Desde hace más de una década IU ha unido su voz a la de sindicatos y otros sectores de la comunidad universitaria para reclamar la necesidad de acometer un debate público, amplio y participativo, sobre la reforma de la LRU, una vez reconocidas sus insuficiencias para dar respuesta a las nuevas demandas sociales, y una vez detectados importantes fallos y perversiones en la puesta en práctica de dicha ley.

Prueba de la preocupación de IU por la situación que atraviesa la Universidad pública han sido las diferentes iniciativas planteadas por su grupo parlamentario en las legislaturas pasadas, así como la presentada al inicio de ésta, con fecha 6 de junio de 2000, en la que se solicitó la creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, sobre la reforma universitaria. Para IU era, en efecto, imprescindible y urgente implicar al Parlamento en el intenso debate que mantenía en esas fechas la comunidad universitaria, a partir del Informe Universidad 2000, que se hizo público en marzo de ese año y generó múltiples reacciones, junto a una amplia polémica en el ámbito universitario.

Frente a esto, el gobierno del PP ha evitado toda posibilidad de abrir y potenciar el debate requerido, antes de la tramitación parlamentaria de su proyecto de ley de universidades, optando por seguir un proceso ajeno por completo a la más mínima voluntad de acuerdo y de participación democrática de los distintos sectores sociales (del ámbito universitario y extrauniversitario) que tienen mucho que decir sobre el sentido de la reforma de la Universidad.

En efecto, la Sra. Ministra eligió el mes de mayo (época claramente inadecuada para propiciar el debate en el ámbito universitario) para hacer público el borrador de Anteproyecto de Ley de Universidades, y dio un plazo ridículo a la Conferencia de Rectores y al Consejo de Universidades para que hiciesen su valoración y aportasen propuestas. A finales de junio, a la vista del considerable rechazo generado, la Ministra informó al Consejo de Universidades de los cambios que pensaba introducir en el Anteproyecto, sin dar pie a que ni siquiera dicho órgano los pudiera analizar. En pleno verano el Consejo de Ministros aprobó el correspondiente Proyecto de Ley Orgánica de Universidades, y lo remitió al Parlamento, donde se ha establecido un plazo igualmente ridículo para la presentación de enmiendas, plazo que finaliza el 24 de septiembre, es decir, antes de que comience el nuevo curso académico y se reanude plenamente la actividad universitaria.

Ante semejante proceso, que ha impedido el diálogo y la necesaria búsqueda del máximo acuerdo sobre una reforma de tantas repercusiones sociales, IU reitera su exigencia de que se abra un debate público, previo a la tramitación parlamentaria de cualquier proyecto de ley universitaria, con la participación de la comunidad universitaria (estudiantes, profesorado y personal no docente), de las fuerzas políticas y de los agentes sociales, para abordar serenamente la necesaria reforma de la LRU, con vistas a solucionar los problemas detectados en la Universidad pública, empezando por el mayor de ellos, la insuficiente financiación pública y, por extensión, la ausencia de un modelo de financiación de las universidades, carencias que contribuyen a su vez a la pérdida de autonomía, al tener que buscar fondos y pasar a depender, al menos en parte, de entidades privadas.

IU coincide plenamente con múltiples y autorizadas voces de los máximos representantes de distintas Universidades españolas que vienen manifestando su enorme preocupación ante el Proyecto de Ley presentado por el gobierno, que lejos de dar respuesta a las necesidades actuales de la Universidad pública, va a contribuir al deterioro de la misma por las siguientes razones:

• No cuenta con un plan de financiación, lo que supone dejar al margen del debate sobre la nueva Ley un asunto central, dado el unánime acuerdo existente sobre la insuficiente financiación de la Universidad pública para atender los cometidos que tiene encomendados; máxime cuando España está muy por debajo de la media europea en gasto público para la enseñanza superior e investigación, así como en becas y ayudas a los estudiantes. En este sentido, hay que denunciar que la Ley (tan reglamentista en otras cosas) no establece procedimiento alguno para asegurar que ningún estudiante quede excluido del sistema universitario por razones económicas a través de las becas, tanto para estudios oficiales, como para los títulos propios y Tercer Ciclo.

• Supone un retroceso histórico en la autonomía universitaria consagrada en el artículo 27 de la Constitución, ya que se restringen las competencias de las Universidades en la selección de su profesorado, se imponen "representantes" del poder político en los órganos de gobierno de la Universidad, y se establecen unos Consejos Sociales convertidos en consejos de gobierno paralelos y/o alternativos, integrados por "personalidades" (¿?) designadas (¡no elegidas!) "que no podrán ser miembros de la comunidad universitaria" (Artículo 14.3). A su vez recorta las competencias de las Comunidades Autónomas al establecer un único sistema nacional de habilitación del personal docente e investigador, así como al atribuir al Gobierno central la exclusividad para decidir sobre los requisitos mínimos para la creación y reconocimiento de Universidades, o sobre las normas que regularán la colaboración con entidades extrauniversitarias.

• Entraña también un serio recorte de la democracia interna en los órganos de gobierno de las universidades, al acentuar por un lado el poder de los Rectores y demás órganos unipersonales en detrimento de los Claustros y otros órganos colegiados; y al reducir, cuando no eliminar, la presencia de profesorado contratado, de profesorado no doctor, de estudiantes y de PAS en los órganos colegiados. Se reinstaura así el viejo elitismo y la jerarquización estamental de otras épocas. Asimismo, la elección directa del Rector, por sufragio directo ponderado, lejos de suponer un avance democrático, es un auténtico retroceso, que incrementa el presidencialismo y recorta las competencias de los Claustros.

• No resuelve la precaria situación de los actuales PNNs (doctores y no doctores). Por otra parte, lo que se presenta como una supuesta carrera docente es una auténtica carrera de obstáculos, que en absoluto animará a los jóvenes licenciados o doctores a seguirla, sino más bien a huir cuanto antes de semejante calvario.

• Introduce la arbitrariedad en el sistema de acceso de los estudiantes a las Universidades públicas, multiplicando las pruebas para optar a las diferentes carreras y fomentando la discrecionalidad en los criterios para acceder a cada Universidad, lo que atenta contra la igualdad de oportunidades de los estudiantes de los diferentes distritos universitarios y genera diferencias inadmisibles entre las Universidades.

• Se impulsa el proceso de privatización de la enseñanza y de la investigación universitarias, al facilitar la creación y puesta en marcha de Universidades privadas, que no tienen que cumplir unos requisitos análogos a los de las Universidades públicas, ni en la proporción de profesorado acreditado, ni en el carácter democrático de su organización y funcionamiento. A su vez hay que destacar y denunciar el especial trato de favor que se otorga a la Iglesia católica, impropio de un un Estado aconfesional.