(Resolución aprobada en las Jornadas Federales de IU, Alicante 3-4 de junio de 2005)
El pasado 31 de mayo la Ministra de Educación hizo público el documento "Propuestas de Mejoras. Estimación de Costes", que viene a completar el Anteproyecto de LOE, al incluir la valoración económica de las actuaciones que allí se contemplan.
Al ser presentado a la Conferencia Sectorial de Educación, el día 2 de junio, ha sido objeto de una descalificación global y posterior abandono de la reunión por parte de los Consejeros del Partido Popular.
El documento es un instrumento de trabajo de cara a la confección de la Memoria preceptiva que debe acompañar a la LOE. Y como tal es cuestionable, pero entendemos que desde un análisis crítico riguroso y no desde posiciones a priori de huida al monte. Resulta irónico que hoy adopten esa actitud quienes fueron incapaces de presentar una Memoria económica para la LOCE, renegando incluso de unos borradores de memoria que intentaban hacer su reforma a coste cero.
Desde Izquierda Unida queremos hacer una aportación crítica a este debate. Nos parece adecuado que se presente un documento de este tipo, aunque lamentamos, una vez más, habernos enterado de su contenido por los medios.
Pensamos que hay un intento serio de ser rigurosos a la hora de estimar los costes, pero estamos muy alejados de su contenido, fundamentalmente por tres motivos: en primer lugar por la insuficiencia financiera de los recursos que se pretenden movilizar; en segundo lugar por las prioridades seleccionadas y cómo se cuantifican; y en tercer lugar por las actuaciones no contempladas.
1.- Insuficiencia financiera. El desfase histórico que presenta el porcentaje de PIB dedicado a gasto público educativo, respecto a la media de la Unión Europea, no ha sido corregido por aplicación de la Adicional 3ª de la LOGSE. El porcentaje español, que está en el entorno del 4.5%, dista al menos un punto de PIB de la media de la UE.
El Anteproyecto de LOE nos reproduce una Disposición Adicional 3ª sobre recursos económicos que invoca "una equiparación progresiva" al gasto comunitario. Y en el último debate del Estado de la Nación se aprobó por el Congreso una Resolución sobre Educación, cuyo punto 2º dice textualmente: "... equiparación progresiva del gasto público, al final de la implantación de la Ley, a la media de los países de la Unión Europea..."
El documento presentado por el MEC incluye para el año 2010 un incremento de gasto, respecto al 2005, de 1743 millones de euros, para las actuaciones contempladas en la LOE. Este incremento sería sufragado en un 55% por el MEC, lo que es un buen ejemplo de cooperación institucional; pero, en términos de PIB, supone sólo un incremento de 0.2%, lo que nos situaría en un 4.7%, muy alejado del objetivo de convergencia en gasto hoy plenamente asumido por toda la sociedad.
Desde Izquierda Unida hemos reclamado que el Proyecto de Ley sea también de su Financiación, que recoja en un Título específico el objetivo financiero de la equiparación de gasto, junto con unos criterios de asignación de esos nuevos recursos en un esquema de cofinanciación Administración Central-Comunidades Autónomas, basado en la solidaridad y la compensación interterritorial.
Podemos resumir que el monto económico que recoge el documento del MEC es la cuarta parte de lo que IU estima necesario para remediar nuestro desfase histórico.
2.- Actuaciones previstas. El MEC establece y cuantifica once líneas de actuación. Al estudiarlas hemos experimentado diferentes estados de ánimo: comprensión, dudas, confusión, perplejidad, y hasta rubor. Queremos destacar lo siguiente:
En "Incremento de la oferta de plazas en el primer ciclo de educación infantil", el objetivo es más que modesto. Se pretende pasar de 172.000 escolarizados a 254.000 en cinco años. Pero si lo vemos al revés, significa bajar de 1.192.000 sin escolarizar a 1.110.000. El coste de la actuación se evalúa en 200 euros al mes para cada niño. Esto será cuando la plaza esté funcionando, pero ¿quién la crea ?. Ya que no hay presupuesto de inversión en plazas públicas de educación infantil, ¿cuál es el objetivo?, ¿dejar la creación a la iniciativa privada para luego subvencionar?
En "Becas" hay un incremento sostenido de 85 millones de euros anuales, que nos parece adecuado si se asegura que serán para becar estudios secundarios postobligatorios, ya que el incremento para becas universitarias debe ir en la memoria económica de la Reforma de la LOU.
Los "Programas de refuerzo educativo y mejora del aprendizaje" son claramente insuficientes por su extensión y su valoración económica. Son inaceptables ratios de 15 en primaria y de 20-25 en secundaria para contabilizar los grupos de refuerzo. La metodología de cálculo debería ser otra. Todo alumno o alumna que esté cursando primaria o secundaria obligatoria tiene derecho a que, si presenta dificultades de aprendizaje, se pongan en práctica medidas de refuerzo, tan pronto como se detecten esas dificultades y no esperar a 4º de primaria. El alumnado tiene derecho a recibir los apoyos previstos en los artículos 19 y 22 del Anteproyecto, y ajustados a sus necesidades específicas, independientemente de la Comunidad Autónoma donde viva y del tamaño de su centro.
En el capítulo de "Refuerzo del aprendizaje de lenguas extranjeras en la educación básica" se apuesta por una hora semanal de desdoble para un 25% de los grupos de primaria y secundaria, y un incremento del 25% de las unidades de último curso de educación infantil que imparten lengua extranjera. Cuestionamos aquí esta metodología de parches. En la enseñanza de lenguas extranjeras se debería apostar por la reducción de ratio a la mitad, con carácter general, concentrando en menos años el aprendizaje funcional de la lengua extranjera.
Nos causan rubor las "Medidas de apoyo al profesorado". A la necesidad de ampliar en una hora lectiva las tutorías de la ESO, se responde con el pago, sólo al 60% de los tutores, de un complemento de 30 euros mensuales. El ahorro con esta medida es cercano al 85%. El reconocimiento al esfuerzo por la innovación, dedicación al centro etc, alcanzará al 40% del profesorado, pero no consiste en ningún complemento o sexenio consolidable, sino en una gratificación, por una sóla vez, de 600 euros.
La "Jubilación anticipada" se computa como si fuera una actuación nueva, cuando lleva vigente desde 1990, lo que exigiría un ajuste contable a la baja en las tablas. Además el cálculo se hace sumando cada año nuevos efectivos, pero sin dar de baja a los que pasan a percibir su pensión por el régimen de clases pasivas del Estado o el que les corresponda.
La gratuidad del segundo ciclo de educación infantil mediante los conciertos, medida que Izquierda Unida no comparte, se lleva el 20% del monto global de recursos financieros. Además la metodología de cálculo es contradictoria. En una parte del documento se habla de un concierto extensivo al 93% de las plazas privadas, mientras en la tabla de cuantificación se prevé concertar la totalidad de la educación infantil de 3 a 6 años, lo que supone incluir TODA la privada (también la no concertada).
3.- Aparte de las discrepancias sobre las actuaciones señaladas, debemos señalar algunas notables ausencias:
i) Faltan partidas presupuestarias para gran parte de las actuaciones de Equidad contempladas en el Anteproyecto: atención a la inmigración, desdobles, reducción de ratios, etc.
ii) Faltan partidas específicas de inversión en plazas públicas, sobre todo en educación infantil, formación profesional y tejido educativo público en los nuevos desarrollos urbanísticos.
iii) No hay partidas específicas para formación permanente del profesorado, licencias por estudio, etc
iv) No hay partidas para sufragar la apertura de centros públicos fuera del horario escolar, para bibliotecas, estudio asistido, actividades y personal de apoyo que permita llevarlas a cabo.
v) Faltan partidas verdaderamente reconocedoras de la importancia de la función docente (reducción lectiva a mayores de 55 años, horas de tutoría, mecanismos de promoción, jubilación voluntaria incentivada...)
vi) Faltan partidas que sustenten un nuevo modelo de formación inicial.
Por todo ello el documento del MEC nos parece francamente mejorable. Además la correlación es clara, ante la cicatería presupuestaria las medidas se han empobrecido, aunque salvando, eso sí, la concertación generalizada del segundo ciclo de educación infantil.
Es imprescindible establecer en esta Ley criterios e indicadores objetivos, asumidos desde la Conferencia Sectorial, sobre las prioridades de gasto y evaluación de necesidades, cofinanciando las actuaciones en un sentido compensador interterritorial, con la fórmula que arbitre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y con un marco global de recursos que suponga elevar en al menos ocho décimas de punto porcentual del PIB, el gasto público educativo en España, en el horizonte del año 2010.
Para la consecución de esa meta Izquierda Unida está dispuesta a multiplicar sus esfuerzos.
Alacant 4 de junio 2005