Ante la manifestación del dia 12 apoyada por el PP, EUPV denuncia que
Se trata de un paso más en la política de confrontación que viene desarrollando el PP , en este caso apoyada por los sectores confesionales más conservadores del ámbito educativo, aliados naturales del PP, que no pretende defender derechos, sino exclusivamente sus privilegios.
Denunciamos el uso demagógico y de arma arrojadiza que se hace de la educación por parte del PP, partido que mientras gobernó jamás aceptó pacto alguno, sino que impuso su modelo al servicio de la enseñanza privada.
Denunciamos a los sectores más retrógrados y conservadores del episcopado, de las asociaciones patronales de centros privados de enseñanza y de las asociaciones de APAs católicas que, tras su oposición genérica a la LOE y la apelación a la libertad de enseñanza y de elección de centro , esconden las verdaderas razones de su oposición a la misma que no son otras que el temor a perder el negocio económico y a perder el control ideológico y el privilegio de seleccionar al alumnado.
Las declaraciones del Conseller de Educación y el apoyo del Consell Valencia a la manifestación dejan en evidencia la total identificación del PP y del Gobierno Valenciano con los sectores más reaccionarios y conservadores de la enseñanza privada y confesional, sector al que se destina el mayor porcentaje del aumento de los presupuestos de Educación, mientras deja abandonada a la escuela pública .
En un estado democrático no confesional como es el español no tiene cabida ninguna asignatura de religión: La religión a las iglesias, la educación a las escuelas. No podemos permitir que la presión de la derecha y de los sectores más conservadores siga imponiendo los privilegios y el adoctrinamiento religioso financiado con dinero público .
El Consell Polític de Esquerra Unida del PV reclamamos al gobierno del Estado:
Que se denuncien los acuerdos con el Estado Vaticano y con las otras confesiones religiosas.
Exige que la LOE se comprometa con la escuela pública y laica y retire los conciertos a los centros privados que segregan al alumnado en función del sexo y/o lo seleccionan obligando explicita o implícitamente a las familias a hacer aportaciones económicas a través de fundaciones u otros medios.
Que los centros privados concertados se sometan a unas mismas y comunes condiciones en los procesos de escolarización, funcionamiento y control social y democrático que los centros públicos.
EUPV se compromete a trabajar desde las instituciones para conseguir que en el transcurso del debate parlamentario de la LOE, que todavía está bastante lejos de nuestras posiciones, puedan corregirse aspectos y carencias importantes sobre los que nuestro grupo ha insistido reiteradamente. Esperamos que nuestras enmiendas (170) sean aceptadas para mejorar el texto significativamente y para que podamos apoyar una Ley que en estos momentos consideramos insuficientes en aspectos esencias que, de no variar, no recibiria el apoyo de nuestro grupo.
El bloque de enmiendas que consideramos esenciales a la hora de dar nuestro apoyo a la Ley serian:
Las que apuestan de forma expresa por la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo, las que pretenden garantizar la existencia de plazas públicas suficientes para satisfacer la demanda de educación, en especial en el primer ciclo de educación infantil, en los ciclos de formación profesional, en diversificación curricular, en programas de inserción profesional y en enseñanzas de régimen especial. En este apartado le damos un valor especial a la enmienda que vincula las cesiones de suelo público a la construcción de centros públicos. Consideramos de todo punto inaceptable que la Ley deje resquicio alguno por el que se pueda ceder terreno público para la creación de nuevos centros privados que, eventualmente, pasarían a concertar sus enseñanzas.
Las que tienen como finalidad la efectiva equiparación de los centros privados concertados con los públicos, en lo relativo a admisión del alumnado, control social, funcionamiento y sistema de acceso y condiciones laborales del profesorado y del personal de administración y servicios. Esto nos lleva a proponer enmiendas que perfilen en qué condiciones puede suscribirse o renovarse un concierto con un centro privado y que aumenten las garantías de igualdad en los procesos de escolarización. Asimismo enmendamos el catálogo de faltas de incumplimiento del concierto tipificando con la debida gravedad conductas que consideramos incompatibles con la financiación pública de una iniciativa privada.
Las que desarrollan el principio de “fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”. En coherencia con dicho principio, planteamos la mención explícita de no discriminación por sexo en el proceso de admisión de alumnado en centros sostenidos con fondos públicos. Y que la escolarización del alumnado en los centros públicos y privados concertados deberá atenerse en todas las etapas, niveles, grupos y aulas, al principio de coeducación. Resultaría totalmente inadmisible financiar con fondos públicos opciones educativas que atenten o, cuando menos, obstaculizen la aplicación de un principio básico del propio sistema educativo.
Las que componen un Título específico de Financiación, en el que nos parece imprescindible fijar una referencia económica en términos del PIB, un calendario de aplicación del gasto, un procedimiento para la cofinanciación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y la dotación en los PGE de un fondo específico de compensación, para corregir las desigualdades con que se presta el servicio educativo en las diferentes Comunidades Autónomas.
La relativa al carácter laico de la educación. Nuestra propuesta es clara y explícita: supresión de la Disposición adicional que establece la enseñanza de la religión amparándose en los Acuerdos preconstitucionales con el Vaticano; y mientras se denuncian tales Acuerdos, que tal enseñanza no forme parte del currículo ni del horario escolar.
Las que se relacionan con el profesorado, por considerar totalmente insuficientes lo que incluye el proyecto. Proponemos un abanico mínimo de medidas que debe recoger el futuro Estatuto de la función pública docente. Al mismo tiempo planteamos una formación inicial con nivel mínimo de licenciatura y, en consecuencia, la creación del cuerpo unificado de profesores.
Las de participación de la comunidad educativa en el gobierno de los centros. Planteamos enmiendas para recuperar la elección del director/a del centro educativo por el Consejo Escolar. Asimismo presentamos otras para facilitar la relación de los padres y madres con el centro educativo, mediante la consideración como “deber inexcusable” de su asistencia a las actividades programadas por el centro o, en su caso, a las reuniones del Consejo Escolar.
Las que garantizan suficiente oferta de plazas públicas de educación infantil de primer ciclo Las Administraciones públicas tienen la obligación de garantizar plazas públicas suficientes en las distintas etapas educativas, para asegurar el ejercicio del derecho a la educación a todos los niños y niñas. Y de manera especial en este período de indudable trascendencia para compensar desigualdades de origen socioeconómico, así como para hacer posible realmente la compatibilidad de la vida familiar y laboral de padres y madres. El segundo ciclo de la educación infantil se ofrecerá en todos los centros públicos. Corresponde a las Administraciones educativas garantizar la existencia de plazas públicas suficientes para atender la demanda en este ciclo.
Las que hacen referencia a la gratuidad de los libros de texto y demás materiales curriculares correspondientes a la educación básica, asegurando que las Administraciones educativas provean los recursos y establecerán los procedimientos para lograr de forma gradual, dichos materiales sean facilitados gratuitamente al alumnado
Desde nuestra fuerza política no escatimaremos esfuerzos para intentar llegar a acuerdos sobre las enmiendas presentadas. Ahora bien, sólo si se incorporan de manera consensuada lo esencial de las que acabamos de enunciar, será posible dar nuestro apoyo al proyecto de LOE.
VALENCIA, 12 DE NOVIEMBRE DE 2005