Tras meses de concienzuda preparación del clima oportuno, mediante filtraciones o declaraciones ambiguas sobre los proyectos gubernamentales para poner remedio a los "graves problemas de la educación" (de los que el gobierno del PP no se considera en absoluto responsable tras 6 años de gobierno), el MECD ha presentado al fin (11-03-02) su propuesta de futura Ley de Calidad. No se propone como un texto abierto realmente al debate y a la negociación con los diferentes sectores de la comunidad educativa, con las fuerzas políticas y, en general, con las organizaciones sociales que deseen participar en el mismo; sino como un "Documento de bases" que, en lo fundamental, se da por cerrado. En todo caso, según las propias manifestaciones de la Secretaria General de Educación, Isabel Couso, en la preceptiva presentación del texto ante el Consejo Escolar del Estado (12-03-02), "se recogerán sugerencias, siempre que no alteren los ejes que vertebran la propuesta".

A la vista del proceso seguido con motivo de la LOU, y un año antes con los Decretos de Enseñanzas Mínimas, mucho nos tememos que una vez más el gobierno del PP haga oídos sordos a todo lo que no proceda de "sus filas" y se limite a aplicar su tan querido, como en otros tiempos denostado, rodillo parlamentario.

Desde IU hemos reiterado hasta la saciedad la necesidad de organizar un auténtico debate público, amplio y participativo, sobre el conjunto de las reformas educativas, dada la trascendencia social de estas cuestiones y el indudable interés que suscitan, dentro y fuera de la comunidad educativa. Queremos contribuir al mismo ante todo con nuestras aportaciones, que hemos recogido y hecho públicas, como propuestas para el debate, en nuestro documento Por una educación de calidad para la igualdad (7-03-02); pero también, como es lógico, con nuestro análisis crítico del "Documento de bases" presentado por el MECD, que a continuación pasamos a valorar.

1. Consideraciones generales

 
1. El "Texto de Bases" del MECD reinstaura un modelo educativo que identifica "calidad" con clasificación, selección y segregación del alumnado. Frente a ello, IU entiende que avanzar en la calidad supone apostar por una educación pública cuyo principal objetivo consista en asegurar, a todos y cada uno de los alumnos y alumnas, el logro de las capacidades necesarias para participar autónoma y críticamente en el marco de una sociedad democrática. Se trata pues de una concepción de la calidad asociada ineludiblemente al principio de igualdad de oportunidades en el acceso, en el proceso y en los resultados; porque una educación de calidad o sirve para que el conjunto de la población escolar logre las capacidades básicas requeridas o no es de calidad.

 
2. En el texto no aparece el más mínimo compromiso de financiación, ni siquiera para poder aplicar las actuaciones que establece con carácter obligatorio (hasta cinco itinerarios, ampliación de cursos u horas de ciertas áreas, programas específicos para inmigrantes u otros colectivos, etc). Peor aún, la única referencia a recursos financieros aparece en el único punto dedicado a los Centros sostenidos con fondos públicos (p.84); es decir, sólo para los conciertos con la enseñanza privada se comprometen a "incluir las cantidades necesarias para atender los gastos derivados...". Todo un alarde de lo que viene haciendo el PP desde que gobierna: más fondos para la privada en detrimento de la enseñanza pública. Desde IU exigimos un plan de financiación de la educación pública como requisito ineludible para potenciar su calidad. Dicha financiación deberá incorporar un Fondo específico para compensar las desigualdades interterritoriales existentes en el Estado español, así como para asegurar unas condiciones de calidad equiparables en todos los territorios y en todos los centros públicos.

 
3. En general, nos parece que el texto pretende cumplir dos objetivos: a) dar cobertura legal a políticas que se vienen practicando y que son de dudosa legalidad: derivación de fondos públicos a la enseñanza privada (especialmente religiosa) para etapas no obligatorias (Educación Infantil), o sin exigir los requisitos de la normativa vigente; facilitar la selección del alumnado por parte de los centros concertados... Y b) clasificar, segregar y excluir del sistema cuanto antes a diversas categorías de "alumnos molestos": dos itinerarios en 3º de ESO, tres en 4º y otros dos que ni siquiera merecen ese nombre están previstos para ello. Ya podemos suponer que ninguno de estos últimos (uno de ellos sólo para determinados inmigrantes) se impartirá en centros privados pagados con dinero público.

 
4. El Documento presentado es una técnicamente chapucero: ni es un "Libro Blanco", para lo que debería contener un análisis pormenorizado del estado actual de la educación y plantear un procedimiento de participación social para su discusión, ni es un avance coherente de propuestas legislativas, pues no se precisa qué articulación legal va a proponer el Gobierno para llevar adelante su proyecto. ¿Se mantiene la vigencia de la LODE, LOGSE y LOPEG, salvo en lo que explícitamente derogue la "Ley de Calidad"? ¿Será una Ley Marco de todas las denominadas "enseñanzas escolares" y contendrá en consecuencia todos los aspectos referentes a organización, estructura, escolarización, ordenación, cuerpos docentes, participación, formación etc...?

 
5. Junto a la total falta de rigor en cuanto al diagnóstico preciso de los problemas o dificultades por los que atraviesa la educación en sus diferentes etapas, se utiliza un discurso gratuito y prepotente a la hora de plantear las supuestas soluciones. Se hacen afirmaciones en tono altisonante sin ningún dato o estudio científico que las sustente (p.7: "la opinión de los expertos y de la inmensa mayoría del profesorado es prácticamente unánime...); faltan asimismo datos concretos que avalen la descripción catastrofista que se hace de la realidad educativa (p.6: "...falta de competencias del Director para establecer las condiciones mínimas para el funcionamiento adecuado de un centro); y no se presentan ni se referencian investigaciones que permitan justificar las medidas propuestas como garantes de ninguna mejora.

 
6. El lenguaje utilizado es especialmente inadmisible cuando se refiere al alumnado inmigrante y sus familias, a quienes expresamente se recuerda (como si a priori fuesen sospechosos) que "deberán acatar las normas establecidas" y que recibirán información, por este orden, "sobre las exigencias y las oportunidades que ofrece el sistema educativo..." Oportunidades que, en alguna de sus concreciones, es exluyente y vejatoria (programas especiales que sólo conducen a la formación de mano de obra barata).

 
7. Hay un total y sintomático olvido de lo que se está haciendo en las diferentes CC.AA., y brilla por su ausencia toda referencia a la aplicación de la LOGSE, especialmente en lo relativo a qué se ha puesto en marcha., cómo ha funcionado y, en su caso, qué debe modificarse de sus Títulos IV y V, que, junto a una serie de Disposiciones Adicionales de notable calado, abordan explícitamente temas relativos a compensación de desigualdades y calidad educativa. Si, como se pregona, se pretende "una reforma que incremente la calidad de nuestro sistema educativo" (p.6), no sólo falta el análisis pormenorizado de los problemas, sino una descripción, cuando menos somera, de lo que sí está funcionando y se debe potenciar mediante disposiciones legales junto a los recursos necesarios.

 
8. El Documento (especialmente en su Preámbulo) continúa en la línea de las verdades a medias o mentiras descaradas que se han venido difundiendo a través de los medios de comunicación, y que no han merecido la oportuna rectificación o aclaración por portavoces ministeriales. Lo mínimo que cabe pedir a unos responsables gubernamentales es que no mientan ni contribuyan a la intoxicación de la opinión pública con falsedades o medias verdades, como las vertidas a lo largo de las páginas 7, 8 y 9, donde –entre otras cosas más insinuadas- se afirma, sin otro matiz o precisión, que el actual sistema educativo "permite el paso de un curso a otro sin haber alcanzado los conocimientos y las destrezas intelectuales necesarias"; se da por supuesta la existencia de "la promoción automática" con carácter general; o bien se sostiene con toda rotundidad y sin referencia concreta alguna que la evidencia internacional es abrumadora a favor de los llamados "sistemas de oportunidades" (frente a los sistemas comprensivos).

 
2. Valoración de las propuestas concretas

 
1. Sobre la calidad de la educación.

Aunque no pretende ser exhaustiva, nos parece sesgada e insuficiente la lista de "Principios de Calidad", destacando la ausencia de referencias a la formación en valores, la compensación de desigualdades, los recursos, instalaciones y ratios, los proyectos surgidos de la autonomía de los centros, la formación inicial y continua del profesorado, el gasto público educativo, etc, elementos todos ellos esenciales para la calidad del sistema.
 
2. Educación Infantil


2.2.1. El primer ciclo de Educación Infantil (E.I.) deja de tener un carácter estrictamente educativo (uno de los grandes aciertos de la LOGSE) para añadirle un más que peligroso carácter "asistencial", o sea, de aparcamiento de criaturas; reforzado a su vez con la posibilidad de que "otros profesionales" (distintos de los maestros especialistas) puedan atender a los niños y niñas de estas edades. Esto supone un claro retroceso, que pone de relieve la escasa o nula preocupación del actual equipo ministerial por la calidad educativa bien entendida. La necesidad de organizar este ciclo de modo que satisfaga las necesidades y demandas sociales no justifica en absoluto el llamado "carácter asistencial" que se le pretende atribuir. La organización de todas las etapas educativas puede y debe tener en cuenta las necesidades sociales y familiares. ¿Es que las familias dejan de tener necesidad de "conciliar la vida familiar y laboral" cuando sus hijos e hijas cumplen 3 años?

2.2.2. Respecto al segundo ciclo de E.I. se plantea la "plena escolarización en condiciones de gratuidad", sin aclarar en qué tipo de centros. Sabemos de sobra lo que se pretende: dar la cobertura legal inexistente a los conciertos educativos en este tramo, en lugar de completar con plazas suficientes la red de centros públicos. IU luchará con todas sus fuerzas contra esta fuente complementaria de recursos que se pretende derivar a la enseñanza privada, no sólo por los recursos económicos que se hurtan a la educación pública, sino porque supone una afrenta contra la misma al privarla –en grandísima medida- de su alumnado inicial, aun contando con los centros y profesionales adecuados para atenderlo.

Por último nos parece un error prescribir en la segundo ciclo el "aprendizaje de técnicas de lectura y escritura", sin respetar la dinámica diferente de maduración a esas edades tempranas y sin tener en cuenta el carácter voluntario de esa etapa educativa.
 

3. Educación Primaria (E.P.)


La E.P. es prácticamente ignorada como etapa en la que emergen las dificultades de aprendizaje de una parte importante del alumnado. Consideramos que las actuaciones al respecto en esta etapa son básicas para prevenir dificultades mayores en momentos posteriores y, en consecuencia, para disminuir el "fracaso escolar".

Se despachan los seis primeros años de escolaridad obligatoria con unos desdobles de áreas injustificados: ¿ "Formación Histórica y Geográfica" separada de "Ciencia y Sociedad" ?; con unas eliminaciones que claman al cielo, como Plástica, Música y Tecnología; sin mencionar una palabra sobre refuerzos compensadores, sobre evaluación y promoción, (¿se introduce –ahora sí- la "promoción automática" en toda la Primaria? ); y sin aludir siquiera a medidas de atención a la diversidad del alumnado, que se manifiesta ya desde el comienzo de la etapa.

Es indispensable articular en la Educación Primaria medidas de diagnóstico y apoyo sistemático a los y las alumnas que tengan dificultades (mediante refuerzos, desdobles, disminución de ratios, estudio asistido, cooperación estrecha con las familias etc.) El objetivo es asegurar que todo el alumnado inicie la ESO tras haber alcanzado las necesarias competencias en lecto-escritura, cálculo y técnicas de trabajo adecuadas.
 

4. Educación Secundaria

1. No compartimos la creación de "grupos de refuerzo", a partir de los 12 años, para alumnos con dificultades, que podrían convertirse de facto en preitinerarios o guetos reproductores de diferencias sociales de origen. Apostamos por actuaciones diversas (grupos flexibles, refuerzos, apoyos ...) de respondan a las necesidades concretas que presenten determinados alumnos en áreas concretas y en cuanto se detecten, complementadas, si es preciso, con medidas de ayuda al estudio fuera del horario escolar. No todos los alumnos "con dificultades" pueden/deben ser atendidos con la misma receta.

 
2. Rechazamos la rigidez de los itinerarios que se establecen, dos en 3º y tres en 4º, que obligan a una toma de decisiones a los 14 años y que, además de inoportuna, fomenta la segregación y la discriminación de origen social. El espacio actual reservado a la optatividad, en 3º y sobre todo en 4º de la ESO, es por su dimensión horaria y por su mayor flexibilidad, más rico y mucho más ajustado a las características del alumnado de estas edades, sin los efectos perniciosos de las vías separadas y con fines predeterminados. Hay además propuestas pintorescas: ¿Biología y Geología como asignatura común de todos los itinerarios y Ciencias de la Naturaleza como específica?

 
3. Nos oponemos frontalmente a los "otros" itinerarios, que ni siquiera tienen categoría de tales. Se plantean dos: uno, de Iniciación Profesional, para "para alumnos con más de quince años que no deseen (¡!) incorporarse a ninguno de los ofrecidos"; y otro, que denominan pomposamente "Programas de Aprendizaje Profesional", especialmente ideado para alumnos extranjeros que presenten graves dificultades de adaptación a este nivel (ESO). No se especifica desde qué edad se puede derivar a esos programas al alumnado inmigrante; lo que sí se concreta es su finalidad: "dichos programas conducirán a una Certificación con validez en el ámbito laboral". O sea, para los pobres entre los pobres, se prevé una vía todavía más segregadora y de preparación de mano de obra barata.

4. Evaluación y promoción de curso en ESO

 
1. Se plantea curso a curso, eliminando así el único caso de "promoción automática" existente en la actual Secundaria, que no es tal dado el carácter de ciclo de los cursos 1º y 2º de ESO, lo que no nos parece un desatino. No obstante, la propuesta encierra múltiples incógnitas y contradicciones. Cada curso sólo puede repetirse una vez, pero a su vez sólo podrán estar escolarizados hasta los dieciocho años; por lo tanto un alumno sólo puede repetir dos veces, en cursos diferentes, a lo largo de toda la ESO. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un alumno repite 1º de ESO y sigue sin pasar a 2º por suspender tres o más asignaturas? Se trataría de un alumno con 14 años que no ha cursado 2º, por lo que no puede optar por ningún itinerario de 3º; a su vez, como no tiene 15 años, tampoco puede ir al programa de iniciación profesional. ¿A dónde se le enviaría?, ¿al programa de los inmigrantes? ¿o si es de los "nuestros" se le aplicaría la denostada "promoción automática"? La casuística que el texto ministerial deja sin resolver es amplísima, y desde luego no ayuda nada en absoluto a mejorar la calidad de la respuesta educativa ni a paliar el fracaso escolar; todo lo contrario.

 
2. La evaluación, que ya la Ley de 1970 apostaba por que fuera integradora, se prescribe ahora como "diferenciada según las asignaturas del currículo". Además se hurta a los centros, en uso de su autonomía pedagógica, la competencia de establecer criterios de promoción y titulación, que tengan en cuenta las circunstancias y globalidad de la trayectoria académica del alumnado y no sólo el número de suspensos. Se establece el "rasero universal", sin valorar consecución de objetivos y capacidades generales de la etapa. Ese rasero adquiere tintes dramáticos en 4º al establecer la necesidad de superar todas las asignaturas de la ESO para obtener el Título de Graduado. ¿Qué ocurrirá con quien supere todas las "asignaturas" (ya no áreas ni materias), excepto una o dos? ¿Repite todo 4º o sólo las "pendientes"? ¿Y si ya ha repetido ese curso? ¿Y si la asignatura suspensa es de 3º?

 
3. Se eliminan de un plumazo los programas de "diversificación curricular", que se han valorado, en sus escasos años de aplicación, como experiencias muy positivas. Han permitido que alumnas y alumnos, con especiales dificultades en una etapa de su proceso educativo, hayan recibido una atención ajustada a sus características y necesidades, y hayan logrado muchos de ellos terminar con éxito la ESO, y continuar su formación en Bachillerato o en ciclos de FP. Evidentemente estas actuaciones son más caras, pero apuestan claramente por una escuela beligerante con las desigualdades. Profundizar en estas vías es la reforma para una educación de calidad que cabe plantear desde la izquierda.

 
4. Es muy probable que, entre tantas vías e itinerarios de la propuesta del MECD, la tasa de fracaso no sólo no disminuya, sino que se incremente notablemente, si se entiende por índice de fracaso el porcentaje de la cohorte que no alcanza el Título de Graduado. Otra cosa es que lo enmascaren no contabilizando como tal fracaso a los que consigan "otra titulación" por haber optado por una vía más ajustada a sus intereses o capacidades...
5. Bachillerato


2.6.1. El Bachillerato incluye dos novedades de diferente calado. En primer lugar, la desaparición de la modalidad de Tecnología, lo que nos parece injustificado e injustificable, más aún cuando se ha creado en 4º de ESO un Itinerario Tecnológico y la experiencia de su funcionamiento parece positiva. Otro problema es que la oferta mayoritaria de ese Bachillerato estaba en la red pública y eso no sea interesante...

2.6.2. La otra novedad es la reválida (PGB), el conejo guardado en la chistera, cuando el MECD hacía demagogia sobre la supresión de la Selectividad. Estábamos en desacuerdo con aquella prueba y lo estamos con ésta. Las reválidas se suprimieron con la LGE de 1970, para lo cual se ofrecieron interesantes argumentos en el correspondiente "Libro Blanco", y no sabemos de estudio o informe alguno que haya mostrado el deterioro de la calidad del sistema educativo por dicha supresión; más bien todo lo contrario: el nivel medio de educación de la población mejoró en general. Para valorar la salud del sistema, háganse estudios periódicos muestrales en distintos momentos del desarrollo educativo. Para prevenir conductas poco rigurosas al evaluar, actívense mecanismos de Inspección que actúen sobre personas o centros que evalúen sin rigor, pero no se haga cargar con la culpa al alumnado.

2.6.3. Nos parece intolerable que a la PGB se sume la prueba o pruebas que cada Universidad decida establecer, como consecuencia de la entrada en vigor de la LOU. Y pensamos además que atenta contra la autonomía universitaria imponer un valor ponderado del 40% a la prueba de acceso que, en su caso, se establezca. ¿En qué consiste el 40% de la nota total de acceso aplicada, por ejemplo, a una entrevista? ¿Qué garantías de objetividad tendría semejante modo de evaluar y calificar?
 
 

6. Formación Profesional de Grado Superior


Se adelanta a los 18 años la edad necesaria para acceder a la FP superior desde los ciclos de grado medio, sea a través de una prueba o mediante un "curso puente". No creemos que esto suponga una mejora de la calidad de la enseñanza de la FP superior, más bien se tiende a degradarla sustituyendo en buena medida el requisito de haber superado previamente el Bachillerato. Esto, unido al itinerario de Orientación Técnico-profesional desde los 14 años, restaura la antigua doble vía de la Ley del 70, que fue eliminada en la LOGSE para, entre otras cosas, dignificar la FP. Para acabar de rematar la faena se cambian de nuevo las denominaciones de los Institutos, que vuelven a dividirse en Institutos de Educación Secundaria e Instituto de Formación Profesional.
 
 

7. Enseñanza de personas adultas


Se adelanta a los 16 años la edad para poder cursarla, cuando se puede permanecer hasta los 18 en la ESO en régimen ordinario. No nos parece adecuado, pues si lo que se pretende es compatibilizar trabajo y culminación de la educación obligatoria caben otras fórmulas. ¿O es que se pretende en realidad fomentar la salida de los "malos estudiantes" de las aulas ordinarias?
 
 

8. Alumnos extranjeros


Nos parece inadmisible la creación de itinerarios-basura especialmente diseñados para inmigrantes "que presenten graves dificultades de adaptación a este nivel". Ya lo hemos destacado al mostrar nuestra discrepancia con los itinerarios en general y con estos en particular. Por otra parte también hemos manifestado en las consideraciones generales el tono inadecuado del lenguaje utilizado, más preocupado por advertir y amonestar que por mostrar interés alguno por ofrecer las ayudas pertinentes a uno de los colectivos más necesitado de las mismas.
 
 

9. Organización y dirección de los centros docentes públicos


Se distinguen órganos de gobierno, "que serán únicamente los unipersonales", y órganos colegiados de participación y control (Claustro y Consejo Escolar). Discrepamos rotundamente de esta manera jerárquica de entender la participación en la gestión, que llega al ridículo de no considerar órgano de gobierno ni siquiera al equipo directivo. Éste estaría integrado por tres órganos de gobierno unipersonales. Huelgan más comentarios.

La tantas veces aireada autonomía de los centros de hecho se recorta, como se ha visto en el apartado de evaluación y promoción; y cuando se concreta, resulta que se traduce en posibles proyectos educativos "que en el futuro puedan reglamentariamente establecerse". O sea, se concede autonomía para acogerse a programas previamente reglamentados. ¡Qué sarcasmo!

Para más inri se incluye en el apartado de Autonomía de los centros la posibilidad de que las Administraciones educativas, "en función de sus posiblidades presupuestarias", contraten determinado personal con funciones no docentes. ¿Qué papel se atribuye a los centros en tales contrataciones? ¿Tienen al menos el derecho de propuesta?

En cuanto a la admisión del alumnado, se abre la vía explícita para que los centros puedan seleccionar a su alumnado en función del expediente académico, o bien mediante "criterios adicionales", para centros "que dispongan de alguna especialización curricular". Una vuelta de tuerca más para que los centros privados concertados elijan a sus alumnos, puesto que los centros públicos tienen la obligación de escolarizar a todos. Se promueve y refuerza una doble red o triple red de centros pagados con dinero público: la privada concertada con su alumnado bien seleccionado en general; otros centros "especializados" (¿?), en su mayoría probablemente privados, con alumnado también "especial"; y la pública pura y dura con todos los demás. Una vez más brilla con todo su esplendor el modelo de calidad educativa del PP: clasificar, seleccionar, segregar.

Por lo que respecta a la función directiva, el PP liquida uno de los pilares de la participación democrática: la elección de los directores y directoras por el Consejo Escolar. Rechazamos de plano este retroceso, así como cualquier intento de recortar las competencias de dicho Consejo en materia de disciplina y regulación de la convivencia interna de los centros.
 
 

10. Función docente y carrera profesional


No se introduce ninguna medida de calidad, ya que se plasma lo que ya existe, tanto en funciones docentes como en formación inicial y permanente, por no hablar de las obviedades incluidas en el punto sobre Reconocimiento de la labor docente. La excepción que confirma la regla es la mención de una posible "evaluación periódica del profesorado", que las Administraciones educativas fomentarán y que podría tener efectos económicos.

Tanto poner el acento en la importancia del profesorado como "factor de calidad" y el texto se limita a reproducir sus funciones sin abrir siquiera la posibilidad de negociar un futuro Estatuto de la Función docente, que permita abordar el conjunto de problemas y situaciones que vienen reclamando soluciones en una regulación-marco negociada con los sindicatos representativos del profesorado.
 
 

11. Centros sostenidos con fondos públicos

Desde IU apostamos por una educación pública y laica como única garantía de que el derecho fundamental a la educación se pueda ejercer por todos y todas en condiciones de igualdad, pluralidad, respeto a la diferencia y participación democrática. Y creemos que ha llegado el momento de replantear la existencia de una doble red de centros sostenidos con fondos públicos, lo que supone afrontar sin más demora la revisión de la vigente política de conciertos educativos y, de forma inmediata: