firmaría el MEC con cada C.A. Se fijarán mecanismos que permitan el control real de los fondos públicos destinados a la educación, dando competencias en este sentido a los consejos escolares (de centro, distrito, Comunidad Autónoma, etc.)
24. La Ley debe garantizar la gratuidad total de la enseñanza obligatoria en los centros públicos. Para ello el material didáctico de uso individual será suministrado gratuitamente a todo el alumnado y el de uso colectivo a través de la dotación de "Biblioteca y recursos de Aula"
25. Plan de construcción de centros públicos y de renovación o sustitución de plazas escolares públicas que permitan cumplir plenamente con los objetivos de la reforma educativa vigente. En particular:
PROPUESTAS
PARA AVANZAR HACIA UNA RED ÚNICA DE CENTROS PÚBLICOS
Hoy más que nunca la evolución demográfica de nuestro país permite y exige abrir un proceso que conduzca a la convergencia progresiva de la enseñanza sostenida con fondos públicos en una red única de centros públicos. Esto significa afrontar sin más demora la revisión de la vigente política de conciertos educativos, cuyo marco legal arranca de la LODE y se desarrolla en otras normativas específicas. IU estima que ha llegado el momento de empezar a eliminar la doble red de centros (públicos y concertados), de modo que las diferentes administraciones educativas se vayan haciendo cargo de TODA la enseñanza sostenida con fondos públicos en condiciones de calidad y de igualdad. Para avanzar en esa dirección proponemos:
26. Diseñar un plan de integración a la red pública de los centros concertados que lo deseen, definiendo las condiciones respecto a la cesión de propiedad de instalaciones y la situación laboral del profesorado y personal afectado. Dicho plan se enmarcará en un proceso que defina las vías de incorporación a la red pública de los centros concertados, así como los plazos y otros requisitos. Este proceso deberá ser negociado y ajustado en el tiempo a las peculiaridades de cada territorio y/o distrito educativo, de manera que allí donde la oferta pública actual permita atender la demanda educativa existente, se pueda aplicar a un ritmo más acelerado que en aquellas zonas donde no se dé esta circunstancia.
27. Aplicar, de forma inmediata, el criterio de limitar los conciertos a las necesidades de escolarización de cada zona, sin que se amplíen (o incluso se mantengan) los conciertos educativos en demarcaciones escolares en las existen plazas públicas suficientes para atender la demanda real. Esto exige un mayor rigor a la hora de la concesión o/y prórroga de conciertos, haciendo cumplir todas y cada una de las condiciones que define la LODE, con el criterio básico del carácter subsidiario que han de tener los conciertos en la red de centros. Resulta inadmisible que se amplíen o suscriban conciertos en las mismas zonas en las que se cierran unidades públicas.
28. Paralización inmediata y eliminación progresiva de los "conciertos" (subvenciones u otras fórmulas) aplicados a enseñanzas de etapas no obligatorias, especialmente de Educación Infantil.
29. Homologación de las condiciones de acceso del alumnado en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Distribución equitativa, dentro de su zona de residencia y respetando la opción de la familia hacia el tipo de centro, de los alumnos inmigrantes y con necesidades educativas especiales entre todos los centros sostenidos con fondos públicos.
30. Equiparación de las condiciones laborales
de todos los trabajadores y trabajadoras que presten sus servicios en centros
sostenidos con fondos públicos, tanto en los aspectos salariales
como en condiciones de trabajo (calendario escolar y jornada, jubilación,
vacaciones, formación, promoción, etc.). El personal de administración
y servicios de los centros concertados estará incluido en el "pago
delegado" en las mismas condiciones que el personal docente y en condiciones
homologadas al personal laboral de los centros públicos. Igualmente
serán similares las formas de acceso a los puestos de trabajo en
los centros públicos y en los centros concertados.