EJES PROGRAMÁTICOS 2003
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Las propuestas programáticas sobre educación, tanto en el ámbito autonómico como en el municipal, deben ser coherentes con el modelo educativo que viene defendiendo IU y que está recogido tanto en el Programa de Educación presentado por IU en las elecciones generales del 2000, como en el documento Por una educación pública de calidad para la igualdad de febrero de 2002.

Los ejes vertebradores de nuestro modelo y, en consecuencia, de las propuestas de actuación que planteamos, responden a los siguientes principios:

• La educación es un derecho fundamental, reconocido como tal en la Constitución y en las Leyes Orgánicas correspondientes. Eso implica que los poderes públicos (central, autonómico y municipal) tienen la obligación de garantizar el ejercicio de este derecho a todos y todas "mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes" (art. 27.5 de la Constitución).
• La educación pública es la única que puede garantizar el ejercicio de ese derecho en condiciones de igualdad y democracia. Nuestra apuesta rotunda por el carácter público de la enseñanza es una apuesta por una educación pluralista y crítica, respetuosa con las diferencias a la vez que integradora de las mismas, gestionada democráticamente y compensadora de las desigualdades sociales. Estos valores, auténticas señas de identidad de la enseñanza pública, debemos entenderlos y defenderlos a su vez como los indicadores efectivos de la calidad educativa.
• Una escuela pública de calidad tiene que contar con financiación pública suficiente y solidaria, es decir, que asegure el derecho a la educación a todos y todas por igual. Por ello desde IU hemos reiterado año tras año la necesidad de una Ley de Financiación de la educación pública y de un Fondo de Compensación Territorial para asegurar una enseñanza de calidad en condiciones de igualdad en el conjunto del sistema educativo público.
• Desde nuestro modelo de Estado federal apostamos también por una auténtica autonomía educativa, entendida no como una mera descentralización administrativa en la gestión de los recursos, sino –tal como se recoge en la propia Constitución- como una participación efectiva de todos los sectores afectados en la toma de decisiones. Por eso defendemos a ultranza el pleno ejercicio de las competencias educativas por parte de las CCAA y defendemos también un mayor peso de los Ayuntamientos en este ámbito.

2. LÍNEAS PROGRAMÁTICAS AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES

2.1. Por una enseñanza pública de calidad para la igualdad

Para IU el mejor modo de garantizar el ejercicio del derecho a la educación en condiciones de calidad y de igualdad pasa por defender a ultranza un sistema público de enseñanza que, desde la educación infantil hasta la universitaria, esté al servicio de las necesidades sociales, de la igualdad de oportunidades y de los valores democráticos.

La mejora de la calidad de la enseñanza se ha convertido en un eslogan que utilizan todas las formaciones políticas y sindicales, así como múltiples organizaciones sociales, sean o no del ámbito educativo. Esta especia de muletilla es una expresión vacía si no se indica qué se entiende por una educación de calidad. Basta leer el articulado de la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación para constatar que, bajo el paraguas de la "calidad", se incluyen medidas contrarias a lo que desde IU (junto a otras organizaciones políticas, sindicales y sociales) entendemos por calidad. (Ver el documento "Análisis y valoración de IU a la Ley de Calidad" del PP).

Para IU la calidad de la enseñanza coincide básicamente con lo que desde hace años venimos identificando como "Alternativa de la escuela pública", que es patrimonio común de la izquierda social y política, y cuyas señas de identidad son su carácter laico, pluralista y democrático, su compromiso con una enseñanza científica y crítica, respetuosa con las diferencias a la vez que integradora de las mismas, y compensadora de las desigualdades. En resumen, una educación de calidad es aquella que permite responder a las diversas necesidades educativas del conjunto de la población asegurando una efectiva igualdad de oportunidades y una gestión democrática, transparente y socialmente eficaz.

Nuestras propuestas programáticas se inspiran, por tanto, en una concepción de la calidad educativa que está indisolublemente unidad a la igualdad y al carácter público de la enseñanza.
 

Propuestas de actuación

• Promulgación en cada C.A., tras un diagnóstico de situación y un amplio debate social, de una Ley de la escuela pública que incluya medidas y compromisos de calidad para la igualdad respecto a: infraestructuras y equipamientos, ratios, plantillas, servicios de apoyo, actuaciones específicas de atención a la diversidad y de compensación educativa, medidas que aseguren y amplíen la participación democrática...
• Puesta en marcha, en cada municipio, de un Plan de medidas urgentes para favorecer el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria, que concrete actuaciones de apoyo a los alumnos y alumnas que presentan dificultades de aprendizaje desde el momento en que se detectan, así como actuaciones para atender las necesidades específicas del alumnado procedente de otras culturas, del alumnado con problemas de exclusión social y del alumnado con alguna discapacidad. Dicho plan, de carácter autonómico, se elaborará en estrecha colaboración con los Ayuntamientos y deberá ser debatido y aprobado en el Consejo Escolar de la Comunidad, una vez que haya obtenido informe favorable en los correspondientes Consejos escolares municipales.
• Creación, en cada C.A., de un Instituto de calidad y evaluación del sistema educativo, cuyos planes de trabajo y líneas prioritarias de actuación deberán recibir la aprobación del Consejo Escolar Autonómico o del Consejo Interuniversitario. Dicho Instituto pondrá sus medios técnicos al servicio de la autoevaluación de los centros educativos, como unidades básicas del control de calidad de la enseñanza.
• Para el ámbito universitario, creación de Agencias regionales de Evaluación y Calidad. Cada Agencia deberá constituirse como un organismo autónomo y entre sus principales objetivos estarán la consecución de los máximos niveles de calidad en el sistema universitario y su adecuación a las demandas sociales.
• Ampliación de la red pública de escuelas infantiles para cubrir, en un plan cuatrienal, la demanda de escolarización de 0 a 6 años, especialmente el ciclo 0-3 años.
• Plan de incorporación de las NNTT de la Información y la Comunicación en todos los centros públicos, que incluya acciones formativas específicas para el profesorado.
• Plan integral de formación profesional que, junto a la extensión de los ciclos formativos de grado medio y superior más demandados, incluya y coordine la formación ocupacional y los programas de garantía social (o de iniciación profesional) en cada Comunidad Autónoma. Este Plan debe ir precedido de un análisis de expectativas de empleo (a través del Observatorio regional del mercado de trabajo) y de las necesidades de formación correspondientes; además deberá elaborarse con la participación de las Administraciones autonómica y municipal y de representantes de los agentes sociales.
• Ampliación de la red de centros de Educación de Personas Adultas (E.P.A.) hasta cubrir la totalidad de la demanda en cada distrito escolar, en régimen de enseñanza presencial, complementada con la modalidad a distancia. Estos centros deberán adecuar su oferta y sus horarios a las características de su alumnado, con especial atención a las mujeres trabajadoras que siguen asumiendo en solitario las responsabilidades domésticas.
• Programa-marco autonómico de apertura de los centros a su entorno que se concretaría en cada Distrito educativo y/o en cada municipio. En dicho programa se promoverá también el uso de los centros universitarios por la sociedad que los financia. Para profundizar la relación Universidad-sociedad, las Administraciones locales y las Universidades públicas desarrollarán un programa de becas orientado a que estudiantes universitarios realicen funciones de apoyo al alumnado de Primaria y Secundaria que necesite refuerzo educativo fuera del horario escolar, y que por su situación socio-familiar no pueda recibirlo de otro modo.
• Plan regional de investigación adecuado a las necesidades sociales y económicas de cada C.A. y que asegure la coordinación y cooperación entre Universidades, los Organismos públicos de Investigación y los agentes sociales.

2.2. Hacia una red única de centros públicos

La enseñanza pública está sufriendo agresiones continuadas por parte del Gobierno central y de ciertos gobiernos autonómicos, tanto en el plano de la financiación como en el deterioro de su imagen y de sus propias señas de identidad. Frente a ello, la patronal de la enseñanza privada (mayoritariamente católica) ha logrado potenciar el papel de sus centros mediante una política de conciertos y de condiciones de escolarización que está repercutiendo negativamente en la red pública, abocada a convertirse en numerosas zonas en una red educativa subsidiaria y asistencial, que acoge al alumnado que no puede ir a los otros centros "sostenidos con fondos públicos".

IU se viene oponiendo desde hace años a las tendencias privatizadoras de la educación en sus diferentes niveles, y de manera especial a la negativa política de conciertos que ha fomentado el PP y algunos gobiernos autonómicos del PSOE. Frente a ello, nos pronunciamos abiertamente por avanzar hacia un red única de centros públicos a través de un proceso que fomente y facilite la incorporación a dicha red de los centros concertados.

Nuestras propuestas programáticas sobre la red de centros educativos responden a los siguientes criterios:

– Definición precisa de las necesidades educativas de cada C.A. y de cada municipio, a corto y medio plazo, teniendo en cuenta que la oferta educativa debe incluir diversas modalidades de enseñanza, de modo que se puedan atender las demandas formativas de diversos colectivos y no sólo las propias de la población "en edad escolar".

– En coherencia con lo anterior, definición de la red pública correspondiente, diferenciando entre lo que la red existente permite atender y lo que requiere nuevas construcciones o remodelaciones. Nuestro objetivo es que una red única de centros públicos llegue a cubrir, en cada distrito escolar, las demandas educativas que vayan surgiendo.

– Nos oponemos, con carácter general, al concierto con centros privados de enseñanzas no obligatorias (sobre todo de Educación infantil). La red pública debe responder a las diversas demandas de escolarización, especialmente en las edades más tempranas.

– Los conciertos educativos con la enseñanza privada deben tener carácter subsidiario, es decir, sólo se mantendrán en aquellos casos en que la red pública no permita atender la demanda de escolarización en un momento dado. Lo concertado en su día no equivale a concierto sine die, sino que debe supeditarse siempre a las necesidades de escolarización. En ningún caso podemos admitir que se amorticen plazas escolares públicas y se amplíe o mantenga intacta la red concertada de la zona afectada.

– La pervivencia de un sector de centros privados de enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos públicos pasa necesariamente por la equiparación de sus condiciones laborales, de funcionamiento, gestión y participación democráticas, con las propias de los centros públicos.

– El análisis de la oferta y demanda de plazas de enseñanza post-secundaria (universitaria y FP superior) en cada C.A, a fin de subsanar los déficits de plazas públicas en determinados sectores y titulaciones, que deberán ampliarse especialmente en los campos con mayor demanda de empleo. Hay que evitar que quede en manos de la iniciativa privada la oferta de plazas (para quien pueda pagárselas) en los sectores punteros o de mayor demanda profesional.

A su vez se debe producir la progresiva reincorporación a las Universidades públicas de los estudiantes y el personal de los centros asociados y adscritos, que cumplieron su función cuando las plazas de las Universidades públicas eran insuficientes. En ningún caso deberían ser el embrión de nuevas Universidades privadas.

– Para la realización de prácticas regladas, los estudiantes procedentes de Universidades públicas gozarán de preferencia en los hospitales públicos. Cuando sean accesibles a los estudiantes de centros privados, éstos contribuirán económicamente al hospital o centro público, de acuerdo con el servicio recibido, a fin de evitar una subvención encubierta del sistema público de salud a las Universidades privadas.
 

2.3. Descentralización y participación ciudadana

Como hemos reiterado en múltiples ocasiones, la descentralización la entendemos como un requisito al servicio de una mayor participación democrática en la gestión de los servicios públicos. Desde esta óptica, nuestras propuestas programáticas deben presentar siempre esa doble vertiente: la distribución de competencias (Autonómicas, de Distrito Escolar, Municipales) unida a órganos de participación ciudadana que tengan capacidad reconocida para intervenir en la toma de decisiones en su ámbito.
 

2.3.1. Descentralización de competencias

Para IU la culminación del largo proceso de transferencias educativas a todas las CC.AA. supone sólo una primera etapa de la descentralización administrativa. La segunda debe consistir en la creación de Distritos escolares que permitan, por un lado, una mayor participación de los sectores educativos y sociales en la gestión del sistema público de enseñanza; y por otro, un conocimiento más cualitativo de las necesidades y un mejor aprovechamiento de los recursos educativos disponibles.

La base legal para proponer la creación de dichos Distritos escolares está en la LOGSE, cuyo artículo 58.5, incluido a partir de una enmienda de IU, recoge la posibilidad de organizar funcionalmente los servicios educativos en ámbitos más reducidos que la provincia. Tal vía fue utilizada, por ejemplo, en Madrid, que cuenta con cinco Subdirecciones Territoriales de Educación.

Definimos el Distrito escolar o educativo como la unidad orgánica y funcional en que se estructura el conjunto de recursos humanos, físicos, curriculares y materiales que se van a aplicar en el servicio educativo en un marco geográfico delimitado.

La red de distritos educativos que proponemos establecer en cada Comunidad Autónoma tiene que servir para acercar a la ciudadanía el servicio educativo y los centros o unidades de información, asesoramiento y gestión. Además de ese criterio básico, los siguientes criterios pueden ayudar a perfilar la mejor solución en cada ámbito territorial:

- Cada distrito educativo debe abarcar un número máximo de habitantes, para que la gestión no se complique exponencialmente y se escondan en los grandes números y las ratios medias parcelas de realidad que conviene tener a la vista para poder actuar.

– Cada Distrito debe desplegar una oferta educativa plena desde los 0 a los 18 años de edad, es decir que incluya Educación infantil, Primaria, ESO, Garantía social, Ciclos formativos de FP (de grado medio y superior), ajustados a la demanda y al tejido social y productivo, todas las modalidades de Bachillerato, una oferta específica para personas adultas y enseñanza a distancia y en régimen presencial nocturno, Secciones de la Escuelas Oficiales de Idiomas, Enseñanzas de Música y Danza.

– Cada Distrito debe tener un número mínimo de potenciales usuarios para poder ofrecer en su amplitud y complejidad las modalidades expuestas. Al mismo tiempo este criterio evita multiplicar innecesariamente el número de distritos, lo que malgastaría recursos, haciendo factible una política educativa coordinada en todos ellos.

– Cada Distrito debe tener una amplitud geográfica razonable, de modo que la baja densidad de población no haga necesario recorrer grandes distancias para satisfacer en el Distrito la demanda educativa. Conjugar este criterio con el anterior puede llevarnos a proponer, en algunas comunidades, la creación de "Extensiones" de distrito, que funcionarían para la mayor parte de la oferta educativa como un distrito más, pero que completarían su oferta en un distrito contiguo, del que serían "extensión".

– Cada Distrito debe albergar en su seno la red de apoyo al servicio educativo necesaria para que éste se realice con la calidad adecuada. Por ello todo Distrito tendrá un Centro de Profesores, una unidad administrativa y de gestión de la Consejería competente en educación, equipos del SITE, equipos de apoyo psicopedagógico, unidad de servicio médico escolar, Consejo escolar de distrito (con la infraestructura de medios físicos y de personal adecuados a su función), Secciones sindicales y Juntas de personal de distrito del profesorado, PAS y laborales.

• Los Distritos responderán a una de las siguientes tipologías básicas:

Distrito urbano: Cuando la gran extensión del municipio hace aconsejable dividir éste en varios distritos.

Distrito comarcal o insular (plurimunicipal): Cuando varios municipios integran un distrito. Con dos variantes:

a) Distrito integrado por un gran municipio aglutinante y varios municipios vecinos más reducidos,

b) Distrito "rural" o "comarcal" integrado por municipios reducidos, de tamaño similar, que integran una zona o comarca geográficamente identificable.

– En cada distrito existirá un Consejo escolar con participación de representantes de las dos administraciones, de los distintos sectores de la comunidad educativa y de otras organizaciones sociales con implantación en la zona.

– En cada Distrito existirá un Consejo de formación profesional, con representación de los agentes sociales, que planificarán, promoverán y supervisarán la implantación de una formación profesional ajustada a la demanda social y al tejido productivo.

– El "mapa" de los distritos en cada C.A. será fruto de un pacto político entre los poderes municipales y el poder autonómico correspondiente. La viabilidad de ese pacto político haría necesario que su aprobación se realizara por amplia mayoría, tras una negociación consensuada y con carácter vinculante para todos los municipios de esa C.A.
 

2.3.2. Participación democrática

La mejor forma de educar para la democracia es hacer que la escuela sea un organismo de vida democrática. Educar en democracia nos lleva, pues, a plantear medidas que fomenten la participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros y en la del propio sistema educativo. Tales medidas pasan por la potenciación del asociacionismo y por una mayor transparencia, un incremento de competencias y un cambio en la composición de los Consejos escolares (de centro y territoriales), de los Consejos sociales, Claustros y Consejos de Gobierno de las Universidades y del propio Consejo de Coordinación Universitaria.
 

Propuestas de actuación

o Creación y/o reforzamiento del papel de los Consejos Interuniversitarios, Consejos Escolares y Claustros Universitarios. En cada C.A. existirá un Consejo Interuniversitario con representación de la Administración autonómica, de la Universidad o Universidades, de la Asamblea legislativa, de los estudiantes y de los Agentes sociales. Dicho Consejo establecerá un mapa con la oferta de titulaciones que, a nivel autonómico, y teniendo en cuenta los recursos existentes, dé respuesta desde las Universidades públicas a la demanda social. Igualmente los Ayuntamientos en que se encuentran enclavadas las Universidades deben incorporar políticas activas, incluso financieras, hacia las mismas, por medio de sus representantes en los Consejos sociales.

[En el marco de la LOU corresponde a las CC.AA. regular la composición y las funciones de los Consejos Sociales. Entendemos este Consejo como el órgano de participación de la sociedad en la Universidad, cuya composición debe incluir representación del Parlamento Autonómico, de la Federación de Municipios, de los sindicatos más representativos, de las organizaciones empresariales más representativas (al menos un representante debe pertenecer a las organizaciones de economía social, de conformidad con la normativa vigente), de Organizaciones no gubernamentales que desarrollan actividades educativas o universitarias, y de aquellas organizaciones o entidades con implantación y trascendencia en la realidad social de la Comunidad]

o Creación y reforzamiento del papel de los Consejos escolares autonómicos, de Distrito educativo y municipales (cuando no coincida Distrito y municipio).Frente a los inadmisibles recortes de competencias que prevé la Ley de Calidad del PP, para IU estos órganos de participación deberán tener competencias de gobierno (las propias de la planificación general de la oferta educativa en su ámbito territorial), de control y, en aquellas cuestiones educativas sobre las que no puedan tomar decisiones últimas, se les reconocerá el derecho de propuesta, de modo que el órgano competente (Consejería de Educación, Pleno Municipal, Junta de Distrito) tenga que debatirla y pronunciarse al respecto.

Los Consejos escolares de Distrito y municipales analizarán y plantearán propuestas para reducir el fracaso escolar y funcionarán en estrecha colaboración con el Consejo Escolar de la Comunidad Autónoma ante el cual han de tener reconocida capacidad para proponer:

• La planificación de la red de centros de la zona.
• La distribución racionalizada del alumnado.
• La distribución y control de los fondos correspondientes.
• La coordinación de los equipos psicopedagógicos.
• La planificación de las actividades extraescolares.

o Constitución de Comisiones de escolarización (municipales o de distrito) permanentes, en las que se garantice la participación de todos los sectores de la comunidad educativa y que estén coordinadas por los ayuntamientos.

o Potenciación de la participación democrática en los centros educativos mediante medidas de apoyo y fomento al asociacionismo del alumnado y de las AMPAs.
 

2.4. Financiación y planificación

IU apuesta claramente por un modelo de Estado federal solidario, en el que los déficits que puedan presentar determinados territorios, respecto al ejercicio de derechos fundamentales, tendrán que ser compensados arbitrando mecanismos de financiación específica. Este planteamiento resulta especialmente adecuado a la situación de la educación en nuestro país, dadas las importantes desigualdades territoriales que existen al respecto, desigualdades que se presentan también dentro de las diferentes CC.AA. Por ello, nuestras propuestas programáticas sobre financiación pretenden, ante todo, que las oportunidades educativas de todos los ciudadanos y ciudadanas sean básicamente iguales, al margen del hecho de residir en una u otra comunidad autónoma, o de vivir en una zona rural o urbana.
 

2.4.1. Financiación pública suficiente y solidaria

La financiación pública de la educación debe ser, en cada C.A., suficiente y solidaria. Lo primero, para asegurar una oferta educativa que garantice la aplicación de las reformas en marcha y sea adecuada a las necesidades de cada territorio (C.A., Distrito, Municipio); y lo segundo, para evitar desigualdades en las oportunidades educativas entre la población de unas zonas y otras.

Nuestras propuestas al respecto deben adecuarse a lo que planteamos en el ámbito estatal:

o Alcanzar en la próxima legislatura un gasto educativo por alumno/a acorde con la asignación de al menos el 6% del PIB estatal para gasto público educativo y exigir que la Ley de la escuela Pública de cada C.A. contenga compromisos explícitos de financiación

o Crear un fondo de compensación interterritorial para la educación en cada C.A., cuya administración estaría supervisada por el Consejo escolar autonómico y por el consejo interuniversitario.

o Incrementar sustancialmente los distintos tipos de becas: matrícula, material escolar, desplazamiento, igualdad de oportunidades (estancia).

o Transferir a los municipios los fondos finalistas que les permitan desarrollar mayores competencias en educación. Por ejemplo, la relativa a dotaciones de equipamientos y material didáctico, incluyendo los libros de texto en las etapas obligatorias. En aquellos municipios donde gobierne IU, y en colaboración con los sindicatos y asociaciones de padres, se habilitarán todos los años uno o varios espacios públicos para la venta de libros de texto usados.

o Plan estratégico en cada C.A. de enseñanza presencial y no presencial asistida, en el que queden incorporadas las nuevas tecnologías y se produzca la adaptación de las mismas al sistema educativo.
 

2.4.2. Planificación de la oferta educativa

Respecto a la planificación de la red escolar, planteamos la necesidad de elaborar un Plan cuatrienal de inversiones, pactado con los Ayuntamientos, que responda a las necesidades de escolarización a corto y medio plazo. Dicho plan debe incluir medidas relacionadas con:

o Actuaciones urbanísticas: oferta de suelo público para equipamientos educativos.

o Evolución demográfica previsible (cuantitativa y "cualitativa": tipo de población).

o Adaptación de la red de centros para, como mínimo: generalizar la escolarización de todos los escolares de 3 a 6 años, cubrir la demanda de plazas infantiles de 0-3 años, impartir toda la ESO en los IES, cubrir la totalidad de la demanda de EPA (presencial y a distancia), implantar programas de garantía social (o iniciación profesional) y ciclos formativos acordes con las tendencias de empleo de la Comunidad.

EXTRACTO PROGRAMA AUTONÓMICO 2003

1. Por una educación pública de calidad para la igualdad

• Promulgación en cada CCAA de una Ley de la Escuela Pública que incluya medidas y compromisos de igualdad y calidad respecto a infraestructuras, plantillas, servicios de apoyo, etc. Asimismo incluirá los correspondientes compromisos de financiación.
• Creación en cada CCAA de un Instituto de calidad y evaluación del sistema educativo en coordinación con el Consejo Escolar autonómico y del Consejo Interuniversitario.
• Plan de medidas urgentes para favorecer el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria . Se elaborará contando con los Ayuntamientos, y será aprobado por el Consejo escolar de la Comunidad, una vez que éste tenga un informe favorable de los Consejos escolares municipales o de distrito.
• Ampliación de la red pública de Escuelas infantiles para cubrir la demanda de 0 a 6 años, especialmente el ciclo de 0 a 3 años. Los horarios de los centros se organizarán de modo que los tiempos escolares se complementen con horarios para atender las necesidades de las familias.
• Plan integral de formación profesional que, junto a la implantación efectiva de los ciclos formativos de grado medio y superior, incluya y coordine la formación ocupacional y los Programas de garantía social en cada CCAA
• Creación de centros de Educación de Personas Adultas (E.P.A) coordinado por el Consejo Escolar de distrito, que cubra las necesidades de diferentes colectivos.
• Promoción de un Programa-Marco autonómico que permita a los vecinos el uso de los centros fuera del horario escolar en su Distrito educativo y en cada Municipio.

2. Hacia una red única de centros públicos

• Planificar las necesidades educativas en cada CCAA a corto y medio plazo, teniendo en cuenta no sólo la oferta formativa para la población en edad escolar, sino también para otros colectivos (mayores, mujeres, jóvenes etc..).
• Red única de centros públicos que integre y canalice, en cada CCAA, las demandas educativas en los diferentes niveles y modalidades.

3. Descentralización y participación ciudadana

• Creación de distritos educativos que ofrezcan plazas para todas las modalidades de enseñanza. Estos distritos tendrán en cuenta el número de habitantes y la extensión del territorio. Las enseñanzas que se impartan tendrán en cuenta las características y las necesidades económicas y culturales de cada población.
• Los Consejos Escolares son un instrumento que, desde IU, consideramos imprescindible para la descentralización y la participación ciudadana. Tendrán capacidad para:

• Transferir a la administración local fondos para desarrollar mayores competencias educativas (en concreto, para dotación de equipamientos y material didáctico).
• Elaboración del mapa de distritos educativos en cada CCAA.
• Alcanzar un gasto educativo por alumno/a acorde con el 6% del PIB estatal que, como mínimo, planteamos para gasto público educativo.
• Incluir en la Ley de la escuela pública de cada C.A. mecanismos y compromisos concretos para una financiación suficiente del sistema educativo
• Crear un fondo de compensación interterritorial para la Educación en cada CC.AA., cuya administración estará supervisada por el Consejo Escolar Autonómico y por el Consejo Interuniversitario.
• Incrementar los distintos tipos de becas para hacer efectiva la igualdad de oportunidades en educación.
• Creación de un sistema de becas-salario en el ámbito universitario, que cubrirá los costes directos, indirectos y de oportunidad del estudio, en los casos de rentas más bajas.
• Plan estratégico de enseñanza presencial y no presencial asistida, en el que se incorporen las nuevas tecnologías adaptadas al sistema educativo.
• Elaboración de un Plan Cuatrienal de inversiones, pactado con los Ayuntamientos, que responda a las necesidades de escolarización, con medidas como: actuaciones urbanísticas, oferta de suelo publico para equipamientos educativos según la evolución demográfica previsible, etc.

EXTRACTO PROGRAMA MUNICIPAL 2003

1. Por una educación pública de calidad para la igualdad

• Plan municipal de medidas urgentes para favorecer el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria . Será aprobado inicialmente por el Consejo escolar municipal y se propondrá, para su aprobación definitiva y su financiación, al Consejo escolar de la Comunidad.
• Ampliación de la red pública de escuelas infantiles para cubrir, en cada municipio, la demanda de 0 a 6 años, especialmente la del ciclo de 0 a 3 años. Los horarios de este alumnado se organizarán combinando los tiempos escolares y las necesidades de las familias.
• Plan integral de formación profesional elaborado por la administración municipal y los representantes de los movimientos sociales, a partir de un análisis de las expectativas de empleo.
• Creación de centros de educación de Personas Adultas (E.P.A) coordinado por el consejo Escolar de distrito que cubra las necesidades de diferentes colectivos.
• Promoción de un programa-marco que permita a los vecinos el uso de los centros de su Distrito educativo en cada municipio.
• En aquellos municipios donde gobierne IU se promoverá la reutilización de libros usados, en colaboración con sindicatos y asociaciones de padres.

2. Descentralización y participación ciudadana.

• IU pondrá en marcha una efectiva descentralización mediante la creación de distritos educativos que atiendan las demandas educativas de la población correspondiente y acerquen el servicio público educativo a la ciudadanía. Estos distritos tendrán en cuenta él numero de habitantes y la extensión del territorio. Las enseñanzas que se impartan se adecuarán a las características de la zona y las necesidades económicas y culturales de la población.

• Consejos Escolares municipales y de distrito con competencias para :

• Análisis de las necesidades educativas en cada municipio, a corto y medio plazo, teniendo en cuenta, junto a la demanda de la población en edad escolar, la de otros colectivos (mayores, mujeres, jóvenes etc..).

• Los Ayuntamientos elaborarán un Plan Cuatrienal de inversiones que responda a las necesidades de escolarización a corto y medio plazo. En este Plan se incluirán medidas como la oferta de suelo público para equipamientos, un estudio cuantitativo y cualitativo de la evolución demográfica previsible y la adaptación de los centros para generalizar la escolarización en una red única de centros públicos.