1. CONSIDERACIONES GENERALES.

2. HACIA UNA RED ÚNICA DE CENTROS PÚBLICOS.

3. Descentralización y Participación ciudadana.

4.1. financiación.
4.2. planificación de la oferta educativa.

6. educación secundaria.

7. formación de personas adultas.

8. enseñanzas de regimen especial.

8.1. enseñanzas de idiomas.
8.2. Enseñanzas de Música y danza.

10. Universidad.

10.1. UN MODEL ALTERNATIU D'UNIVERSITAT
10.2. COMBATIR LOS EFECTOS PERVERSOS DE LA lOU

1. situacio actual DE LA RECERCA AL PAIS VALENCIA
2. línies d’actuació.
3. situació de la divulgació de la ciencia al pv.
4. mesures

La propuesta de La Entesa sobre Educación tiene como objetivo fundamental hacer que la educación se convierta en instrumento y motor de promoción social, igualdad de oportunidades y desarrollo en la formación de las personas para caminar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Consideramos la educación como una riqueza social de primer orden que debe estar generalizada y repartida y un instrumento de libertad e igualdad. Un pueblo ignorante nunca puede ser un pueblo libre.

La educación es un derecho fundamental, reconocido como tal en la Constitución y en las Leyes Orgánicas correspondientes. Eso implica que los poderes públicos (central, autonómico y municipal) tienen la obligación de garantizar el ejercicio de este derecho a todos y todas "mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes" (art. 27.5 de la Constitución.

El modelo educativo de La Entesa , así como las propuestas de actuación que planteamos, se rigen por los siguientes principios:

1. (49)-Por el apoyo a la Universidad como la institución pública de primera magnitud, en defensa y promoción de a investigación y la función social de la ciencia y la cultura. Por promover una mejor conexión entre la ciencia y la sociedad, por fomentar la participación científica en los problemas más relevantes.
2. (50)-Por la defensa de la enseñanza de calidad en la educación pública, que ha de ser democrática, laica, innovadora, enraizada en el medio y no segregadora. Para que la educación sea realmente un instrumento de promoción y compensación social y de igualdad de oportunidades. Para que fomente la formación de las personas y su contribución a la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
3. (51)-Por la promulgación de una Ley Valenciana de la Escuela pública y su financiación que permita el crecimiento y la mejora de la red pública, con especial atención a la oferta completa de centros públicos de educación infantil y al mantenimiento de la escuela rural y que garantice las mejoras y recursos necesarios para atender y dar respuesta a las necesidades de todo el alumnado y de la sociedad. Para que el dinero público financie los centros públicos, Por un control estricto de los conciertos educativos.
4. (52)-por la participación efectiva de todos los sectores de la comunidad educativa en la adopción de decisiones en los ámbitos que les afectan, Por la potenciación de los claustros de profesores orientada a la constitución de auténticos equipos pedagógicos. Por la incentivación de la innovación pedagógica dirigida a la consecución de objetivos de calidad: la mejor educación para cada persona.
5. (53)-Por el apoyo decidido a enseñanza en valenciano en todos los niveles educativos y contra el recorte injustificable de los autores a estudiar en al materia de literatura en el bachillerato. Por la generalización de los programas de enseñanza en valenciano y de inmersión lingüística en todo el territorio, garantizando la continuidad de la enseñanza en valenciano en todos los tramos educativos, incluida la Universidad.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Lejos de realizar ese diagnóstico y de promover ese debate, el Gobierno ha optado por aprobar en solitario sus Proyectos de Ley, en contra del resto de los partidos políticos El PP ha hecho caso omiso de las críticas realizadas por las Comunidades Autónomas, los partidos políticos, los agentes sociales y la comunidad educativa y se ha limitado a recoger las propuestas que ha hecho la Conferencia Episcopal y la patronal de la escuela privada
 
 

Desde L'Entesa nos proponemos promover la derogación, en cuanto sea posible, de la LOCE y de la LOU, mientras tanto, L'Entesa, en su ámbito de actuación autonómica, se propone reducir al máximo los efectos de las mismas en el País Valencià

La LOCE supone un retroceso a la escuela discriminatoria, elitista, autoritaria, clerical y de carácter privada, una Ley regresiva que vuelve a sacar del sistema educativo a los niños y niñas de 0 a 3 años, considerando esta etapa meramente asistencial, que vuelve a imponer las "revalidas", auténticas "barreras de contención" a la llegada del alumnado a estudios superiores, una Ley que apuesta por la segregación del alumnado, por expulsar al alumnado con dificultades del sistema educativo, por reducir la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa vaciando las competencias de los Consejos Escolares y por consolidar dos redes de centros educativos, financiadas con dinero público, pero dirigidas a un alumnado bien diferenciado: los centros públicos como red asistencial, dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población; y los centros privados concertados, con capacidad para seleccionar a su alumnado.

Sólo la Escuela Pública puede ofrecer una educación de calidad para todos y puede vertebrar la oferta educativa. No queremos centros privados con autonomía para seleccionar al alumnado, sino que exigimos que nuestros centros públicos tengan mucha más autonomía para organizar una respuesta educativa ajustada a sus necesidades.

Es, así mismo, imprescindible invertir más en educación y alcanzar la media de los países de la Unión Europea. Sabemos que la mejora de la calidad educativa no es sólo un problema de recursos económicos, pero los datos a nuestro alcance demuestran que en España hoy es también un problema de medios. El Gobierno y el partido que lo sustenta han aprobado la LOCE ocultando la memoria económica de la Ley en la que, por lo conocido, se consignan cantidades ridículas para la mejora de la educación, y se dedica aproximadamente el 80% de esas exiguas cifras a la enseñanza privada.

El estado Español ocupa según la OCDE el penúltimo puesto de la Unión Europea en porcentaje del PIB destinado a educación, y que sigue reduciéndose del 4,9 % en 1993 al 4,5% en 2001.
 
 

1.1. Defensa del Sistema Público de Enseñanza desde la Educación Infantil hasta la Universidad.

Para La Entesa el mejor modo de garantizar el ejercicio del derecho a la educación en condiciones de calidad y de igualdad pasa por defender a ultranza un sistema público de enseñanza que, desde la educación infantil hasta la universitaria, esté al servicio de las necesidades sociales, de la igualdad de oportunidades, y de los valores democráticos.

La mejora de la calidad de la enseñanza se ha convertido en un eslogan que utilizan todas las formaciones políticas y sindicales, así como múltiples organizaciones sociales, sean o no del ámbito educativo. Esta especie de muletilla es una expresión vacía si no se indica qué se entiende por una educación de calidad. Basta leer el articulado de la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación para constatar que, bajo el paraguas de la "calidad", se incluyen medidas contrarias a lo que desde La Entesa (junto a otras organizaciones políticas, sindicales y sociales) entendemos por calidad y que queda reflejado en la "Ley de Calidad Educativa para la Igualdad y su Financiación" texto que se presento ante el Congreso de los Diputados por IU como alternativa a la segregadora LOCE del PP y que servirá como modelo para la Ley autonómica por la Escuela Pública que proponemos.

Avanzar en la calidad supone apostar por una educación cuyo principal objetivo consista en asegurar, a todos y cada uno de los alumnos y alumnas, el logro de unos aprendizajes que les permitan formarse como personas capacitadas para participar autónoma y críticamente en el marco de una sociedad democrática. Se trata pues de una concepción de la calidad asociada ineludiblemente al principio de igualdad de oportunidades en el acceso, en el proceso y en los resultados; porque, en lo que concierne a la educación obligatoria, una educación de calidad o sirve para que el conjunto de la población escolar logre las capacidades básicas requeridas o no es de calidad.

En resumen, una educación de calidad es aquella que permite responder a las diversas necesidades educativas del conjunto de la población asegurando una efectiva igualdad de oportunidades y una gestión democrática, transparente y socialmente eficaz

Nuestras propuestas programáticas se inspiran, por tanto, en una concepción de la calidad educativa que está indisolublemente unidad a la igualdad y al carácter público de la enseñanza.
 
 

1.2. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

• Promulgación en el País Valenciano, tras un diagnóstico de situación y un amplio debate social, de una Ley Valenciana de la Escuela pública y su financiación que incluya medidas y compromisos de calidad para la igualdad respecto a: infraestructuras y equipamientos, ratios, plantillas, servicios de apoyo, actuaciones específicas de atención a la diversidad y de compensación educativa, medidas que aseguren y amplíen la participación democrática...En este marco, elaboración de un plan cuadrienal de inversiones, pactado con las administraciones locales, que permita aumentar la red de centros públicos y adaptarla a las necesidades de escolarización a corto y medio plazo, así como adecuarla a la normativa vigente.
• Puesta en marcha, en cada municipio, de un Plan de medidas urgentes para favorecer el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria, que concrete actuaciones de apoyo a los alumnos y alumnas que presentan dificultades de aprendizaje desde el momento en que se detectan, así como actuaciones para atender las necesidades específicas del alumnado procedente de otras culturas (El acceso paulatino de este alumnado en diversos momentos al curso escolar requiere una atención especializada que permita su socialización con los otros niños, atendiendo a su diversidad cultural y socio- lingüística de origen), del alumnado con problemas de exclusión social y del alumnado con alguna discapacidad. Dicho plan, de carácter autonómico, se elaborará en estrecha colaboración con los Ayuntamientos y deberá ser debatido y aprobado en el Consejo Escolar Autonómico, una vez que haya obtenido informe favorable en los correspondientes Consejos escolares municipales. En dicho plan se concretara el incremento de los recursos humanos y materiales para la atención a la diversidad que garanticen la plena integración del alumnado con necesidades educativas especificas.
• Adecuación de las construcciones escolares ya existentes y diseño de las nuevas con criterios arquitectónicos que consideren la existencia de alumnado con necesidades educativas especiales (minusvalías) o específicas (educación infantil) o ciclos formativos.
• Dotación de las plantillas adecuadas para la integración del alumnado con necesidades educativas especiales. Reducción de las ratios en las aulas con alumnado con necesidades educativas especiales.
• Delimitación clara en el País Valenciano, pactada con las administraciones locales, de los distritos escolares o educativos (urbanos, municipales o comarcales) como unidades de planificación y provisión de servicios educativos, servicios que deberán contar con una oferta educativa integral de enseñanzas de régimen general y especial, así como una oferta específica de formación de personas adultas.
• Remodelación del Instituto de calidad y evaluación del sistema educativo, cuyos planes de trabajo y líneas prioritarias de actuación deberán recibir la aprobación del Consejo Escolar Autonómico o del Consejo Interuniversitario. Dicho Instituto pondrá sus medios técnicos al servicio de la autoevaluación de los centros educativos, como unidades básicas del control de calidad de la enseñanza.
• Para el ámbito universitario, creación de Agencias regionales de Evaluación y Calidad. Cada Agencia deberá constituirse como un organismo autónomo y entre sus principales objetivos estarán la consecución de los máximos niveles de calidad en el sistema universitario y su adecuación a las demandas sociales.
• Formación del profesorado con carácter obligatorio, relacionada con el trabajo concreto realizado y que abarque tanto las didácticas específicas como las diversas corrientes en psicología, pedagogía y sociología de la educación, y la realidad de nuestros centros que incluirían cursos encaminados a temas "Resolución de conflictos", "atención a la diversidad sociocultural"…
• Refuerzo de la dimensión asesora de la inspección de Educación, sin perjuicio de sus tareas inherentes de supervisión y evaluación del sistema educativo.
• Potenciación de las materias transversales integradas en todo el currículum en los distintos niveles de enseñanza (educación para la paz, educación para la salud y medioambiental, educación para el consumo, coeducación...) Apoyo a equipos multiprofesionales para la elaboración de materiales y recursos didácticos en estas materias. Programas de formación del profesorado en centros para la implementación de éstos.
• Promoción de las líneas de enseñanza en valenciano y de los programas de inmersión lingüística en todo el País, garantizando la continuidad de la enseñanza en valenciano en toda la enseñanza secundaria, bachilleratos y ciclos formativos y Universidad. La formación del profesorado debe garantizar que la capacitación lingüística sea no solo formal sino real para impartir con garantías las enseñanzas en Valenciano.
• Consecución del régimen de gratuidad absoluta en los centros de titularidad pública para los libros de texto y material escolar en la enseñanza obligatoria. Fomento de la socialización del material escolar a través de la potenciación de las bibliotecas escolares y de aula.
• Establecimiento de servicios de transporte y comedor escolar en régimen de gratuidad para el alumnado de enseñanza obligatoria que objetivamente los necesite y ampliación de éstos a la educación infantil. Rechazo a las actuales políticas de ayudas económicas individualizadas sustitutorias de los citados servicios.
• Consideramos que las Bibliotecas en los Centros educativos constituyen un recurso fundamental que debe contar con la adecuada dotación económica y con un servicio de personal técnico especializado. Por ello proponemos la inclusión de las Bibliotecas Escolares en la Red Bibliotecaria Valenciana a todos los efectos y la creación de la figura del Bibliotecario de centro. La plantilla de cada centro contará con, al menos, un bibliotecario o bibliotecaria, con titulación mínima de Técnico Especialista en Biblioteconomía que permita una adecuada atención organización y utilización, incluyendo su apertura fuera del horario escolar.
• Programa-marco autonómico de apertura de los centros educativos a su entorno. Los Centros deben permanecer abiertos tardes y fines de semana, al menos los campos de deportes, bibliotecas y salones de actos, para lo que se necesita personal adecuado que atienda al centro y a los alumnos favoreciendo su utilización por la sociedad que los financia y dando especial protagonismo en la gestión y coordinación de actividades a los Ayuntamientos y a las asociaciones de padres y madres de alumnos..
• Promoción y potenciación de los Consejos Escolares territoriales, en los que se asegure y articule la participación de los distintos agentes de la comunidad educativa existentes en el ámbito de distrito escolar o educativo.
• Potenciación del asociacionismo en los centros educativos y refuerzo del papel de los Consejos Escolares en los diferentes ámbitos, otorgándoles mayores competencias de gobierno y control.
• Reconocimiento laboral de la participación de padres y madres en órganos colegiados escolares.
• Elaboración de campañas de comunicación de defensa de los valores de la enseñanza pública y orientadas a prestigiar la labor docente como servicio público esencial de la comunidad.
• Ampliación de la red pública de escuelas infantiles para cubrir, en un plan cuatrienal, la escolarización de 0 a 6 años, especialmente el ciclo 0-3 años.
• Consideración de la Educación Infantil como una etapa educativa -lejos de la consideración que del tramo 0-3 años hace la actual LOCE como una etapa meramente asistencial-.
• Plan integral de formación profesional que, junto a la extensión de los ciclos formativos de grado medio y superior más demandados, incluya y coordine la formación ocupacional y los programas de garantía social (o de iniciación profesional). Este Plan debe ir precedido de un análisis de expectativas de empleo (a través del Observatorio autonómico del mercado de trabajo) y de las necesidades de formación correspondientes; además deberá elaborarse con la participación de las Administraciones autonómica y municipal y de representantes de los agentes sociales.
• Asunción de una práctica coeducativa que incluya todos los aspectos, desde su estructura organizativa, hasta los contenidos y formulaciones pedagógicas.
• Impulsar en los grupos de Orientadores de los centros de profesores en materia de prevención de la homofobia, xenofobia y cualquier conducta discriminatoria. Revisión de los materiales curriculares que se imparten en los centros para la prevención de estas conductas
• Ampliación de la red de centros de Educación de Personas Adultas (E.P.A.) hasta cubrir la totalidad de la demanda en cada distrito escolar, en régimen de enseñanza presencial, complementada con la modalidad a distancia. Estos centros deberán adecuar su oferta y sus horarios a las características de su alumnado, con especial atención a las mujeres trabajadoras que siguen asumiendo en solitario las responsabilidades domésticas de medidas dirigidas a facilitar el acceso de las personas adultas a la educación y formación, a los parados y las paradas de larga duración y a otros colectivos desfavorecidos socialmente.
• Gratuidad de la enseñanza universitaria. La Universidad es un servicio público y los estudios universitarios son una actividad socialmente necesaria. Como primer paso, las tasas académicas para todo tipo de estudios tendrán que disminuir progresivamente hasta su eliminación en un plazo prefijado, que deberá ir acompañado de un sistema de becas en número y cuantía suficiente.
• Se tenderá a orientar las vocaciones hacia las necesidades sociales y tender a responder a la demanda de estudios universitarios en primera opción, aportando los medios para superar los números clausus y abrir las aulas a la demanda de formación cultural de la población
• Calidad de la docencia universitaria: habrá que establecer los medios materiales y humanos para posibilitar una docencia participativa teórico-práctica, asegurando la formación del profesorado y tendiendo a un número de alumnos por grupo nunca superior a 50.
• Reorganización y coordinación de las unidades administrativas necesarias para garantizar el despliegue efectivo de las enseñanzas de régimen especial.
• Creación progresiva de una red de centros integrados de música y/o danza en que los alumnos puedan cursar simultáneamente los estudios musicales y de danza con los de régimen general, aplicando lo establecido por el artículo 41.1 de la LOGSE (todavía vigente). Con este mismo objetivo, perfeccionamiento del sistema de convalidaciones, destinado a reducir la carga lectiva del alumnado que curse estos dos tipos de enseñanza.
• Plan autonómico de investigación adecuado a las necesidades sociales y económicas del País Valenciano y que asegure la coordinación y cooperación entre Universidades, los Organismos públicos de Investigación y los agentes sociales.
• Mientras no se revise el actual Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado Español, así como los suscritos con otras confesiones religiosas, las enseñanzas de religión en los distintos niveles educativos se impartirán fuera del horario escolar y, en salvaguarda del artículo 16, punto 2, de la Constitución, no constará en la documentación académica oficial del alumno referencia alguna a haberlas cursado o no.

La enseñanza pública está sufriendo agresiones continuadas tanto en el plano de la financiación como en el deterioro de su imagen y de sus propias señas de identidad. Frente a ello, la patronal de la enseñanza privada (mayoritariamente católica) ha logrado potenciar el papel de sus centros mediante una política de conciertos y de condiciones de escolarización que está repercutiendo negativamente en la red pública, abocada a convertirse en numerosas zonas en una red educativa subsidiaria y asistencial, que acoge al alumnado que no puede ir a los otros centros "sostenidos con fondos públicos".

Nos oponemos rotundamente a las tendencias privatizadoras del sistema público y al sistema de conciertos con centros privados en los niveles de enseñanza no obligatorios. Frente a ello, nos pronunciamos abiertamente por avanzar hacia una red única de centros públicos a través de un proceso que fomente y facilite la incorporación a dicha red de los centros concertados.

Nuestras propuestas programáticas sobre la red de centros educativos responden a los siguientes criterios:

• Responder a una planificación comarcal - o de distrito en las grandes poblaciones - en función de las necesidades de cada municipio, teniendo en cuenta que la oferta educativa debe incluir una diversidad de modalidades de enseñanza que pueda atender en condiciones de calidad la demanda formativa de la población respectiva, garantía de que se cubre un amplio abanico de modalidades de Bachillerato, Ciclos Formativos, etc. Dicha planificación debe ser consensuada con los Ayuntamientos para disponer del suelo público adecuado con tiempo suficiente. El objetivo es que la red de centros de titularidad pública llegue a cubrir en cada distrito o comarca todas las demandas educativas que vayan surgiendo en los distintos niveles.
• Los conciertos educativos con la escuela privada deben tener un carácter subsidiario. Sólo se mantendrá el sistema de conciertos en etapa no obligatoria con aquellos centros que atiendan la escolarización de alumnado donde la red pública no permita atender la demanda, o que cumplan una función social evidente. En ningún caso podemos admitir que se amorticen plazas escolares o unidades escolares públicas mientras se mantenga intacta o se amplíe la red concertada de la zona afectada.
• Nos oponemos, con carácter general, al concierto con centros privados de enseñanzas no obligatorias (sobre todo de Educación infantil). La red pública debe responder a las diversas demandas de escolarización, especialmente en las edades más tempranas.
• Los centros privados de enseñanzas obligatorias sostenidos con fondos públicos deberán equiparar sus condiciones laborales, de funcionamiento y de gestión y participación democrática, con las propias de los centros públicos.
• En coherencia con lo anterior, definición de la red pública correspondiente, diferenciando entre lo que la red existente permite atender y lo que requiere nuevas construcciones o remodelaciones. Nuestro objetivo es que una red única de centros públicos llegue a cubrir, en cada distrito escolar, las demandas educativas que vayan surgiendo.
• El análisis de la oferta y demanda de plazas de enseñanza post-secundaria (universitaria y FP superior) En el País Valenciano a fin de subsanar los déficits de plazas públicas en determinados sectores y titulaciones, que deberán ampliarse especialmente en los campos con mayor demanda de empleo. Hay que evitar que quede en manos de la iniciativa privada la oferta de plazas (para quien pueda pagárselas) en los sectores punteros o de mayor demanda profesional. A su vez se debe producir la progresiva reincorporación a las Universidades públicas de los estudiantes y el personal de los centros asociados y adscritos, que cumplieron su función cuando las plazas de las Universidades públicas eran insuficientes. En ningún caso deberían ser el embrión de nuevas Universidades privadas.
• Para la realización de prácticas regladas, los estudiantes procedentes de Universidades públicas gozarán de preferencia en los hospitales públicos. Cuando sean accesibles a los estudiantes de centros privados, éstos contribuirán económicamente al hospital o centro público, de acuerdo con el servicio recibido, a fin de evitar una subvención encubierta del sistema público de salud a las Universidades privadas.

Como hemos reiterado en múltiples ocasiones, la descentralización la entendemos como un requisito al servicio de una mayor participación democrática en la gestión de los servicios públicos. Desde esta óptica, nuestras propuestas programáticas recogen siempre esa doble vertiente: la distribución de competencias (Autonómicas, de Distrito Escolar, Comarcal, Municipales.. ) unida a órganos de participación ciudadana que tengan capacidad reconocida para intervenir en la toma de decisiones en su ámbito.(articulo 27.4 C.E.)
 
 

3.1. Descentralización de competencias

La base legal para proponer la creación de dichos Distritos escolares estaba en la LOGSE, artículo 58.5, incluido a partir de una enmienda de IU y actualmente derogado, recogía la posibilidad de organizar funcionalmente los servicios educativos en ámbitos más reducidos que la provincia.

No obstante a la derogación actual de la base legal que sustentaba esta propuesta- ejemplo de la supresión de los aspectos más progresistas de la anterior regulación- La Entesa mantenemos la propuesta y en nuestra acción de gobierno este, y otros aspectos suprimidos y/o no contemplados, serian regulados el ámbito de nuestras competencias autonómicas.

La red de distritos educativos que proponemos establecer tiene que servir para acercar a la ciudadanía el servicio educativo y los centros o unidades de información, asesoramiento y gestión. Además de ese criterio básico, los siguientes criterios pueden ayudar a perfilar la mejor solución en cada ámbito territorial:

• Cada distrito educativo debe abarcar un número máximo de habitantes, para que la gestión no se complique exponencialmente y se escondan en los grandes números y las ratios medias parcelas de realidad que conviene tener a la vista para poder actuar.
• Cada Distrito debe desplegar una oferta educativa plena desde los 0 a los 18 años de edad, es decir que incluya Educación infantil, Primaria, ESO, Garantía social, Ciclos formativos de FP (de grado medio y superior), ajustados a la demanda y al tejido social y productivo, todas las modalidades de Bachillerato, una oferta específica para personas adultas y enseñanza a distancia y en régimen presencial nocturno, Secciones de la Escuelas Oficiales de Idiomas, Enseñanzas de Música y Danza
• Cada Distrito debe tener un número mínimo de potenciales usuarios para poder ofrecer en su amplitud y complejidad las modalidades expuestas. Al mismo tiempo este criterio evita multiplicar innecesariamente el número de distritos, lo que malgastaría recursos, haciendo factible una política educativa coordinada en todos ellos.
• Cada Distrito debe tener una amplitud geográfica razonable, de modo que la baja densidad de población no haga necesario recorrer grandes distancias para satisfacer en el Distrito la demanda educativa.

• Distrito municipal: Cuando las características del municipio (población, extensión territorial, etc.) coinciden con los requisitos de un distrito escolar.
• Distrito urbano: Cuando la gran extensión del municipio hace aconsejable dividir éste en varios distritos.
• Distrito comarcal (plurimunicipal): Cuando coincidan con las comarcas

Definimos el Distrito escolar o educativo como la unidad orgánica y funcional de un marco geográfico comarcal en el que se estructuran el conjunto de recursos humanos, físicos, curriculares y materiales propios y los gestiona de forma autónoma, permitirán:

• Organizar funcionalmente los servicios educativos en ámbitos más reducidos que la provincia.
• Atender de forma más eficaz y rápida las necesidades de cualquier tipo que surjan en los centros educativos o en la comunidad escolar (información, asesoramiento, gestión, reparaciones, sustituciones de profesorado etc.)
• Acercar al ciudadano la realidad educativa más próxima que le permita participar en la toma de decisiones en la gestión de aquella.
• Atender de forma permanente a la distribución de plazas escolares .

• Un CEFIRE
• Equipos de apoyo psicopedagógicos.
• Unidad de servicio médico escolar.
• Consejo Escolar de Comarca o Distrito. (con la infraestructura de medios físicos y de personal adecuados a su función, con participación de representantes de las dos administraciones, de los distintos sectores de la comunidad educativa y de otras organizaciones sociales con implantación en la zona.
• En cada Distrito existirá un Consejo de formación profesional, con representación de los agentes sociales, que planificarán, promoverán y supervisarán la implantación de una formación profesional ajustada a la demanda social y al tejido productivo.
• Secciones sindicales y Juntas de Personal de Distrito del profesorado, PAS y laborales.
• Una unidad administrativa y de gestión de la Conselleria de educación. -

3.2. Participación Democrática

La mejor forma de educar para la democracia es hacer que la escuela sea un organismo de vida democrática.

La Entesa propone articular una serie de medidas que fomenten la participación real y efectiva de la comunidad educativa en la gestión de los centros y del propio sistema educativo.

Tales medidas pasan por la potenciación del asociacionismo y por una mayor transparencia, un incremento de competencias y un cambio y regulación consensuada en la composición de los Consejos escolares (de centro y territoriales), de los Consejos sociales, Claustros y Consejos de Gobierno de las Universidades y del propio Consejo de Coordinación Universitaria.
 
 

3.3.Propuestas de actuación

• Creación y/o refuerzo del papel de los Consejos Interuniversitarios, Consejos Escolares y Claustros Universitarios. Consejo Interuniversitario con representación de la Administración autonómica, de la Universidad o Universidades, de la Asamblea legislativa, de los estudiantes y de los Agentes sociales. Dicho Consejo establecerá un mapa con la oferta de titulaciones que, a nivel autonómico, y teniendo en cuenta los recursos existentes, dé respuesta desde las Universidades públicas a la demanda social. Igualmente los Ayuntamientos en que se encuentran enclavadas las Universidades deben incorporar políticas activas, incluso financieras, hacia las mismas, por medio de sus representantes en los Consejos sociales.
• En el marco de la LOU corresponde a las CC.AA. regular la composición y las funciones de los Consejos Sociales. Entendemos este Consejo como el órgano de participación de la sociedad en la Universidad, cuya composición debe incluir representación del Parlamento Autonómico, de la Federación de Municipios, de los sindicatos más representativos, de las organizaciones empresariales más representativas (al menos un representante debe pertenecer a las organizaciones de economía social, de conformidad con la normativa vigente), de Organizaciones no gubernamentales que desarrollan actividades educativas o universitarias, y de aquellas organizaciones o entidades con implantación y trascendencia en la realidad social de la Comunidad.
• Refuerzo del papel del Consejo escolar autonómico, Creación de los consejos escolares comarcales de Distrito educativo y municipales (cuando no coincida Distrito y municipio).Frente a los inadmisibles recortes de competencias que prevé la Ley de Calidad del PP, para La Entesa estos órganos de participación deberán tener competencias de gobierno (las propias de la planificación general de la oferta educativa en su ámbito territorial), de control y, en aquellas cuestiones educativas sobre las que no puedan tomar decisiones últimas, se les reconocerá el derecho de propuesta, de modo que el órgano competente (Conselleria de Educación, Pleno Municipal, Junta de Distrito) tenga que debatirla y pronunciarse al respecto.
• Los Consejos escolares comarcales de Distrito y municipales analizarán y plantearán propuestas para reducir el fracaso escolar y funcionarán en estrecha colaboración con el Consejo Escolar Autonómico ante el cual han de tener reconocida capacidad para proponer:

• La planificación de la red de centros de la zona.
• La distribución racionalizada del alumnado.
• La distribución y control de los fondos correspondientes.
• La coordinación de los equipos psicopedagógicos.
• La planificación de las actividades extraescolares.

• Impulso a la participación eficaz de los representantes municipales en los Consejos escolares de centro.
• Constitución de Comisiones de escolarización (municipales o de distrito) permanentes, en las que se garantice la participación de todos los sectores de la comunidad educativa y que estén coordinadas por los ayuntamientos.
• Potenciación de la participación democrática en los centros educativos mediante medidas de apoyo y fomento al asociacionismo del alumnado y de las AMPAs.

Todas las propuestas de La Entesa quedarían en papel mojado si no se parte de una adecuada financiación pública suficiente, adecuada y solidaria. Nuestras propuestas programáticas sobre financiación y planificación pretenden, ante todo, que las oportunidades educativas de todos los ciudadanos y ciudadanas sean básicamente iguales, al margen del hecho de residir en una zona rural o urbana, en un pequeño municipio o en una de las principales ciudades del país Valenciano. La financiación y la planificación han de ser instrumentos que permitan que el derecho a la educación sea el mismo para todo el alumnado independientemente de su origen social o territorial. La Entesa se compromete desde la acción de Gobierno a que la elaboración de los presupuestos autonómicos y en concreto los de educación sean presupuestos participativos.

4.1.Financiación

La financiación pública de la educación a de garantizar la aplicación de las reformas en marcha y ser adecuada a las necesidades de cada territorio. La Entesa propone:

• Alcanzar en la próxima legislatura un gasto educativo por alumno/a acorde con la asignación de al menos el 6% del PIB para el gasto público educativo.
• La Entesa se compromete a que La Ley Valenciana de la Escuela Pública que nos comprometemos a presentar, contenga compromisos explícitos de financiación garantizando el desarrollo de la red pública escolar en condiciones de calidad (Instalaciones, recursos materiales y humanos etc.) y la gratuidad de los libros en las etapas obligatorias.
• Implantación de un amplio plan de Programas de Garantía Social que permita una salida profesional digna a quienes no alcanzan los objetivos de la ESO. Los Ayuntamientos, los IES y las propuestas de los Consejos escolares de los respectivos ámbitos territoriales deberán ser los protagonistas de esta oferta educativa.
• Incremento sustancial de las partidas presupuestarias destinada a dotar un sistema de becas de transporte, material escolar, e igualdad de oportunidades (estancia) que permita el acceso de los alumnos de familias más desfavorecidas a los estudios no obligatorios de Bachillerato o de Ciclos Formativos.
• Progresiva transferencia a los Ayuntamientos de competencias y recursos (equipamiento, material escolar, libros de texto, becas...) . Fondos finalistas que les permitan desarrollar mayores competencias en educación. En aquellos municipios donde gobierne La Entesa, y en colaboración con los sindicatos y asociaciones de padres, se habilitarán todos los años uno o varios espacios públicos para la venta de libros de texto usados.
• Aumento sustancial de las partidas para impulsar la formación y el reciclaje del profesorado para implantar adecuadamente la ESO en los centros de secundaria y adaptarse a las nuevas tecnologías
• Incremento de las partidas presupuestarias destinadas a las líneas en valenciano asegurando su continuidad desde la educación infantil hasta la Universidad.
• Plan estratégico del País Valenciano de enseñanza presencial y no presencial asistida, en el que queden incorporadas las nuevas tecnologías y se produzca la adaptación de las mismas al sistema educativo.
• La financiación pública de las Universidades tendrá que cubrir todas sus necesidades básicas de docencia e Investigación como servicio público

Las propuestas de La Entesa sobre planificación de la red escolar se articulan en la elaboración de un Plan Cuadrienal de inversiones en el marco de la Ley Valenciana de la Escuela Pública, que tendrá como objetivo prever de común acuerdo con los Ayuntamientos las necesidades educativas a corto y medio plazo con el fin de:

• Planificar las actuaciones urbanísticas precisas: oferta de suelo público para equipamiento escolar que hagan posible las construcciones escolares necesarias.
• Adecuaciones pertinentes en función de la evolución demográfica prevista y de los problemas sociales de la población.
• Adaptación de la red de centros para, como mínimo:

• Generalizar la escolarización de todos los escolares de 3 a 6 años y generar un numero suficiente de plazas publicas infantiles de 0-3años.
• Impartir toda la ESO en los IES
• Cubrir la totalidad de la demanda de EPA (presencial y a distancia)
• Implantar programas de garantía social (o iniciación profesional) y ciclos formativos acordes con las tendencias de empleo de la Comunidad.
• Garantizar al menos comarcalmente oferta suficiente de enseñanzas de regimen especial garantizando la existencia de una oferta territorialmente equilibrada que pueda dar cobertura a la demanda en las distintas enseñanzas y grados.

(continúa)