AREA FEDERAL DE EDUCACIÓN
IDEAS PARA EL DEBATE DE INVESTIDURA
Resumen del Programa Electoral
I. ACTUACIONES PRIORITARIAS
1. Derogación de la LOCE y sustitución de la misma por una auténtica LEY DE CALIDAD PARA LA IGUALDAD Y SU FINANCIACIÓN, previamente consensuada con la comunidad educativa y las CCAA, que incluya, junto a las medidas de mejora de la calidad, compromisos concretos de cofinanciación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, con un carácter compensador, de modo que se asignen más recursos a los territorios que presenten mayores necesidades. (Ver nuestro texto alternativo a la LOCE)
Con carácter urgente: Real Decreto que suspenda el calendario de aplicación de la contrarreforma educativa e instrumentos jurídicos para anular el estatus de la enseñanza de Religión, la llamada Educación Preescolar, los itinerarios educativos, el modelo de Dirección de centros y la evaluación, promoción y obtención de la titulación correspondiente.
2. Derogación de la LOU y aprobación de una ley que cuente con la participación activa en su elaboración de las organizaciones sociales y en especial de las propias Universidades; y que de respuesta a la nueva situación derivada del espacio universitario europeo y de las nuevas necesidades de investigación.
3. FINANCIACIÓN SUFICIENTE PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA: incremento progresivo del GASTO PÚBLICO en educación hasta alcanzar, al finalizar la legislatura, el porcentaje medio de los países de la UE, tanto en las enseñanzas universitarias como en las etapas educativas anteriores.
4. Creación de un FONDO DE COMPENSACIÓN para eliminar las desigualdades existentes en el ejercicio del derecho a la educación entre las diversas Comunidades Autónomas y, dentro de cada una de ellas, entre zonas urbanas y rurales, de modo que se garantice una efectiva igualdad de oportunidades (en el acceso, en el proceso y en los resultados de la escolarización) para todos los alumnos y alumnas del Estado español.
5. Incremento del gasto público en becas y ayudas a los estudiantes hasta equiparalo con la media europea e introducir, en el ámbito de los estudios superiores, la modalidad de becas-salario que cubran los costes directos, indirectos y de oportunidad del estudio, en los casos de rentas más bajas.
6. Prioridad de la enseñanza pública:
Red pública de centros que permita satisfacer el derecho a la educación en todas las etapas educativas, lo que implica asegurar la creación de centros públicos en las nuevas actuaciones urbanísticas, así como incrementar las plazas públicas de Educación Infantil, especialmente en el ciclo de 0 a 3 años, de Formación Profesional y de Enseñanzas de régimen especial hasta atender la totalidad de la demanda.
Revisión de la política de conciertos educativos, limitándolos a las necesidades de escolarización de cada zona y velando escrupulosamente por que se cumplan todos los requisitos para mantener el concierto. Avanzar hacia la red única de centros públicos, mediante un proceso negociado que conduzca a la integración progresiva de la enseñanza sostenida con fondos públicos en una red única de centros públicos.
7. Estatuto de la función docente que regule, de acuerdo con las organizaciones sindicales del profesorado, el marco de condiciones laborales de los docentes. Debería incluir: sistema de acceso e incentivos profesionales; formación inicial y permanente; movilidad entre los cuerpos docentes de todos los niveles educativos; períodos sabáticos de formación para todo el profesorado; limitación del número máximo de alumnos y grupos a los que cada profesor puede impartir clases; reducción horaria lectiva, sin merma salarial, para los mayores de 55 años y la jubilación voluntaria a los 60 años en las condiciones establecidas en la LOGSE.
8. Cuerpo único de docentes mediante la reforma de los sistemas de formación inicial del profesorado, dando al Título de Maestro el carácter de licenciatura, con un plan de estudios de cuatro años de duración.
9. Derogación del Acuerdo sobre enseñanza suscrito entre la Santa Sede y el Estado Español. Hasta tanto no se derogue dicho Acuerdo, así como los suscritos con otras confesiones religiosas, las enseñanzas de religión en los distintos niveles educativos se impartirán fuera del horario escolar y, en salvaguarda del artículo 16, punto 2, de la Constitución, no constará en la documentación académica oficial del alumno referencia alguna a haberlas cursado o no.
10. Universidad e Investigación.
Planificación de la oferta de plazas de la enseñanza superior acorde con las necesidades sociales y supresión de cualquier tipo de prueba selectiva para acceder a la misma.
Plan de carrera docente e investigadora basado en un sistema de habilitaciones que acredite los méritos docentes e investigadores a través de comisiones formadas por especialistas de distintas universidades.
Contrato laboral para becarios de investigación y profesorado en formación.
Aumento de los recursos dedicados a I+D hasta alcanzar el 1,5% del PIB en la próxima legislatura y un aumento del personal en un 50%.
Creación de un Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología que concentre las competencias en I+D e Innovación Tecnológica, hoy atribuidas al MYCT y al MECD, y que integre a todos los centros públicos dedicados a I+D: Universidades, CSIC, CIEMAT, ITGE, INIA, etc. y al resto de Organismos Públicos de Investigación vinculados a distintos Ministerios.
Los recursos de I+D se orientarán a aplicaciones civiles, descartando el modelo de desarrollo vía militar, y se eliminarán los gastos de construcción de armas del Capítulo VIII de la función 54 de los Presupuestos.
Hay que invertir dos veces más que en la actualidad en un auténtico plan de Investigación+Desarrollo+Innovación tecnológica, discutido y aprobado en el Parlamento, e incrementar la productividad a través de las inversiones, la seguridad laboral y la formación continua de los trabajadores.
APORTACIONES:
DEBATE INVESTIDURA: EDUCACIÓN
Los gobiernos del PP, sobre todo en la última legislatura, han significado un retroceso importante en el ámbito educativo. Desde un punto de vista formal ha primado la arrogancia y la negación del discrepante. Sus leyes educativas, socialmente contestadas, fueron aprobadas al amparo de una mayoría absoluta, sin buscar el consenso necesario que permitiera conformar amplias mayorías que avalaran las reformas educativas. Pero el problema no fue sólo formal. El contenido de esas leyes significaba apostar por una escuela más segregadora y selectiva, menos participativa y democrática, más privatizada y confesional, más cicatera en su financiación, alejándonos de los parámetros medios de gasto educativo de la Unión Europea. Es absolutamente necesario reconvertir esa situación. Para ello es indispensable paralizar los desarrollos legislativos al amparo de la LOU y la LOCE y sentar las bases para elaborar nuevos textos legales que las sustituyan.
Es necesario recuperar un clima que permita afrontar las reformas que nuestro sistema educativo necesita. Ese clima debe estar basado en la participación en el proceso de todos los sectores implicados de la comunidad educativa y de la comunidad universitaria, las organizaciones sindicales y empresariales, los municipios y las comunidades autónomas como entidades competentes en materia educativa. El diagnóstico de situación, el debate, la búsqueda de consenso y un calendario del proceso deben ser pasos previos que conduzcan a la elaboración de un nuevo marco legal para la educación. Es indispensable, para no volver a vivir pasadas frustraciones, que lleve anejo un marco y modelo de financiación, que debe ser consensuado, pues exigirá cofinanciación de todas las administraciones, suficiente en su apuesta de acercarnos a la media europea de gasto educativo y compensador de las desigualdades territoriales.
Desde IU-ICV queremos hacer una primera aportación a ese debate, recordando algunos de los principios que consideramos básicos para identificarnos con ese nuevo marco legal educativo.
Estamos por un marco legal que recoja las medidas de calidad necesarias para la igualdad en el sistema educativo, lo que implica no sólo la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, sino en el proceso educativo y su culminación, movilizando más recursos para atender a las zonas, centros, grupos o alumnos y alumnas que por su situación de partida o por sus dificultades en el trayecto así lo exijan. Movilizar recursos diferenciadamente, dando más a quién más lo necesita. Medidas como la reducción de ratios, la atención a la diversidad, la compensación educativa, el estudio asistido, la apertura de los centros más allá del horario escolar, las bibliotecas de aula, la dotación de aulas multimedia etc, creemos apuntarían en dirección correcta.
Estamos por un marco legal que recoja el papel principal de la escuela pública como la escuela que garantiza la educación para todos. Que recoja en consecuencia la necesidad de responder desde la creación de las plazas públicas a las demandas educativas de la sociedad. Que sea riguroso a la hora de exigir que los centros privados que sean sostenidos con fondos públicos cumplan y sigan cumpliendo las condiciones y circunstancias que hicieron conveniente la firma del concierto con la administración educativa.
Estamos por un marco legal que promocione la democracia y la participación en los centros educativos. Que reconozca la autonomía de organización y decisión en los diferentes ámbitos en que se desarrolla la educación, los claustros, los consejos escolares , los municipios y las comunidades autónomas. Que se pongan los recursos necesarios de todo tipo, para mejorar la convivencia escolar.
Estamos por un marco legal respetuoso con las íntimas creencias y cosmovisiones de cada familia y de cada escolar. Por tanto la escuela pública no debe ser lugar de adoctrinamiento de ninguna religión. Las claves culturales que deba conocer el alumnado para poder interpretar en su plenitud las diferentes manifestaciones artísticas, literarias o filosóficas, deben figurar en los currículos de las correspondientes áreas o materias. Pero la escuela pública no es el ámbito para la enseñanza de una fe o una liturgia concreta. Transitoriamente, mientras se define ese nuevo marco legal, aceptaríamos como solución que el estudio de cualquier confesión religiosa con la que tuviera firmado acuerdo o convenio el Estado, tuviera la consideración de materia voluntaria, no evaluable e impartida al principio o final de la jornada escolar.
Estamos por un marco legal que recoja los compromisos que acuerden los sindicatos del profesorado con las administraciones educativas, de cara a la formación inicial, acceso, condiciones laborales, formación permanente y estímulos profesionales, con el objetivo de crear un Estatuto de referencia, que debe tener como premisas básicas el nivel de licenciatura como requisito de acceso, lo que implicaría dar ese nivel a los estudios de Magisterio, y un Cuerpo Único de funcionarios docentes para el personal docente de los centros públicos. El personal docente de los centros concertados que cumplieran los requisitos de continuidad de concierto, estaría afectado, dentro de su contratación laboral, de las condiciones establecidas en el Estatuto de la función docente.
Por último estamos por un marco legal que restañe el daño causado por los infundios y sospechas hacia la comunidad universitaria, que fueron lanzados por parte del Gobierno, durante la gestación de la LOU. Nos parece indispensable definir consensuadamente con la comunidad universitaria los cauces para la formación y estabilidad de equipos docentes e investigadores, así como garantizar el apoyo financiero y facilitar los marcos legales para poder investigar, dotando a todos los becarios y al profesorado en formación de un Estatuto que les garantice condiciones laborales y prestaciones sociales dignas y suficientes. Por otro lado deben ampliarse los cauces de funcionamiento democrático y participativo en la toma de decisiones, respetando escrupulosamente la autonomía universitaria. Dos compromisos ineludibles que debe afrontar el marco legal universitario son
1)Definir un procedimiento de acceso del alumnado a la Universidad, que no obligue a la realización de nuevos exámenes, derogando explícitamente la Prueba General de Bachillerato o Reválida
2) Garantizar la igualdad de oportunidades para cursar la formación universitaria a través de una ampliación, extensión y mejora del sistema de Becas y Ayudas al alumnado universitario, equiparándonos en el porcentaje de PIB que gasta la UE en este apartado.
APORTACIONES PARA EL DEBATE DE INVESTIDURA
La financiación de la enseñanza privada con fondos públicos debe partir de un principio: con los fondos públicos no se puede permitir hacer ningún tipo de negocio, ni económico ni ideológico.
Desde este principio se debe de legislar y desde este principio la ley que sustituya a la LOCE debe contemplar al menos las siguientes cuestiones sobre política de conciertos:
En primer lugar todos los centros sostenidos con fondos públicos deben tener una gestión democrática, en este sentido los consejos escolares de centro deben tener la misma composición y las mismas funciones en los centros de titularidad pública y en los centros concertados, y los consejos escolares de ámbitos superiores –distrito, local, autonómico o del Estado- deben garantizar un verdadero control social de la educación y de los fondos públicos a ella destinados.
En segundo lugar se deben de garantizar a través de Juntas de escolarización las condiciones de igualdad en el acceso del alumnado atendiendo a las necesidades de escolarización, con procesos de matriculación transparentes y únicos para todos los centros financiados públicamente.
En tercer lugar se deben de fijar unas condiciones laborales similares para todo el personal que trabaje en centros sostenidos con fondos públicos y se debe evitar una competencia desleal de los centros concertados, fijando unos mismos horarios para los alumnos, un mismo calendario escolar y unas mismas posibilidades de acceder a las actividades complementarias y extraescolares.
En cuarto lugar se debe fijar una forma de acceso a los puestos de trabajo de los centros concertados similar a la de los centros públicos, garantizando en todo caso los principios de igualdad, merito y capacidad y evitando cualquier tipo de discriminación por razones ideológicas o de creencias.
Por último se deben fijar mecanismos que permitan la integración de los centros concertados en la red pública, bien para aquellos centros que voluntariamente lo deseen, o para aquellos otros, que incumplan gravemente la legislación en materia de conciertos y no tengan posibilidades de supervivencia desde la iniciativa estrictamente privada.
Vamos a centrarnos en los aspectos educativos, aunque en el Programa del PSOE venía la creación de un Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, lo que obligaría a incluir aquí propuestas sobre este tema.
Las cuestiones educativas más relevantes se refieren a la modificación de las normas actuales: LOCE, LOU y Ley de Cualificaciones y FP (LCyFP). Su modificación es una exigencia para poder avanzar en educación.
Primero, suspensión; después, modificación.
Su modificación pasa por una previa suspensión. Ésta es posible si, antes del verano, se publica un nuevo RD de calendario que retrase, al menos hasta septiembre de 2005, la implantación prevista para este septiembre. Esta iniciativa significa en la ESO y Bachillerato –que son los tramos más debatidos- que los currículos que este año se están implantando por primera vez y que elaboró el PP en 2000, continúen, al menos, un curso más. En esta suspensión va la no implantación de itinerarios, PIP (programas de iniciación profesional), área de religión, reválida, conciertos de infantil, .... Si el nuevo RD de calendario modifica la Adc. 1ª del actual se deja en suspenso la aplicación en ESO de los criterios de evaluación de la LOCE, más restrictivos que los actuales (que son los del PP del 2000).
La modificación debe pasar por un debate muy abierto (de toda la comunidad educativa, administraciones, la sociedad, ...) que termine en un diagnóstico y unas alternativas. Las modificaciones deben ir en un nuevo texto legal refundido de carácter educativo, que recojan un nuevo ordenamiento de
la programación general de la enseñanza (admisión, becas, conciertos, financiación –con compromiso de recursos-, convergencia con la UE, ...) y la participación (Consejo Escolar del Estado, la Conferencia Sectorial, la financiación de compensación territorial, ... ),
la estructura y contenidos del sistema educativo,
sistema participativo de gestión y dirección de los centros,
inspección y evaluación del sistema,
Se trata de derogar o modificar los aspectos más negativos y avanzar hacia estas propuestas:
Financiación. Es imprescindible un plan de financiación que nos sitúe en el plazo más breve posible en los estándares de nuestro entorno, a partir de la situación actual que esquemáticamente se caracteriza por:
aumento del gasto en Educación superior del 1’1% al 1’6% del PIB, con un 80% de aportación pública.
aumento de las ayudas a los estudiantes y control del fraude fiscal
mejora general de las retribuciones del personal.
congelación de las tasas académicas en términos absolutos.
aumento del gasto público en I+D, estimulando aún en mayor medida el incremento de la aportación privada. Este aspecto es especialmente importante para acercarnos al objetivo de la UE de alcanzar el 3% del PIB en 2010.
- Organos de gobierno
profesionalización de la gestión, diferenciada del gobierno y dirección.
No asociar los órganos unipersonales de gobierno con la pertenencia a un determinado cuerpo, distinguiendo capacidad de dirección de reconocimiento académico, y abrir determinados órganos, como algunos Vicerrectorados, al PAS.
Evitar poner limitaciones rígidas a la composición de los Claustros y, en concreto, no primar excesivamente el porcentaje de profesores funcionarios o doctores.
Eliminar la obligación que establece la LOU de crear las Juntas Consultivas. Esto no impide que las Universidades, en uso de su autonomía, puedan crear los órganos consultivos o de coordinación que juzguen convenientes.
Elección de todos los miembros del Consejo de Gobierno por el Claustro, eliminado las designaciones directas del Rector que impone la LOU. Esta medida va en la línea de primar las competencias de los órganos colegiados y su capacidad de control sobre los unipersonales.
Pertenencia de todo el PAS y PDI al Consejo de Departamento como miembros natos.
inclusión en el Consejo de Universidades de representantes de los agentes sociales y otras instituciones cívicas, y creación de órganos análogos en cada CA.
articulación de Mesas de Negociación sindical en los tres niveles estatal, autonómico y de cada Universidad.
creación de órganos y mecanismos de evaluación y acreditación públicos e independientes para las distintas actividades de la Universidad.
En definitiva, puntos básicos para la estructura de personal serían los siguientes:
configuración de una carrera académica para el PDI y una profesional para el PAS, mediante mecanismos adecuados de evaluación y promoción, e incluyendo etapas específicas de formación, tanto investigadora como docente, para el PDI.
regularizar la situación laboral de todos los puestos de trabajo, garantizando condiciones dignas y evitando las bolsas de precariedad, por ejemplo en las etapas de formación o en caso de creación de nuevas figuras de profesorado contratado, adaptables a las necesidades de docencia e investigación. El profesorado no funcionario debe tener un contrato laboral y el período de formación no debe exceder de 6 años. A partir de ese plazo se debe tener la posibilidad de acceder a la estabilidad si se han cumplido los objetivos del proceso de formación. Si se optase por mantener las figuras de la LOU habría que exigir que se suprimiese la exigencia de desvinculación para los Ayudantes Doctores y que se reconsiderase la limitación de áreas para los Colboradores.
aplicar para cada plaza de PDI a cubrir un proceso de selección en dos fases: preselección e informe por parte de expertos externos, atendiendo a la solvencia y capacidad de los candidatos; selección definitiva por parte de la propia Universidad, en función de la adecuación a las funciones a desarrollar, de entre los antes preseleccionados.
Reconocer la nueva situación en que las Comunidades Autónomas soportan la carga financiera de las Universidades, cediendo parte de las competencias en materia salarial y permitiendo la negociación de parte de las condiciones salariales, particularmente la cuantía del complemento específico o la productividad, en las Mesas Autonómicas.
Simplificar el número de cuerpos docentes para las mismas funciones. Pensamos que se debe de dejar un Cuerpo de Profesores Doctores y otro de Profesores No Doctores pudiendo establecer en cada uno niveles de acceso y de promoción.
Estimular la jubilación anticipada, con el mismo salario, y reducir la carga docente de los profesores mayores de 60 años para permitir una política de renovación de las plantillas.
Las Universidades privadas deben tener las mismas exigencias que las públicas en cuanto a la cualificación de su profesorado (% de doctores,..)
Provisionalmente modificar la ANECA, reformar el procedimiento de habilitación y evitar la doble selectividad.
Esta ley afecta a la educación y al mundo del trabajo. Debe mejorarse en el sentido de:
favorecer la integración de los tres susbsistemas de FP,
no recortar el control social (NO a los directores seleccionados por la Admón.) en los centros integrados que pertenezcan a la red pública educativa,
adelantar todo lo relativo a sistemas de evaluación, acreditación, homologación, etc... de la experiencia laboral,
evaluar todas las pasarelas que se han abierto en el acceso a la FP reglada específica,
potenciar todos los aspectos de mejora de la formación de los trabajadores, de aprendizaje a lo largo de la vida, de incidencia en la negociación sindical,
desarrollar el catálogo de las cualificaciones y el INCUAL,
integrar la FP reglada en un sistema único, sin perder su especificidad como educativa.
En resumen, el Congreso debe recuperar protagonismo. Debe comparecer la Ministra en la Comisión de Educación del Congreso: lo dice la LOGSE (a petición de IU) y no está derogado; las comisiones de técnicos deben informar a la Comisión del Congreso, ...