ÁREA FEDERAL DE EDUCACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2004
1. En su primera legislatura (1996-2000), la política del PP en materia educativa se caracterizó, en términos generales, por lo siguiente:
Insuficiencia económica para aplicar las reformas en marcha, tanto en las enseñanzas anteriores a la Universidad como en las universitarias.
Apoyo a la enseñanza privada en detrimento de la educación pública, que ha sufrido los consiguientes recortes en los diferentes ejercicios presupuestarios.
Desprecio por las reformas del sistema educativo y ausencia de una política alternativa definida por no contar con apoyos parlamentarios suficientes.
Incremento de las desigualdades interterritoriales en educación por haber realizado los traspasos de competencias pendientes sin asegurar una financiación acorde con las necesidades de cada territorio.
La ausencia de una financiación adecuada de la educación pública es algo que hemos venido denunciando desde hace muchos años. De hecho fue una de las mayores críticas que IU reiteró ya en la etapa socialista. Por ello acogimos y apoyamos con entusiasmo la primera Iniciativa Legislativa Popular que llegó al Parlamento, promovida por CC.OO., con el fin de que se aprobase una Ley de financiación de la enseñanza pública; pero ni el PSOE en su momento ni el PP en sus ocho años de gobierno han propiciado la tramitación de dicha Ley.
En la legislatura 1996-2000 los efectos de la persistente insuficiencia económica tuvieron consecuencias diversas para la enseñanza pública: ralentización en las construcciones de nuevos centros y en las adaptaciones de los existentes; recortes de los cupos de profesores necesarios para impartir las nuevas enseñanzas, así como de los gastos de funcionamiento y de formación del profesorado; escasísima implantación de la nueva Formación Profesional y de los programas de garantía social; congelación de becas, especialmente las de residencia, que afectan sobre todo al medio rural; eliminación de dotaciones para actuaciones de compensación educativa (horas de refuerzo o recuperación, "desdobles" de grupos en determinadas áreas...); insuficiencia crónica del presupuesto universitario en su conjunto; etc.
Fue aún más grave comprobar año tras año cómo la distribución del gasto presupuestario suponía un auténtico ataque a la enseñanza pública en beneficio de la privada. Los conciertos educativos con la enseñanza privada aumentaron en porcentajes elevadísimos, sin que esas cuantías viniesen justificadas (como se pretendió vender) por la ampliación de los cursos de la educación obligatoria (como consecuencia de su extensión hasta los 16 años).
El Partido Popular, fiel a su obsesión privatizadora, optó desde su primer mandato por ir primando a la enseñanza privada en detrimento de la pública. De hecho no vaciló a la hora de suprimir cientos de aulas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la red de centros públicos que todavía dependía del MEC, a la vez que renovaba o establecía nuevos conciertos con centros (como los del Opus) que ni siquiera cumplen el requisito de la enseñanza mixta de niños y niñas.
Asimismo, como denunciamos insistentemente, el PP practicó una política de conciertos encubiertos de la Educación Infantil, que al no ser una etapa obligatoria, no se podía concertar legalmente, pero se subvencionaba, lo que en la práctica desembocó en lo mismo: en lugar de mantener o dotar a los centros públicos de aulas para esas edades, se optó por financiar a la privada trasladando allí a un alumnado que es la cantera natural de la enseñanza pública.
En relación con las grandes Leyes que regulaban el sistema educativo, la política del PP en su primera legislatura fue ambigua, ante la falta de apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante sus proyectos.
Por último, hay que señalar otra de las cuestiones más cruciales de la anterior legislatura: la culminación del proceso de transferencias de las competencias educativas plenas a las CC.AA. que aún no las habían recibido.
El proceso seguido se caracterizó ante todo por su total opacidad y, en consecuencia, por la ausencia de cualquier participación democrática en el mismo. Las transferencias educativas, sin una cuantificación rigurosa de lo que cada Comunidad Autónoma receptora necesitaba y una planificación ajustada de la red de centros correspondiente, desembocaron en una mera transferencia de problemas de difícil solución, y lo que es más grave, en un incremento progresivo de la desigualdad interterritorial en el ejercicio del derecho a la educación.
2. En su segunda legislatura (2000-2004), una vez lograda la mayoría absoluta, la política educativa del gobierno del PP ha mostrado su rostro más autoritario en las formas, más reaccionario en lo ideológico y más regresivo en lo social.
Ha sido una política impuesta, contra viento y marea, sin más apoyo que el rodillo parlamentario; como se ha constatado en el proceso seguido en todas y cada una de las contrarreformas llevadas a cabo.
En efecto, a los pocos meses de su toma de posesión (diciembre de 2000), la Ministra Del Castillo cambió por real decreto los contenidos de todas las Enseñanzas Mínimas de la Educación Secundaria (ESO y Bachillerato). Poco después el Consejo de Ministros aprobó (en pleno verano de 2001) su proyecto de LOU, que provocó un enfrentamiento sin precedentes de la comunidad universitaria, Rectores incluidos. Algo similar aconteció con la llamada Ley de Calidad, cuyo proyecto fue aprobado igualmente en verano (2002) y que suscitó amplias movilizaciones de todos los sectores de la comunidad educativa. Y todo ello sin partir de análisis o diagnósticos fiables, sin abrir un debate público sosegado, sin contar con el conjunto de la comunidad educativa y sin prever -ni mucho menos asegurar- la financiación necesaria.
Ha sido una política profundamente reaccionaria, ya que la orientación de los cambios realizados en las diferentes contrarreformas educativas del PP apuestan por una educación más academicista, más compartimentada, más clerical, más alejada de la formación integral y polivalente que necesitan las ciudadanas y ciudadanos en el mundo actual. Una educación en la que se han eliminado de un plumazo los contenidos relacionados con la formación en valores, y en la que se han reducido los tiempos dedicados a áreas como Música o Educación Plástica y Visual, a la vez que se ha potenciado la enseñanza de Religión haciendo todo tipo de concesiones a la jerarquía eclesiástica.
Ha sido una política socialmente regresiva, orientada desde la anterior legislatura a dejar un papel subsidiario a la educación pública, mediante una serie de medidas de apoyo a la enseñanza privada, en detrimento de la pública, como la ampliación de los conciertos a etapas no obligatorias (Educación Infantil sobre todo) o su extensión injustificada, a la vez que se ha permitido el cierre de aulas y centros enteros de enseñanza pública. Por no hablar del inexistente control por parte de la Administración educativa de los centros concertados, muchos de los cuales incumplen sistemáticamente los requisitos que establece las normativa vigente en cuanto a la escolarización de todo tipo de alumnado, al funcionamiento democrático, a las condiciones laborales del personal, etc, etc.
Además la mal llamada “Ley de calidad” supone una vuelta de tuerca más en la imposición de un modelo educativo que identifica calidad con clasificación, selección y segregación del alumnado, atentando rotundamente contra la igualdad en educación. Se han introducido, en la Educación Obligatoria, dobles o triples vías con itinerarios nobles (ya sabemos para quiénes) y con itinerarios basura (que también tienen sus destinatarios predeterminados); se ha reinstaurado la vieja “reválida” para la obtención del título de Bachillerato, poniendo así nuevas trabas para acceder a la educación superior; además se quiere poner en manos de cada Universidad la selección de su alumnado, aumentando así la discrecionalidad, cuando no la arbitrariedad, en los procesos de admisión de alumnos.
Ha sido una política sin la financiación necesaria incluso para acometer las propias reformas impuestas. El último informe de la OCDE sobre la educación pone de manifiesto que en España el gasto educativo ha bajado, al igual que ha ocurrido con el gasto social en su conjunto. Hemos pasado del 5,5% del PIB, en 1995, al 4,9; y ello en un período (1995-2000) en el que había que introducir recursos extra para financiar una adecuada aplicación de la LOGSE (que sin duda fue estrangulada económicamente), así como para hacer frente a nuevas situaciones: notable aumento de alumnado procedente de otras culturas, necesidad de incrementar las becas para atender las nuevas modalidades establecidas, o la inversión en nuevas tecnologías en el sistema escolar.
En conjunto, la política educativa del PP, lejos de solucionar los problemas de la educación pública, ha servido ante todo para dar satisfacción a la jerarquía de la Iglesia Católica y a las patronales de la enseñanza privada, dando un paso más hacia un modelo de escuela confesional, segregadora y privatizada. El nuevo status de la enseñanza de la Religión y la generalización de los conciertos en Educación Infantil son instrumentos privilegiados para ello.
Frente a ello, IZQUIERDA UNIDA sigue fiel a su compromiso en DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA como la única que garantiza el ejercicio del derecho a la educación a todos y todas en condiciones de igualdad.
LÍNEAS PROGRAMÁTICAS
1. DEROGACIÓN DE LA LOCE Y PROMULGACIÓN DE UNA AUTÉNTICA LEY DE CALIDAD PARA LA IGUALDAD
IU presentó un texto alternativo a la LOCE, en su precipitada tramitación parlamentaria; y en coherencia con ello, propone derogar dicha Ley y propiciar un debate social que permita compartir un diagnóstico riguroso sobre los problemas de la educación en nuestro país, y alcanzar un amplio consenso sobre las medidas que se han de tomar. La posición sostenida por IU apuesta por una auténtica Ley de Calidad para la Igualdad que, manteniendo la estructura del sistema educativo establecido por la LOGSE, incluya medidas concretas y financiación suficiente en torno a los siguientes factores de calidad educativa:
1.1. Enseñanza básica común para todo el alumnado en centros públicos
IU considera absolutamente necesario que a lo largo de la enseñanza básica se garantice una educación común para todo el alumnado, que se deberá plasmar en:
Una red pública de centros suficiente, en su extensión y oferta educativa, para satisfacer el derecho a la educación en todas las etapas educativas, tanto en las enseñanzas de régimen general como en las de régimen especial; concediendo una especial atención a la Educación Infantil, para garantizar la generalización de esta etapa educativa a toda la población.
La gratuidad de la enseñanza básica que comprenderá la de los libros y materiales didácticos que deba utilizar el alumnado de los centros públicos, mediante la creación de bibliotecas o centros de recursos de aula, o la cesión temporal de libros de texto y material a los alumnos.
Un currículo común en la educación obligatoria, sin perjuicio de una opcionalidad creciente de contenidos en la Educación Secundaria Obligatoria. Dicha opcionalidad, que se introducirá gradualmente a lo largo de la etapa, deberá servir para dar respuesta a las diversas motivaciones, expectativas e intereses del alumnado. En ningún caso supondrá la configuración de itinerarios predeterminados, ni condicionará estudios posteriores, siendo única la titulación al término de la etapa.
El laicismo en la educación, como forma de respeto hacia todo tipo de creencias y a la libertad de conciencia. IU ha denunciado reiteradamente el vigente acuerdo preconstitucional sobre enseñanza y asuntos culturales, suscrito entre la Santa Sede y el Estado Español; mientras dicho acuerdo siga vigente, así como los suscritos con otras confesiones religiosas, las enseñanzas de religión en los distintos niveles educativos se impartirán fuera del horario escolar y, en salvaguarda del artículo 16, punto 2, de la Constitución, no constará en la documentación académica oficial del alumno referencia alguna a haberlas cursado o no.
1.2. Atención a la diversidad a lo largo de todo el proceso educativo.
La diversidad del alumnado es una realidad social que enriquece las aulas y debe encontrar respuesta mediante:
Recursos suficientes para que todo alumno, a lo largo de la enseñanza básica, reciba los apoyos necesarios y las adaptaciones curriculares pertinentes para progresar de acuerdo a su ritmo de maduración y aprendizaje. A tal fin, será preciso garantizar que el alumnado de la enseñanza básica reciba los refuerzos necesarios en las capacidades instrumentales de cara a su adecuado progreso, así como el apoyo específico a aquellos alumnos que presenten problemas de aprendizaje.
Reducciones del número máximo de alumnos por aula en zonas o centros donde se constate una mayor incidencia de fracaso escolar o una mayor necesidad de compensación, para lograr una mejor atención educativa del alumnado. Esa reducción será asimismo aplicable a aquellos grupos de cualquier centro que escolaricen alumnos con necesidades educativas especiales.
Programas de diversificación curricular, así como programas específicos de garantía social para el alumnado de más de 16 años. Se podrán organizar programas específicos de diversificación curricular, de dos años de duración, para el alumnado con más de quince años que haya permanecido un año más en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria y que, a juicio de su equipo educativo, no esté en condiciones de cursar con aprovechamiento los contenidos de la mayor parte de las áreas del siguiente curso.
1.3. Acciones de carácter compensatorio.
Estas acciones estarán dirigidas a personas, colectivos o ámbitos territoriales, que se encuentren en situaciones desfavorables, de cara a hacer efectiva la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación, Se concretarán en las siguientes medidas:
Apertura de los centros públicos fuera del horario escolar y asignación de los recursos necesarios para ofrecer un programa de servicios y actividades. Este programa, que concretará el Consejo Escolar de cada centro, comprenderá, al menos, servicio de biblioteca y aulas de estudio asistido, servicio de apertura temprana, servicio de comedor, actividades deportivas, lúdicas y de ocio, así como actividades formativas y culturales. Para su realización, las administraciones educativas podrán establecer convenios con los Ayuntamientos respectivos para la financiación, organización y puesta en marcha de tales servicios y actividades; o con las Universidades públicas de su ámbito competencial a fin de que su alumnado pueda colaborar en las actividades de estudio asistido, con el consiguiente reconocimiento de la dedicación horaria como créditos de libre configuración, además de la asignación de una beca para gastos derivados de la prestación del servicio
Planes de acogida e inmersión lingüística para atender al alumnado inmigrante que pueda presentar, previa evaluación de su competencia curricular, problemas de adaptación a nuestro sistema educativo, ya sea por desconocimiento o dificultades en el manejo de la lengua en que se desarrolle la actividad escolar, o bien por presentar necesidades específicas de refuerzo en determinadas áreas del currículo. Tal atención se llevará a cabo en los propios centros de enseñanza, por profesorado con la formación adecuada y de manera simultánea a su escolarización en grupos ordinarios. Entre los recursos humanos destinados a estos planes podrá contarse además con trabajadores sociales, que actúen como mediadores interculturales y, en su caso, con profesorado nativo de apoyo.
Áreas de atención educativa preferente, para reducir las altas tasas de fracaso y abandono escolar en zonas con condiciones socioeconómicas desfavorables. Para ello, se establecerán planes específicos de compensación que incluirán mayor dotación de profesorado de apoyo, disminución de ratios, una mayor asignación de recursos materiales y un programa de colaboración con los servicios sociales de la zona. En estos planes se prestará especial atención a los centros que escolaricen alumnado de minorías étnicas, a las familias con domicilio itinerante por causas laborales y a los alumnos de la enseñanza básica, que por procesos de larga enfermedad se vean o hayan visto privados de asistir a las aulas ordinarias.
Sistema de becas y ayudas al estudio que contribuyan a compensar condiciones socioeconómicas desfavorables. Se deberá garantizar la extensión y suficiencia de recursos para que, en el período de la enseñanza obligatoria, toda la población escolar que cumpla los requisitos establecidos se beneficie de estas prestaciones. En las enseñanzas post-obligatorias se seguirán percibiendo dichas becas y ayudas, siempre que se mantenga un rendimiento escolar satisfactorio
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1.4. Capacitación del alumnado para acceder y aprovechar la información utilizando las fuentes clásicas y las nuevas tecnologías.
En el momento actual, es absolutamente imprescindible que los alumnos desarrollen en la enseñanza básica capacidades necesarias para la búsqueda, selección, análisis critico y comunicación de la información. Para ello, se requiere:
Recursos a disposición de los centros para potenciar en el alumnado el aprendizaje de las habilidades anteriores. En particular, se estimularán programas de fomento de la lectura y de utilización de las bibliotecas de aula y Biblioteca de centro, y la creación de aulas multimedia, dotando a todas ellas de los fondos y apoyos técnicos y humanos necesarios para su uso en el trabajo de aula.
Planes para generalizar, y mantener actualizados en los centros, los avances que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ofrecen a la sociedad. Dichos planes contemplarán asimismo la realización de actividades de formación del profesorado con el fin de asegurar su capacitación para el uso didáctico de tales tecnologías.
1.5. Profesorado.
El profesorado, como agente activo y fundamental en el proceso educativo, necesita una formación inicial y continua permanente, un reconocimiento social de su función y unas condiciones laborales encaminadas a lograr una educación de calidad para todo el alumnado. Por esta razón, IU propone que se desarrollen actuaciones como las siguientes:
Creación del CUERPO ÚNICO de enseñantes, basado en una formación inicial con rango de licenciatura para todo el profesorado. Dicha formación deberá incluir, además de los conocimientos específicos para impartir los currículos de unas u otras etapas educativas, capacitación psicopedagógica y didáctica adecuadas, conocimientos sobre el uso didáctico de las nuevas tecnologías, sobre el trabajo en equipo, sobre procesos de innovación e investigación educativa, y una implicación en el trabajo de aula y centro mediante la realización de prácticas tutorizadas en los centros educativos durante un período no inferior a un curso académico.
Formación permanente de los profesores en ejercicio, preferentemente en los centros educativos, dentro de la jornada laboral del profesorado, mediante proyectos propuestos por los mismos profesores o por las administraciones educativas. Se facilitará e incentivará la formación de equipos de trabajo entre docentes de distintas etapas educativas incluida la universitaria, no descartando la posibilidad de intercambios temporales entre los lugares de trabajo. Las instituciones de formación podrán intervenir para asesorar, hacer el seguimiento y proporcionar las ayudas necesarias en todas las etapas educativas.
Programas específicos de formación del profesorado dirigidos a capacitar a los docentes que deban atender a alumnado con necesidades educativas especiales, ya sea por sus condiciones personales o por su pertenencia a otras culturas o a grupos socialmente desfavorecidos. En el marco de tales programas se contemplarán acciones formativas de educación intercultural, especialmente dirigidas a proporcionarle al profesorado conocimientos y recursos didácticos que contribuyan a la integración del alumnado inmigrante en el aula y en el centro.
Estatuto de la función docente que regule, de acuerdo con las organizaciones sindicales del profesorado, el marco de condiciones laborales de los docentes. Incluirá, al menos:
- sistema de incentivos profesionales en función de las actividades desarrolladas;
- limitación del número máximo de alumnos y grupos a los que un profesor puede impartir clases en cada curso académico;
- mecanismos de promoción entre los cuerpos docentes de todos los niveles educativos, incluida la Universidad;
- disfrute de períodos sabáticos de formación para todo el profesorado, a lo largo de su vida profesional, de una duración global no inferior a un curso académico;
- medidas para el rejuvenecimiento de las plantillas que contemplen la reducción horaria lectiva, sin merma salarial, para los mayores de 55 años y la jubilación voluntaria a los 60 años en las condiciones establecidas en la LOGSE,
- aumento del cupo de profesores destinado a sustituciones a fin de conseguir la “sustitución al segundo día”
1.6. Funcionamiento de los centros educativos
Para mejorar el funcionamiento de los centros educativos y potenciar la participación democrática de todos los estamentos implicados, se plantean las siguientes actuaciones:
Reconocer a los centros autonomía para organizar sus enseñanzas, en cada año académico, de modo que su oferta educativa se pueda ajustar al máximo a las demandas, características y necesidades de su alumnado. Dicha autonomía se podrá concretar, entre otras posibilidades que los centros planteen, en:
- la organización de agrupamientos flexibles,
- la reducción de la ratio,
- la ampliación horaria de algunas áreas de conocimiento para determinados alumnos,
- la organización de medidas tendentes a mejorar la coordinación didáctica del profesorado de un mismo grupo y, en general, cuantas contribuyan a una mayor adecuación de la organización escolar al proyecto educativo del centro,
- la administración de sus recursos en función de sus necesidades y prioridades, que serán establecidas por el Consejo Escolar, de acuerdo con la programación general anual.
Promover el asociacionismo y la participación democrática de toda la comunidad educativa en la gestión de los centros, en particular del alumnado y de padres y madres. Para ello se potenciarán los Consejos escolares de centro, municipales y autonómicos, dotándolos de competencias ejecutivas y no meramente consultivas.
Adoptar medidas que promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre la familia y la escuela, a fin de hacer efectiva la necesaria corresponsabilidad entre el profesorado y las familias en la educación integral de sus hijos. Para ello se organizarán actividades de formación para madres y padres y, a efectos laborales, se reconocerá su asistencia a las reuniones o entrevistas programadas por los centros educativos como deber público de carácter inexcusable, incluida la asistencia a las reuniones del Consejo Escolar de los representantes de los padres y madres.
1.7. Evaluación y control del sistema educativo
Con el fin de mantener el sistema educativo en las mejores condiciones para responder a las demandas que le hace la sociedad, se procederá a evaluar periódicamente su funcionamiento a través de las instituciones y servicios creados con tal finalidad, mediante los siguientes procedimientos:
Autoevaluación periódica del funcionamiento general de los centros que incluya el funcionamiento específico de sus órganos de gobierno y departamentos, así como la efectividad de sus diferentes planes de centro y proyectos curriculares de etapa. Para ello podrán solicitar apoyos externos, que le serán facilitados por la Administración educativa.
Plan de evaluación externa de los centros diseñado por los organismos de evaluación de las Administraciones educativas y, en todo caso, por los Servicios de Inspección Educativa, que periódicamente se aplicará a una muestra de ellos y, en su caso, a determinados centros cuyas circunstancias aconsejen hacer las correspondientes comprobaciones sobre el grado de adecuación de sus enseñanzas a los fines previstos para el sistema educativo en el artículo 1 de la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE). El plan de evaluación y los resultados obtenidos se pondrán a disposición de los órganos de participación de la comunidad educativa para su conocimiento y debate.
Pruebas de diagnóstico a muestras significativas de alumnos escolarizados en el último curso de la Educación Primaria y en el último curso de la Educación Secundaria Obligatoria, llevadas a cabo a través de las Administraciones educativas, en colaboración con el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, con el objeto de comprobar el grado de adquisición por el alumnado de las competencias básicas a lo largo de la enseñanza obligatoria, Los resultados de tales pruebas proporcionarán información indispensable para evaluar el funcionamiento del sistema y, en su caso, adoptar las medidas pertinentes.
Medidas que garanticen que todos los centros sostenidos con fondos públicos desarrollan su actividad en condiciones de igualdad, especialmente en lo relativo a escolarización del alumnado, gestión democrática, control social de los fondos públicos y condiciones laborales y de acceso del profesorado.
Planes de asesoramiento y apoyo de los Servicios de Inspección Educativa a los centros docentes, al profesorado, y al alumnado y sus familias, tanto en su tarea diaria como en los procesos de autoevaluación.
2. FINANCIACIÓN SUFICIENTE Y SOLIDARIA
IU propone poner en marcha actuaciones efectivas para contar con un diagnóstico compartido y ajustado a las características y necesidades de cada ámbito territorial, promoviendo el debate social pertinente en cada Comunidad Autónoma, con vistas a detectar e identificar con precisión tanto las dificultades como los avances que se vienen produciendo en los distintos territorios desde que se inició la implantación generalizada del sistema educativo establecido en la LOGSE. Por ello, la condición previa para desarrollar las líneas de intervención que se recogen en este Programa consiste en elaborar sendos Libros Blancos que aporten datos contrastados, basados en estudios actuales y de evolución, sobre la situación del servicio público educativo en las diferentes Comunidades Autónomas.
La culminación de este proceso democrático debe ser la aprobación, en cada Comunidad Autónoma, de su propia Ley de Calidad de la Educación Pública, en la que se concreten las correspondientes actuaciones, el calendario de aplicación y el compromiso financiero para asegurar su puesta en práctica.
IU propone que la financiación de todas las actuaciones se lleven a cabo en un calendario que se completaría en la legislatura, de modo que las partidas consolidables del gasto sitúen, al término de la legislatura, el gasto educativo realizado por las administraciones públicas en el 6% del PIB.
Para lograrlo, la financiación de las actuaciones educativas propuestas por cada Comunidad Autónoma deberá ser asumida parcialmente desde los Presupuestos Generales del Estado con carácter finalista, en una cantidad comprendida entre uno y dos tercios del total. Para la determinación de la financiación exacta, desde los Presupuestos Generales del Estado, que corresponda a cada Comunidad Autónoma se estará a lo dispuesto en el Convenio que firmará el Gobierno de cada Comunidad con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo estudio en la Conferencia Sectorial de Educación y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, atendiendo con mayor proporción a aquellas Comunidades que presenten mayores déficits educativos en lo que se refiere a factores de calidad y mayores tasas de fracaso escolar.
La financiación acordada en cada Convenio se realizará en cuatro anualidades consecutivas, a partir de la aprobación de las respectivas Leyes de Calidad autonómicas, y quedará consolidada, a excepción de las partidas que correspondan a inversión nueva. La cantidad que se destinará a estos fines desde los Presupuestos Generales del Estado supondrá un incremento anual en el presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en cada uno de los cuatro ejercicios previstos, como máximo, de una décima de punto del PIB correspondiente a ese año.
3. MODIFICACIÓN DE LA LODE: HACIA UNA RED ÚNICA DE CENTROS PÚBLICOS Y DEMOCRÁTICOS
Los dos grandes objetivos que plantea IU en relación con la modificación de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación se refieren a la red de centros y a su funcionamiento:
3.1. En primer lugar, planteamos que se abra un proceso que conduzca a la convergencia progresiva de la enseñanza sostenida con fondos públicos en una red única de centros públicos.
Esto significa afrontar sin más demora la revisión de la vigente política de conciertos educativos, cuyo marco legal arranca de la LODE y se desarrolla en otras normativas específicas.
IU estima que ha llegado el momento de empezar a eliminar la doble red de centros (públicos y concertados), de modo que las diferentes administraciones educativas se vayan haciendo cargo de TODA la enseñanza sostenida con fondos públicos en condiciones de calidad y de igualdad.
Para ello se abrirá un proceso que defina las vías de incorporación a la red pública de los centros concertados, así como los plazos y otros requisitos. Este proceso deberá ser negociado y ajustado en el tiempo a las peculiaridades de cada territorio y/o distrito educativo, de manera que allí donde la oferta pública actual permita atender la demanda educativa existente, se pueda aplicar a un ritmo más acelerado que en aquellas zonas donde no se dé esta circunstancia.
El criterio de partida será limitar los conciertos a las necesidades de escolarización de cada zona, sin que se amplíen (o incluso se mantengan) los conciertos educativos en demarcaciones escolares en las que se puedan suprimir unidades o centros públicos "por falta de demanda". En ningún caso se seguirán "concertando" (de forma más o menos encubierta) enseñanzas de etapas no obligatorias (especialmente de Educación Infantil).
Además, mientras coexista una red de centros privados concertados con la red de centros públicos, IU planteará su estricta equiparación de las condiciones laborales (incluido el acceso), de funcionamiento y de participación democrática en la gestión, como ya se ha señalado anteriormente.
3.2. El segundo objetivo pretende profundizar el sistema de participación democrática de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento de los centros.
Proponemos que sea revisada la representatividad de los distintos sectores de la comunidad educativa en los Consejos Escolares de los centros,en aras de un mayor equilibrio entre unos y otros sectores. No es de recibo seguir primando al estamento docente frente al resto de los componentes.
Por otra parte, IU propone que se regule con carácter estatal la creación, composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de las Comunidades Autónomas, de modo que se asegure su existencia en todas ellas y unas condiciones comunes en cuanto a competencias y representatividad democrática.
5. FORMACIÓN PROFESIONAL
Las propuestas programáticas de IU para la enseñanza reglada de Formación Profesional se concretan en los siguientes aspectos:
Incrementar la oferta de plazas públicas en ciclos formativos, hasta atender el 100% de las solicitudes, adoptando medidas como su impartición en mayor número de centros, el aumento de grupos en un mismo centro, o la duplicidad de turnos donde sea necesario, para aprovechar mejor las instalaciones y los recursos humanos. Especialmente en las familias profesionales con fuerte demanda social y buena inserción laboral, en las que los datos nos muestran, año tras año, el déficit de oferta respecto de la demanda existente.
Establecer una Red de Centros, negociada con todos los sectores implicados, que abarque, en el marco de los distritos educativos, la diversidad de la Formación Profesional necesaria, con el mayor aprovechamiento de los recursos disponibles. En esta RED se deberá producir una oferta diversificada, evitando que existan centros con oferta exclusiva de profesiones de "cuello blanco" y centros "condenados" a impartir sólo formación en profesiones "más duras", con la finalidad de eliminar cualquier discriminación que pudiera producirse por procedencia social, sexo u otros motivos.
Establecer en esos centros, y en otros lugares y dependencias administrativas, unos servicios eficaces de Información y Orientación Profesional (en su doble vertiente, académica y laboral).
Actualización permanente de los Ciclos Formativos existentes, previa evaluación de los mismos, mediante revisión del currículum, de los equipamientos, de los resultados de aprendizaje, de la inserción laboral, etc., tal y como estaba previsto hacerlo cada cinco años, pero que en la actualidad no se lleva a cabo. Poner en marcha nuevas ofertas, tanto de módulos de Iniciación Profesional como de Ciclos de Grado Medio o Superior, que traten segmentos no cubiertos por las Familias Profesionales existentes, o que aborden otros nuevos campos que van apareciendo continuamente y a los que no se les da respuesta o se les da muy tardíamente. Sirva de ejemplo significativo, el caso de Energías Renovables, donde existe alguna propuesta de un Ciclo Formativo, bastante detallada y elaborada por colectivos o por particulares.
Potenciar y desarrollar una formación permanente de calidad para el profesorado en estas áreas, tan sensibles a los continuos avances tecnológicos, dando facilidades para su realización.
Mejorar la Formación en Centros de Trabajo del alumnado, teniendo presente su doble función: formativa y de inserción laboral. Formar también a todos los alumnos y alumnas en temas de salud laboral o de prevención de riesgos laborales (no sólo a aquellos que cursen el nuevo Ciclo de Prevención de Riesgos Laborales).
Desarrollar la Ley de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, haciendo incidencia especial los siguientes aspectos:
- Mayor participación de todos los sectores (Administración Central, Agentes Sociales, Administraciones Autonómicas, Locales, profesorado, etc,), en el desarrollo de la Ley.
- Agilizar la confección del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.
- Diseño de la formación modular necesaria en la Formación Profesional Reglada, Ocupacional y Continua.
- Establecimiento urgente de las convalidaciones correspondientes y de un sistema eficaz para la certificación de la formación que se posea, ya se haya conseguido por la vía académica o por la vía laboral.
- Facilidades para que todo ciudadano, ya sea joven, adulto, trabajador en paro u ocupado, pueda seguir un itinerario formativo atractivo, reconocido en su doble vertiente, académica y laboral, sin tener que repetir módulos de formación ya cursados; y sin que supongan auténticas dificultades los condicionantes de trabajo, burocráticos, de desplazamientos, etc. Es decir, hacer cómoda, eficaz, eficiente, atractiva e ilusionante, la Formación Profesional para todo el mundo.
- Desarrollar los Centros Integrados, previa modificación de lo regulado sobre sus órganos de dirección, especialmente que los Directores sean nombrados por la Administración.
5. EL ACCESO A LA ENSEÑANZA SUPERIOR
La LOCE establece que los estudiantes de Bachillerato que obtengan una evaluación positiva en todas las asignaturas deberán superar una prueba general ("reválida"), para obtener el Título de Bachiller, que será requisito necesario para el acceso a estudios universitarios. Pero además, según el artículo 42 de la LOU, las Universidades pueden establecer procedimientos específicos para la admisión de alumnos. Por tanto, el gobierno del PP no sólo ha planteado de facto una doble selectividad, sino que la que hagan las Universidades puede obligar a un recorrido "puerta a puerta" por todos los centros y estudios solicitados, si no hay unos efectivos mecanismos de coordinación y reconocimiento de esta segunda prueba. Se corre el peligro también de que aparezcan diseños de prueba que no tengan en cuenta las capacidades de los alumnos desarrolladas en Bachillerato, o con una carga importante de subjetividad y discrecionalidad, como en el caso de las "entrevistas complementarias".
IU quiere dejar suficientemente clara su posición de partida, sin por ello renunciar a plantear el necesario debate social sobre esta cuestión. Dicha posición se basa en dos orientaciones fundamentales:
La necesaria planificación de la oferta de plazas de la enseñanza superior, universitaria y profesional, acorde con las necesidades sociales. Esto requiere establecer un sistema que tenga en cuenta la evolución de las demandas profesionales y del interés público, así como la potenciación de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, junto a la propia evolución de las preferencias personales de los estudiantes. Dicha planificación será encomendada a los correspondientes órganos de participación y coordinación: Consejo Social de cada universidad, Consejo Interuniversitario de Comunidad Autónoma y Consejo de Coordinación universitaria.
La supresión de cualquier tipo de prueba de carácter selectivo. Es decir, con el título de Bachiller, obtenido sin necesidad de una reválida, los alumnos tendrán derecho a acceder directamente a estudios superiores. Cuando sea necesaria un redistribución del alumnado en los mismos, por resultar imposible transitoriamente una total adecuación entre la oferta y la demanda en algunos estudios superiores (universitarios o profesionales), IU plantea que sólo en esos casos cabe aplicar algún sistema de acceso a los mismos. La selección para dicho acceso se realizará en función de las calificaciones obtenidas en el último ciclo de enseñanza previo, normalizadas para cada centro, a fin de corregir disparidades en las exigencias de la calificación, y ponderadas por áreas de acuerdo con el perfil de cada tipo de estudios.
6.UNIVERSIDAD
6.1. Derogación de la LOU y elaboración de una nueva Ley de Universidades
El proceso de aprobación de la nueva Ley de Universidades ha supuesto un ejercicio de despotismo por parte del partido gobernante, tanto en la forma de elaboración como en el resultado impuesto, que han merecido la respuesta unánime de numerosos colectivos, especialmente del universitario. Sin tener en cuenta la experiencia habida en los últimos años, la Ley Orgánica de Universidades aparece como un proyecto propio del Partido Popular, con una base política centrada en los principios ideológicos de la derecha más reaccionaria y con el objetivo último de someter el sistema universitario a los deseos e intereses de la administración política y de los intereses del capital.
Desde Izquierda Unida promoveremos la derogación de la LOU y su sustitución por otra ley que, siguiendo el modelo de Universidad Pública, Autónoma, Democrática y de Calidad que IU propugna, cuente en su elaboración con la participación activa de las organizaciones sociales y en especial de las propias universidades.
El proceso de derogación y sustitución de la LOU debe respetar el funcionamiento normal de las universidades que, en el momento actual, han modificado sus estructuras acordes con la ley a derogar. Por ello IU se propone actuar de forma inmediata en los siguientes ámbitos:
Legal. Promoviendo un proceso de elaboración de una nueva Ley de Universidades que tome como punto de partida la Ley de Reforma Universitaria de 1985 y la experiencia acumulada en sus 18 años de aplicación; que cuente con la participación activa de los colectivos e instituciones implicados; que busque el consenso y dé a la universidad el papel social que le corresponde. Dentro de este marco, y de forma inmediata y provisional, IU promoverá cambios parciales en la LOU que, sin afectar al funcionamiento normal de las universidades, corrija algunos de sus aspectos más perniciosos.
Financiero. Dotando a las universidades de presupuestos suficientes, nunca inferiores a la media europea, con el objeto de promover la universalización real de los estudios universitarios, tendiendo a su gratuidad y a la corresponsabilidad de los estudiantes, como partícipes y beneficiarios del esfuerzo colectivo, en aras de una Universidad pública, gratuita y de calidad.
De funcionamiento democrático: Fijando unos porcentajes mínimos de participación de los distintos colectivos en los órganos de gobierno de las distintas universidades (50% PDI, 30% estudiantes, 10% PAS); regulando la obligatoriedad en la transparencia en la gestión y la creación de mesas de negociación administración-sindicatos. Provisionalmente, aquellas universidades que no cumplan con los mínimos propuestos deberán ajustar sus órganos a la nueva ley, sin que se vean afectados otros artículos de sus nuevos estatutos.
Cultural: Dotando y apoyando a las universidades para que se conviertan en generadoras y promotoras de la cultura y la lengua propias de cada región del estado. Promoviendo el uso de la crítica libre como carácter distintivo de una institución que debe integrarse en la sociedad desde una perspectiva científica y, por lo tanto, libre de condicionantes externos que restriñan su libertad de criterio.
De evaluación para la mejora: A partir de una Agencia de acreditación que, plenamente inmersa en el mundo universitario y con los medios necesarios para cumplir sus funciones, sea capaz de evaluar la calidad científica y docente de las universidades, facultades, escuelas y titulaciones, realizando propuestas de actuación de cara a suplir carencias e indicando, en general, los objetivos de calidad que deben cubrir las diferentes titulaciones. Para ello, IU replanteará la composición y objetivos de la actual Agencia de acreditación y evaluación del sistema universitario en la línea mencionada. En este contexto, adquiere especial interés el papel de la Agencia en el proceso de convergencia europea como herramienta de apoyo en el proceso de transformación que se avecina.
De calidad del profesorado. Promoviendo una formación y el desarrollo de una carrera docente acorde con las exigencias de una función docente e investigadora de calidad. Para ello:
Se mantendrán provisionalmente las actuales figuras de profesor contratado, suprimiendo los obstáculos existentes para el desarrollo normal de la carrera docente.
Se eliminarán los dos años de desvinculación de la Universidad, necesarios para acceder a la figura de contratado doctor, sustituyéndolos por políticas activas de promoción y financiación de estancias de profesores en otras universidades y sin que el profesor tenga que desvincularse de su Universidad de origen.
Se eliminará la necesidad de la acreditación para pasar a ayudante doctor (un ayudante que obtuviese el título de doctor pasaría automáticamente).
Se fijarán con claridad los requisitos necesarios para ser profesor contratado doctor.
Se sustituirá el actual sistema de habilitaciones por una habilitación curricular, sin límites en número, que asegure que los posibles candidatos a una plaza de funcionario cumplen unos requisitos suficientes, acordes con las características de la plaza solicitada.
De integración en la sociedad, con la promoción de una Ley de Consejos sociales que redefina los objetivos y la composición de estos órganos, sustituyendo sus funciones de control político-administrativo del sistema universitario, por una colaboración eficaz en aras del conocimiento mutuo entre Universidad y sociedad. La composición de los Consejos sociales debe apoyarse en tres grupos equilibrados: la universidad, la administración y grupos políticos, y una representación de las organizaciones sociales que deben cubrir las diferentes áreas de interés social, desde sindicatos y organizaciones empresariales hasta grupos ecologistas, de derechos humanos, etc.
De coordinación interuniversitaria. Con la creación en cada país o comunidad autónoma de un organismo interuniversitario capaz de coordinar la actividad docente e investigadora desarrollada en las distintas universidades, suplir carencias y realizar un mapa de titulaciones que permita cubrir con suficiencia las necesidades objetivas observadas a corto y medio plazo, así como fijar y apoyar aquellas titulaciones que por motivos culturales y sociales son necesarias al margen de su mayor o menor demanda.
6.2. Financiación y Estudios
La investigación y la docencia universitarias deben tener la consideración de servicios públicos de interés general y de carácter estratégico, en tanto que condicionan un desarrollo sostenible para el que la Investigación+Desarrollo+Innovación (I+D+I) es un componente esencial. Por ello, dichos servicios públicos deben ser sostenidos por una financiación pública, a través de los Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas.
El objetivo debe ser tender a la generalización de la Enseñanza Superior en sus distintas versiones (actualmente incluirían la Enseñanza Universitaria y la Formación Profesional Superior), pero sin divisiones rígidas entre ellas, dada la necesidad de fomentar la creatividad y la innovación en toda actividad profesional, de manera que se facilite el paso de una a otra. El acceso a tales estudios debe reconocerse como un derecho de quienes hayan superado los niveles previos. Por ello, debe tenderse a la completa gratuidad de la Enseñanza Superior, que se llevaría a cabo paralelamente a una profunda reforma fiscal que, a través de un sistema progresivo de impuestos directos a personas y sociedades, permitiera una redistribución de la renta; complementada con un sistema de retribución por el estudio que permita a todo el estudiantado cubrir sus necesidades de mantenimiento y formación. En esta perspectiva, habrá que proponer medidas que pauten el avance hacia dicho objetivo.
En ese sentido, proponemos:
Que los poderes públicos desarrollen una política de inversiones tendente a adecuar la capacidad de los centros universitarios a la demanda social de formación universitaria, así como una política de información tendente a adecuar dicha demanda a las necesidades sociales.
El establecimiento de un sistema de becas-salario y complementariamente de préstamos-renta para asegurar que nadie quede excluido de los estudios superiores por problemas económicos. Dicho sistema debería abarcar todos los ciclos formativos.
Dichas propuestas deben conllevar lo siguiente:
La subvención pública de los estudios debe tener como contrapartida la dedicación efectiva a los mismos, que deberá traducirse en un aprovechamiento normal, de manera que su duración no exceda más de un curso académico el período promedio necesario para la obtención de una determinada titulación. Habría una regulación distinta para estudiantes a tiempo parcial que compatibilicen el estudio con una actividad laboral. Naturalmente, ello requerirá un sistema tutorial que permita corregir las deficiencias en la formación y en su caso su reorientación de acuerdo con las capacidades desarrolladas.
La subvención pública de la enseñanza superior debe suponer que la formación resultante se considere un bien público y no privado, por lo que no debe suponer diferencias retributivas, las cuáles sólo deberían derivarse de especificidades personales en innovación o responsabilidad. Por ello, la persistencia de diferencias retributivas en función de la titulación debe considerarse una anomalía transitoria que debe ser compensada por el sistema de préstamos-renta, previendo su devolución en el momento en que los ingresos personales netos superen la renta promedio (mediante una cuota progresiva sobre el exceso respecto de tal renta promedio que asegure que, durante dicha devolución, la renta neta no exceda de un determinado factor de la renta promedio) o en caso de emigración a países con una renta per cápita superior a la española.
Por otra parte, deberá garantizarse una adecuada dotación de medios materiales y humanos para una docencia con métodos activos y participativos, sin la cuál las directrices europeas al respecto no podrían hacerse efectivas.
Por lo que se refiere a la investigación, deberá
asegurarse la completa financiación pública de una
investigación básica de calidad como actividad central
de la Universidad Pública. Complementariamente, la Universidad
podrá establecer convenios con organizaciones sociales sin
ánimo de lucro, con otras entidades públicas, y en su
caso con empresas privadas, para desarrollar programas especiales de
investigación de interés social, favorecer la
aplicación de la investigación básica y
estimular el desarrollo extrauniversitario de programas de
investigación aplicada, para lo cuál podrán
establecerse programas específicos de formación de
investigadores. Los poderes públicos velarán por que la
prestación de servicios de asesoramiento o investigación
por las Universidades no malverse los recursos públicos.
6.3. Personal Docente e Investigador
Sin duda alguna, entre los efectos más perniciosos de la LOU hay que señalar, por una parte, la pérdida de democracia participativa en nuestras universidades y, por otra, una vuelta a la época predemocrática por lo que se refiere al acceso a la universidad. Pero, no menos perversa es la general pérdida de autonomía universitaria que implica la ley del PP, autonomía básica en cualquier sociedad democrática.
Esta pérdida de autonomía se plasma, sobretodo, en secuestrar a las universidades el derecho de formar y contratar a su profesorado y dificultar la puesta en marcha de una carrera docente e investigadora para el profesorado universitario.
Por eso, desde Izquierda Unida, proponemos el siguiente plan de carrera docente e investigador:
El profesorado, que tendrá funciones docentes e investigadoras, estará formado por funcionariado y personal contratado laboralmente en la forma que establezcan los Estatutos de la Universidad.
El profesorado en formación será contratado laboralmente como Ayudante de forma temporal con una docencia reducida, teniendo como tarea central su formación docente e investigadora, con la obtención del doctorado, y, en su caso, con una primera fase orientada a la obtención de la suficiencia investigadora. La contratación como Ayudante requerirá la posesión del título de Licenciado o equivalente, o, en aquellas Áreas de Conocimiento en las que así se establezca, de Diplomado, en cuyo caso se preverá una mayor duración de la primera fase.
El profesorado permanente deberá estar en posesión del doctorado y será Contratado con contrato indefinido o Titular con adscripción a una plaza funcionarial. En aquellas Áreas de Conocimiento en las que así se establezca podrá existir la figura de Contratado o Titular de Diplomatura sin el requisito del Doctorado. El total de profesorado Contratado no superará el 20% de la plantilla docente de la Universidad.
El acceso a la condición de Titular requerirá la previa habilitación que acredite la madurez docente e investigadora. Los concursos de habilitación podrán ser convocados por el Estado, por una o varias Comunidades Autónomas y por una o varias Universidades, con validez para el ámbito correspondiente, y serán resueltos por comisiones formadas por especialistas de distintas Universidades de la Unión Europea.
La adscripción a una plaza funcionarial como Titular se realizará por concurso resuelto por una Comisión de la misma Universidad de acuerdo con sus Estatutos, atendiendo a la idoneidad para las tareas a realizar.
El Estado, una o varias Comunidades Autónomas y una o varias Universidades podrán convocar concursos de habilitación entre Titulares para la categoría de Catedrático por comisiones formadas por especialistas de distintas Universidades de la Unión Europea que tengan la condición de Catedrático o equivalente. Dicha habilitación capacitará para el desempeño de las funciones de dirección académica que se establezcan en los Estatutos de la Universidad. La condición de Catedrático se adquirirá por la asunción de dichas funciones, de acuerdo con el catálogo de puestos de trabajo de la Universidad y por los procedimientos establecidos en sus Estatutos.
Las Universidades podrán también contratar a profesorado Asociado a tiempo parcial entre profesionales de reconocida competencia que desarrollen principalmente su actividad fuera de la Universidad. El total de profesorado Asociado no superará el 20% de la plantilla docente de la Universidad..
Las Universidades podrán contratar a profesorado Visitante entre el profesorado permanente de otras Universidades para la realización de estancias temporales en la propia.
Si una Universidad establece un perfil lingüístico docente para una plaza, podrá requerir la correspondiente competencia lingüística para el acceso a la misma.
La Universidad podrá contratar también laboralmente y
de forma temporal Personal Investigador en Formación.
6.4. Personal de Administración y Servicios
El Personal de Administración y Servicios estará formado por personal funcionario o contratado laboralmente para la realización de funciones administrativas, de servicios o de auxilio a la docencia y la investigación.
El acceso a las plazas de Personal de Administración y Servicios se realizará por concurso o concurso-oposición libre o por concurso de promoción.
Ante los cambios profundos en las funciones del Personal de Administración y Servicios, las Universidades establecerán planes estratégicos de formación y promoción de su personal para así regular una carrera profesional bien definida.
Las Universidades podrán también realizar convenios con
otras Administraciones Públicas para facilitar el acceso
recíproco de su personal a las correspondientes plazas, sin
perjuicio de las especificidades que se deriven de las
características de cada plaza.