La actual situación de las Universidades en el Estado Español requiere cambios legislativos y del sistema de financiación para superar las actuales deficiencias y atender a las nuevas necesidades, pero no cualquier cambio, ni menos una involución a situaciones anteriores pre-democráticas. Para ello, las modificaciones legislativas de ámbito Estatal deberán fijar unos criterios generales para su posterior implementación y desarrollo, en uso de su autonomía, por las Universidades y las Comunidades Autónomas.

A tal efecto, habrá que garantizar el derecho universal a una educación superior como servicio público, a fin de avanzar hacia una sociedad igualitaria con un desarrollo socioeconómico cualitativo asentado en el desarrollo cultural.

Igualmente, habrá que desarrollar el carácter democrático, participativo y decisorio de los órganos de gobierno, como sustento de la Autonomia Universitaria necesaria para que las Universidades puedan desempeñar adecuadamente sus funciones de generación y crítica del conocimiento, crítica que debe impregnar también la administración de la Universidad y su función docente, requiriendo así la Democracia Participativa de todos los sectores de la Universidad. A tal efecto, los Estatutos regularán los sistemas de elección y revocación de los representantes elegidos para los órganos colegiados.

Finalmente, habrá que prever un sistema de financiación y de formación, selección y promoción del personal, especialmente del profesorado, que posibilite la consecución de los medios materiales y humanos necesarios para el desarrollo de una Universidad Pública de Calidad que responda a las necesidades sociales, evitando tanto la precariedad como la inamovilidad.
 
 

1. El Claustro es el máximo órgano de representación y decisión de una Universidad. Estará formado por un máximo de 400 miembros elegidos por sufragio directo por los miembros de la Universidad en la forma que prevean sus Estatutos, y compuesto por un 50% de miembros del Personal Docente e Investigador, un 35% de estudiantes y un 15% de miembros del Personal de Administración y Servicios.
2. La Junta de Gobierno es el órgano de gobierno ordinario de una Universidad, configurado en la forma que prevean sus Estatutos de modo que su composición sea de un 50% de miembros del Personal Docente e Investigador, un 35% de estudiantes y un 15% de miembros del Personal de Administración y Servicios, y que el 60% de sus miembros sean elegidos por los del Claustro.
3. El Rector ostenta la representación externa de la Universidad, preside su Junta de Gobierno y dirige su gestión. Será elegido de entre el profesorado permanente por el Claustro, y podrá ser revocado por el mismo. Al menos una vez al año, el Rector someterá su gestión a debate en el Claustro.
4. El Consejo Social es el órgano de participación y encuentro entre una Universidad y la sociedad en la que está inserta. Estará formado, en la forma en que determine una Ley de la correspondiente Comunidad Autónoma, por un 40% de representantes de la Universidad, la mayoría de los cuáles elegidos por su Claustro, y un 60% de representantes sociales extrauniversitarios, de los cuáles al menos un tercio serán elegidos por el Parlamento de la correspondiente Comunidad Autónoma, con criterios de pluralidad, a propuesta de entidades sociales y culturales, y al menos otro tercio serán representantes de los sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales más representativas. Su Presidente será elegido por el Parlamento de la correspondiente Comunidad Autónoma de entre los representantes sociales extrauniversitarios. El Consejo Social aprobará el Presupuesto de la Universidad, controlará su calidad y fomentará la colaboración entre la Universidad y la Sociedad a todos los niveles, en beneficio del interés público.
5. Los Centros y Departamentos serán gobernados por Juntas formadas por un mínimo de un 50% de miembros del Personal Docente e Investigador, de un 35% de estudiantes y si cabe de un 15% de miembros del Personal de Administración y Servicios, elegidos por sufragio directo en la forma que establezcan los Estatutos de la Universidad. Su dirección unipersonal corresponderá al cargo de Decano o Director, elegido de entre su profesorado permanente por la correspondiente Junta y revocable por la misma, y que al menos una vez al año someterá su gestión a debate en la Junta.
6. El Consejo de Universidades es el órgano encargado de la planificación, coordinación, inspección, evaluación y elaboración de la política universitaria en el ámbito del Estado Español. Estará formado por los Rectores de la Universidades Públicas, por un representante de cada Comunidad Autónoma y dos del Gobierno del Estado que asuman las correspondientes competencias sobre Universidad, por un representante de cada uno de los Sindicatos de Trabajadores y Organizaciones Empresariales más representativos, por 5 representantes de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y por 5 representantes estudiantiles, elegidos a tal efecto por representantes de los estudiantes claustrales de las Universidades Públicas. Los Rectores de las Universidades Privadas podrán asistir con voz y sin voto cuando se traten cuestiones que les afecten.
7. En las Comunidades Autónomas se constituirán Consejos Interuniversitarios encargados de la coordinación, inspección, evaluación y planificación de la política universitaria en su ámbito territorial, con una representación similar a la del Consejo de Universidades según establezca una Ley de la Comunidad Autónoma correspondiente.

1. El acceso al estudio en las Universidades Públicas es un derecho de quienes hayan aprobado el bachillerato o, para determinados estudios, los ciclos formativos de grado superior.
2. Para garantizar dicho derecho, los poderes públicos desarrollarán una política de inversiones tendente a adecuar la capacidad de los centros universitarios a la demanda social de formación universitaria, así como una política de información tendente a adecuar dicha demanda a las necesidades sociales.
3. En caso de que transitoriamente las limitaciones de capacidad de los centros universitarios obliguen a establecer limitaciones de acceso para determinados estudios, la selección para dicho acceso se realizará en función de las calificaciones obtenidas en el último ciclo de enseñanza previo a la Universidad, normalizadas para cada centro para corregir disparidades en las exigencias de calificación y ponderadas por áreas de acuerdo al perfil de cada estudio fijado por la correspondiente Universidad.

A. En tanto la falta de progresividad del sistema fiscal no asegure una redistribución de la renta que dé cobertura a la gratuidad general de los estudios universitarios, se establecerá un sistema de ayudas a los estudiantes basado en: Beca-salario, destinada a las personas que no alcancen un determinado nivel de renta, para cubrir el coste indirecto de los estudios y el coste de oportunidad de no trabajar. Deberían estar limitadas al número de años en que se realizan unos estudios a tiempo completo. Beca que garantice o tienda hacia la gratuidad real, cubriendo una parte o todos los costes indirectos. Se destinaría a niveles de renta por encima del umbral que otorga derecho a la beca-salario. Su valor aumentaría en relación inversa a la renta.

B. Los estudios encaminados a la obtención de títulos universitarios serán gratuitos para quienes demuestren un aprovechamiento normal de sus estudios, durante un período que no exceda en un curso académico al período promedio necesario para dicha obtención, devengando además el derecho a una percepción no inferior al salario mínimo interprofesional, para el mantenimiento personal y la adquisición de los medios necesarios para el estudio, sea en forma de beca, sea en forma de préstamo-renta, cuya devolución comenzará en su caso en el momento en que los ingresos personales superen la renta promedio, mediante una cuota progresiva sobre el exceso respecto de tal renta promedio que asegure que, durante dicha devolución, la renta neta no exceda de un determinado factor de la renta promedio. B1. Se percibirá una  beca-salario durante el período correspondiente al primer ciclo, y el préstamo-renta durante el período correspondiente a los ciclos posteriores. B2. Se percibirá una beca-salario para los niveles de renta más bajos, y el préstamo-renta (en una cantidad entre un mínimo establecido al efecto y el salario mínimo interprofesional, a escoger por el solicitante) para los niveles de renta superiores. Para los niveles de renta intermedios se percibirá una beca, inversamente proporcional al nivel de renta, desde un mínimo establecido hasta el salario mínimo interprofesional, pudiendo solicitar préstamos-renta adicionales hasta la cuantía del salario mínimo interprofesional.

5. Los Programas de Doctorado incluirán actividades discentes y de iniciación a la investigación conducentes a la obtención de la suficiencia investigadora, como paso previo para la eventual realización posterior de una Tesis Doctoral. Podrán contemplar características formativas especiales, con una mayor duración, para el acceso desde la Diplomatura en caso de que ésta no tuviera asociado un segundo ciclo.

1. El profesorado, que tendrá funciones docentes e investigadoras, estará formado por funcionariado y personal contratado laboralmente en la forma que establezcan los Estatutos de la Universidad.
2. El profesorado en formación será contratado laboralmente como Ayudante de forma temporal con una docencia reducida, teniendo como tarea central su formación docente e investigadora, con la obtención del doctorado, y en su caso con una primera fase orientada a la obtención de la suficiencia investigadora. La contratación como Ayudante requerirá la posesión del título de Licenciado o equivalente, o, en aquéllas Áreas de Conocimiento en las que así se establezca, de Diplomado, en cuyo caso se preveerá una mayor duración de la primera fase.
3. El profesorado permanente deberá estar en posesión del doctorado y será Colaborador con contrato indefinido o Titular con adscripción a una plaza funcionarial. En aquellas Áreas de Conocimiento en las que así se establezca podrá existir la figura de Colaborador o Titular de Diplomatura sin el requisito del Doctorado. El total de profesorado Colaborador no superará el 20% de la plantilla docente de la Universidad.
4. El acceso a la condición de Titular requerirá la previa habilitación que acredite la madurez docente e investigadora. Los concursos de habilitación podrán ser convocados por el Estado, por una o varias Comunidades Autónomas y por una o varias Universidades, con validez para el ámbito correspondiente, y serán resueltos, atendiendo únicamente a los méritos académicos de cada concursante y sin limitación numérica, por comisiones formadas por especialistas de distintas Universidades de la Unión Europea.
5. La adscripción a una plaza funcionarial como Titular se realizará por concurso resuelto por una Comisión de la misma Universidad de acuerdo con sus Estatutos, atendiendo a la idoneidad para las tareas a realizar.
6. El Estado, una o varias Comunidades Autónomas y una o varias Universidades podrán convocar concursos de habilitación entre Titulares para la categoria de Catedrático, que serán resueltos, atendiendo únicamente a la excelencia académica de cada concursante y sin limitación numética, por comisiones formadas por especialistas de distintas Universidades de la Unión Europea que tengan la condición de Catedrático o equivalente. Dicha habilitación capacitará para el desempeño de las funciones de dirección académica que se establezcan en los Estatutos de la Universidad. La condición de Catedrático se adquirirá por la asunción de dichas funciones de acuerdo con el catálogo de puestos de trabajo de la Universidad y por los procedimientos establecidos en sus Estatutos.
7. Las Universidades podrán también contratar profesorado Asociado a tiempo parcial entre profesionales de reconocida competencia que desarrollen principalmente su actividad fuera de la Universidad, y profesorado Visitante entre el profesorado permanente de otras Universidades para la realización de estancias temporales en la propia. El total de profesorado Asociado no superará el 20% de la plantilla docente de la Universidad.
8. Si una Universidad establece un perfil lingüístico docente para una plaza, podrá requerir la correspondiente competencia lingüística para el acceso a la misma.
9. La Universidad podrá contratar también laboralmente de forma temporal Personal Investigador en Formación.

1. El Personal de Administración y Servicios estará formado por personal funcionario o contratado laboralmente para la realización de funciones administrativas, de servicios o de auxilio a la docencia y la investigación.
2. El acceso a las plazas de Personal de Administración y Servicios se realizará por concurso o concurso-oposición libre o por concurso de promoción. Las Universidades regularán una carrera profesional asociada a la evaluación de las tareas realizadas.
3. Las Universidades podrán también realizar convenios con otras Administraciones Públicas para facilitar el acceso recíproco de su personal a las correspondientes plazas, sin perjuicio de las especificidades que se deriven de las características de cada plaza.

1. El Consejo de Universidades establecerá estándares mínimos que deberán cumplir todas las Universidades para posibilitar una docencia e investigación de calidad.
2. En cada Comunidad Autónoma deberá realizarse un Plan plurianual de financiación orientado a la consecución y el mantenimiento de los estándares fijados por el Consejo de Universidades, más, en su caso, aquellos objetivos que se establezcan por el correspondiente Consejo Interuniversitario.
3. En cada Universidad deberá constituirse una Comisión de Calidad Docente, con una parte académica, una representación sindical, una representación estudiantil y una representación de la parte no universitaria del Consejo Social. La Comisión evaluará la labor docente de cada miembro del profesorado, dando audiencia al mismo, y recogiendo la opinión de sus estudiantes.
4. En cada Universidad deberá constituirse una Comisión de Calidad de la Investigación, con una parte académica, una representación sindical y una representación de la parte no universitaria del Consejo Social, la cual valorará el trabajo de investigación de acuerdo con un baremo objetivo.
5. La composición, actuaciones y criterios de las Comisiones se harán públicas. Todo miembro del Personal Docente e Investigador podrá ejercer el derecho de recusación contra la Comisión o algún miembro de la misma.
6. Las Universidades Públicas continuarán gozando de las exenciones por tributos locales, autonómicos y municipales, siempre que los bienes afectados lo estén a los efectos de los fines docentes e investigadores.
7. El reconocimiento como Universidad de una institución docente e investigadora privada requerirá de la aprobación de una Ley de la correspondiente Comunidad Autónoma o, en caso de que su actuación se extienda a más de una Comunidad Autónoma, del Congreso de Diputados. A fin de garantizar la calidad académica y la autonomía propias de la actividad universitaria, tal aprobación requerirá el cumplimiento de todos los requisitos y estándares establecidos para el conjunto de las Universidades, y deberá contemplar la existencia de sus órganos de gobierno y participación de acuerdo con la normativa general, con la única excepción de la parte no universitaria del Consejo Social, que será elegida por la entidad o entidades que ostenten la titularidad de la Universidad. En ningún caso una Universidad Privada podrá recibir subvenciones públicas.

1. Las Universidades deberán disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar una investigación de calidad de acuerdo con los estándares establecidos.
2. La Universidad Pública, que tiene en la investigación básica una actividad central, podrá establecer convenios con organizaciones sociales sin ánimo de lucro, con otras entidades públicas, y en su caso con empresas privadas, para desarrollar programas especiales de investigación de interés social, favorecer la aplicación de la investigación básica y estimular el desarrollo extrauniversitario de programas de investigación aplicada, para lo cuál podrán establecerse programas específicos de formación de investigadores.
3. Los poderes públicos velarán por que la prestación de servicios de asesoramiento o investigación por las Universidades no malverse los recursos públicos.