I. SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES

1. El Anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades presentado por el PP está generando un amplio nivel de rechazo que ha sorprendido al propio Ministerio. Ante esta situación, la Ministra ha adoptado -de momento- una actitud que pretende colocar la pelota en el terreno del contrario, solicitando "alternativas y propuestas concretas" (especialmente a la Conferencia de Rectores y al Consejo de Universidades) para entrar a revisar (y tal vez a negociar) el Anteproyecto. En este contexto, desde la izquierda social y política deberíamos responder con dos tipos de iniciativas:

1. Articular, en el seno de IU, el proceso de elaboración de nuestras propias alternativas con vistas a definir más y mejor nuestra posición, y a fomentar el acuerdo sobre puntos concretos con otros sectores de la izquierda social y política. (Estas Jornadas son el inicio de dicho proceso).

 
2. Además de lo ya expresado en la Resolución "IU contra la nueva Ley de Universidades del PP", aprobada por el CPF del 19-05-01, reiteramos nuestro rechazo global al Anteproyecto de LOU porque:

• Vulnera el principio constitucional de autonomía universitaria.
• Impulsa la privatización de la enseñanza superior y de la investigación.
• Supone una involución que atenta gravemente contra logros alcanzados, desde el final del franquismo, tanto en docencia e investigación como en organización y gestión democrática.
• No incluye un plan de financiación que asegure una Universidad pública de calidad que cumpla unos requisitos básicos comunes en todos los territorios del Estado.

1. De manera más concreta rechazamos el articulado del citado Anteproyecto porque:

• Devalúa los órganos colegiados frente a los unipersonales.
• Recorta la representación de estudiantes, PAS y profesorado contratado.
• Coarta la carrera docente para la formación de un profesorado de calidad, fomentando la precariedad del PDI.
• Atenta contra la igualdad de oportunidades en el acceso de los estudiantes a los estudios universitarios.
• Facilita la proliferación de Universidades privadas y las equipara con las públicas en su participación en el órgano de coordinación que sustituiría al actual Consejo de Universidades.
• Impone "representantes" designados por el poder político en el gobierno de las Universidades.

1. Por todo ello:

II. ALTERNATIVAS Y PROPUESTAS

1. Órganos de gobierno, participación y gestión

• Abogamos por un modelo de organización y gestión basado en una autonomía colegiada, frente al modelo jerarquizado que se plantea en el Anteproyecto.

• Entendemos esa autonomía como un ejercicio de democracia participativa organizada, en la que se comparte la fijación de objetivos, se rinden cuentas ante la sociedad y se evalúan resultados.

• Proponemos una limitación del tamaño del Claustro, en aras de una mayor agilidad y eficacia en el desarrollo de sus competencias, como máximo órgano de representación de la comunidad universitaria. Respecto a su composición, rechazamos la reducción de la representación estudiantil y del PAS que plantea el Anteproyecto del PP.

• El Rector será elegido por el Claustro, y no por sufragio directo ponderado como plantea el Anteproyecto.

• Entendemos la Junta de Gobierno como una permanente emanada del Claustro.

• La Junta asesora debería ser un órgano consultivo integrado por Decanos y Jefes de Departamento.

• El Consejo Social debe ser un órgano de participación, no de gobierno, del que forman parte representantes de sectores sociales que a su vez representan intereses más generales de la sociedad y que aportan puntos de vista externos a la propia Universidad. Entre tales sectores sociales estarán las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

2. Personal y acceso

2.1. Personal

• Una Ley Orgánica universitaria no debe incluir el sistema de contratación y regulación del personal (PDI o PAS), sino sólo aspectos más genéricos, cuyo desarrollo debe trasladarse a un Estatuto negociado con los Sindicatos. La Ley sólo debe recoger las categorías de profesorado y definir la carrera profesional asociada a la evaluación.

• Todos los contratos del personal no funcionario deberán ser laborales, no administrativos o "por obra y servicio", como pretende el Anteproyecto, que incrementarían notablemente la precariedad laboral.

• La habilitación no debe estar ligada a un número predeterminado de plazas, sino a cumplir unos requisitos específicos. El llamado sistema de "habilitación nacional" que se plantea no es tal, sino una vuelta a la antigua oposición centralizada, que no ayuda a combatir la supuesta endogamia, sino que viene a sustituirla por "escuelas dominantes".

2.2. Acceso a los estudios universitarios

• El único requisito para acceder a la Universidad debe ser haber aprobado el bachillerato o, para determinados estudios, los ciclos formativos de grado superior. Rechazamos, por tanto, cualquier prueba generalizada y obligatoria de supuesta homologación de los estudios anteriores a la Universidad ("reválida") o de acceso a la misma (selectividad). La discrecionalidad que plantea el Anteproyecto, al proponer pruebas de acceso por Universidad, supone una agesión a la igualdad de oportunidades del alumnado, además de resultar de complicada organización en el marco de un distrito único.

• Entre las alternativas a los problemas derivados de un desajuste entre la oferta y demanda en determinados estudios universitarios, se propone:

• incrementar la oferta de plazas de FP superior, de acuerdo con la demanda del alumnado y del mercado de trabajo,
• crear plazas universitarias en los sectores con más demanda profesional,
• favorecer la movilidad estudiantil, mediante becas de desplazamiento, para rentabilizar al máximo la oferta de plazas públicas,
• potenciar los programas de orientación en Bachillerato y primer curso de Universidad para conjugar intereses y capacidades con la situación objetiva de los estudios y sus salidas profesionales.

3. Financiación

El horizonte de una alternativa progresista sería garantizar la gratuidad de matrícula a todo el mundo, otorgar ayudas sobre todo a los niveles inferiores de renta, y financiar la Universidad con dinero público, recaudado a partir de un sistema de impuestos progresivos y sin fraude fiscal. En la situación actual, con un sistema fiscal cada vez más regresivo, la gratuidad de la matrícula no cumpliría ese papel; por ello planteamos un sistema de ayudas a los estudiantes basado en:

• Beca-salario, destinada a las personas que no alcancen un determinado nivel de renta, para cubrir el coste indirecto de los estudios y el coste de oportunidad de no trabajar. Deberían estar limitadas al número de años en que se realizan unos estudios a tiempo completo.
• Beca que garantice o tienda hacia la gratuidad real, cubriendo una parte o todos los costes indirectos. Se destinaría a niveles de renta por encima del umbral que otorga derecho a la beca-salario. Su valor aumentaría en relación inversa a la renta.

• Asegurar legislativamente una financiación suficiente, en el marco de una LEY DE FINANCIACIÓN del sistema educativo en su conjunto, que permita duplicar el gasto público (que pasaría en 4 años del 0,86% al 1,75%) con tendencia a reducir el gasto privado (tasas), elevando el porcentaje dedicado a becas del 0,06 al 0,4% del PIB.

4. Investigación

IU pretende colocar a la actividad científica y técnica en el centro del debate social con el fin de convertirlas en elementos de cohesión social y territorial. Acorde con su modelo de Estado Federal, las actuaciones en materia de I+D deberán estar regidas por criterios de coordinación en el diseño estratégico y en la planificación, y de descentralización en la gestión y ejecución de las políticas acordadas. Un modelo que incluye la propuesta de IU sobre política de I+D en la Universidad y que se concreta en:

• Apoyar y promover la actividad investigadora en la totalidad del profesorado a tiempo completo.
• La Universidad debe seguir siendo el baluarte esencial de la investigación básica. Sin investigación básica no hay ni ciencia, ni tecnología, ni innovación.
• Coordinación de la actividad investigadora con el resto del sistema publico de I+D (en particular OPIs y el CSIC), y también con el privado, intentando transferir los resultados de la investigación al entorno social y económico. En particular, la Universidad debería atender las demandas que plantea la sociedad, expresadas a través de sus organizaciones (sindicatos, consumidores, vecinos, ecologistas, etc). Para ello es prioritario articular los canales de expresión de la demanda de la sociedad civil para que pueda acceder en igualdad de condiciones que el tejido empresarial.
• En el caso de la investigación contratada con el sector empresarial, esta debe hacerse a precios reales y en todo caso debe promover la investigación propia en el entorno privado. Una forma adecuada de cumplir este objetivo es promover la contratación de doctores por las empresas, y coordinar los ciclos formativos para demandas precisas de sectores económicos concretos.
• Fomentar el crecimiento sostenido de las plantillas de personal docente e investigador, para acercarnos a la media de los países de nuestro entorno.
• Sustituir las becas predoctorales por contratos laborales de cuatro años, reconociendo el carácter esencial del trabajo de este personal. Sustituir las becas postdoctorales por contratos laborales indefinidos en tanto se convoquen las plazas permanentes. En todos los casos se elaborará un sistema de evaluación transparente que asegure la igualdad de oportunidades y la cualificación de los aspirantes.