Las universidades deben asumir la formación de su Personal Docente e Investigador. La realización de una estancia en otros centros académicos debe entenderse y facilitarse como una componente importante en este proceso de formación y como un estímulo a la inter-relación entre las instituciones universitarias correspondientes. Por lo tanto, no debe suponer una desvinculación de la Universidad de origen.

El resultado natural de este proceso es la adquisición de la capacidad docente e investigadora que permita superar con éxito los procedimientos de acceso a categorías estables de profesorado universitario. No se trata, por tanto, de dificultar este acceso a las personas formadas en la misma Universidad, sino de garantizar que el acceso esté condicionado por la consecución de esta capacidad.

Para esto, sería positiva establecer un procedimiento de acceso a Profesor Titular de dos fases:

1) una habilitación realizada por una comisión externa cuando se cumplan los requisitos de excelencia académica;

2) la posterior adscripción, realizada por un órgano interno de la Universidad, en función de las tareas a realizar.

Así, la habilitación debería ser por méritos, sin limitaciones de plazas y organizada federalmente (en el ámbito de la Unión Europea, del Estado Español de una o varias Comunidades Autonómicas... por convenio entre diferentes Universidades).

También sería positiva la introducción de una figura estable de Profesorado Contratado laboralmente en condiciones académicas y retributivas equiparables a las del profesorado funcionario, para sustituir al actual Profesorado Asociado a Tiempo Completo, con el fin de superar la actual polarización entre la precariedad del contrato administrativo y la inamovilidad funcionarial.

Desde esta perspectiva, debemos rechazar la exigencia de dos años de desvinculación de la Universidad como condición para acceder a una segunda fase de Profesor Ayudante, ya que tal exigencia supondría un obstáculo para la formación del profesorado y de equipos de trabajo al seno de la Universidad. También debemos rechazar una habilitación para el profesorado funcionario mediante una prueba estatalmente centralizada y limitada al número de plazas a cubrir, ya que tal proceso anularía en la práctica la autonomía de cada Universidad para seleccionar a su profesorado y fomentaría el poder de clanes centralizados. Debemos denunciar que, con la excusa de combatir una supuesta perversión endogámica, lo que realmente se busca es aumentar la precariedad docente en la Universidad en consonancia con el modelo general de relaciones laborales propugnado por el Gobierno y establecer una preeminencia obsoleta de pruebas únicas sobre la evaluación de las tareas docentes e investigadoras realizadas.